Condenas por intento de magnicidio ratifican politización de la justicia, dicen abogados  

POLÍTICA · 4 AGOSTO, 2022 20:05

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Deisy Martínez


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Violaciones al debido proceso (capturas y allanamientos sin orden judicial, violación del derecho a la defensa y falta de pruebas), incomunicaciones, torturas y politización de la justicia en Venezuela, marcaron los juicios de los señalados por el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018.

Abogados defensores como Theresly Malavé y Joel García y el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, señalan que desde la condena de ocho años de prisión contra el exdiputado nacional, Juan Requesens por este caso, hasta las «brutales y duras» sentencias de 30 y 20 años de cárcel contra otros imputados —17 en total— ratifican que la administración de justicia en Venezuela está al servicio de los intereses del poder político en Miraflores.

Condenados a priori

«Las sentencias no extrañan porque ya estaban condenados desde mucho antes. Una vez que el presidente de la República dice en alocución pública que alguien es culpable, difícilmente algún juez dicte una sentencia que lo contradiga», dijo Daniels a Efecto Cocuyo.

Para el abogado, el hecho de que no se hayan hecho públicas las sentencias por el atentado contra Maduro y otros altos funcionarios indica que los argumentos para las condenas no tienen base y forman parte del «secretismo» con el que actúa el sistema judicial en Venezuela.

«Cuando le impones la pena máxima prevista en la legislación venezolana a una persona es porque los hechos y la responsabilidad, basados en las pruebas, son indiscutibles. Ahora no es lo mismo un intento que un hecho consumado, por lo que no hay proporción en las penas impuestas y no responden a la racionalidad», sostuvo.

Daniels indica que en el caso específico de Requesens, este fue apresado sin orden judicial tres días después de los hechos en la avenida Bolívar de Caracas y se le irrespetó la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 200 de la Constitución. La Carta Magna establece que un diputado solo puede ser detenido en flagrancia y trasladado a su vivienda.

El dirigente fue víctima de desaparición forzada y luego apareció recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el Helicoide, con signos de tortura. Además ofreció una supuesta confesión bajo evidentes efectos de alguna sustancia y su ropa estaba manchada con heces.

«En el juicio no pudieron demostrar nada, pero la jueza consideró que había delito. Hubo condenas duras de 30 años. Todo es injusto. La apelación es el siguiente paso», expresó el abogado defensor de Requesens, Joel García, tras conocerse las sentencias.

Deterioro y politización

El Tribunal Especial Primero de Juicio con competencia en Terrorismo, a cargo de la jueza Hennit López Mesa, condenó a 30 años de prisión por los hechos del 4 de agosto de 2018 a Juan Carlos Monasterios, Argenis Valera, José Miguel Estrada, Oswaldo Castillo, Alberto Bracho, Brayan Oropeza y Henribert Rivas.

La misma pena de presidio le fue impuesta a Yolmer Escalona, Emirlendri Benítez, Yanin Pernía, Alejandro Pérez Gámez y Pedro Zambrano. A 24 años de cárcel fue condenada Angela Expósito; a 20 años, José Eloy Rivas; a 16 años, Héctor Hernández Da Costa; a ocho años, Juan Carlos Requesens y a cinco años, Wilder Vásquez.

«Lamentable condena que exhibe la politización y el deterioro del sistema de justicia», manifestó una de las abogadas defensora de tres de los imputados, Theresly Malavé.

 

Irregularidades recurrentes

Las irregularidades denunciados en el proceso contra Requesens, documentadas por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, se replicaron con los demás implicados. A lo largo del proceso abogados defensores y familiares de los detenidos denunciaron:

  • Detenciones y allanamientos sin orden judicial.
  • Torturas, tratos crueles e inhumanos y falta de atención médica. En el caso de Yanín Fabiana Pernía Coronel, condenada a 30 años, se denunció desaparición forzada, torturas y violencia sexual. «Fue golpeada, colgada, electrocutada, asfixiada, ahogada, víctima de actos lascivos y aplastamiento de uñas», señaló su defensa.

En otro caso, el del Teniente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Pedro Javier Zambrano Hernández, quien también recibió sentencia de 30 años de cárcel, familiares aseguraron que era víctima de  tortura por descargas eléctricas en cintura, testículos, plantas de los pies y que fue privado de alimentos durante siete días.

  • Violación del derecho a la defensa. En múltiples ocasiones se denunció que a los detenidos se les impedía reunirse con sus abogados.
  • Falta de pruebas y experticias incompletas.
  • Se señala además que después de cuatro años de detención, por ejemplo en el caso de Requesens implica que cumplió con la mitad de la pena impuesta, debería aplicar una medida sustitutiva de la pena. Daniels recordó que en el caso de los presos políticos este tipo de beneficios procesales no se aplican.

El 29 de agosto de 2020, el exdiputado recibe la medida de casa por cárcel. Se desconoce si tras la sentencia será devuelto a la prisión.   

 

 

 

POLÍTICA · 16 AGOSTO, 2022

Condenas por intento de magnicidio ratifican politización de la justicia, dicen abogados  

Texto por Deisy Martínez

Violaciones al debido proceso (capturas y allanamientos sin orden judicial, violación del derecho a la defensa y falta de pruebas), incomunicaciones, torturas y politización de la justicia en Venezuela, marcaron los juicios de los señalados por el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018.

Abogados defensores como Theresly Malavé y Joel García y el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, señalan que desde la condena de ocho años de prisión contra el exdiputado nacional, Juan Requesens por este caso, hasta las «brutales y duras» sentencias de 30 y 20 años de cárcel contra otros imputados —17 en total— ratifican que la administración de justicia en Venezuela está al servicio de los intereses del poder político en Miraflores.

Condenados a priori

«Las sentencias no extrañan porque ya estaban condenados desde mucho antes. Una vez que el presidente de la República dice en alocución pública que alguien es culpable, difícilmente algún juez dicte una sentencia que lo contradiga», dijo Daniels a Efecto Cocuyo.

Para el abogado, el hecho de que no se hayan hecho públicas las sentencias por el atentado contra Maduro y otros altos funcionarios indica que los argumentos para las condenas no tienen base y forman parte del «secretismo» con el que actúa el sistema judicial en Venezuela.

«Cuando le impones la pena máxima prevista en la legislación venezolana a una persona es porque los hechos y la responsabilidad, basados en las pruebas, son indiscutibles. Ahora no es lo mismo un intento que un hecho consumado, por lo que no hay proporción en las penas impuestas y no responden a la racionalidad», sostuvo.

Daniels indica que en el caso específico de Requesens, este fue apresado sin orden judicial tres días después de los hechos en la avenida Bolívar de Caracas y se le irrespetó la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 200 de la Constitución. La Carta Magna establece que un diputado solo puede ser detenido en flagrancia y trasladado a su vivienda.

El dirigente fue víctima de desaparición forzada y luego apareció recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el Helicoide, con signos de tortura. Además ofreció una supuesta confesión bajo evidentes efectos de alguna sustancia y su ropa estaba manchada con heces.

«En el juicio no pudieron demostrar nada, pero la jueza consideró que había delito. Hubo condenas duras de 30 años. Todo es injusto. La apelación es el siguiente paso», expresó el abogado defensor de Requesens, Joel García, tras conocerse las sentencias.

Deterioro y politización

El Tribunal Especial Primero de Juicio con competencia en Terrorismo, a cargo de la jueza Hennit López Mesa, condenó a 30 años de prisión por los hechos del 4 de agosto de 2018 a Juan Carlos Monasterios, Argenis Valera, José Miguel Estrada, Oswaldo Castillo, Alberto Bracho, Brayan Oropeza y Henribert Rivas.

La misma pena de presidio le fue impuesta a Yolmer Escalona, Emirlendri Benítez, Yanin Pernía, Alejandro Pérez Gámez y Pedro Zambrano. A 24 años de cárcel fue condenada Angela Expósito; a 20 años, José Eloy Rivas; a 16 años, Héctor Hernández Da Costa; a ocho años, Juan Carlos Requesens y a cinco años, Wilder Vásquez.

«Lamentable condena que exhibe la politización y el deterioro del sistema de justicia», manifestó una de las abogadas defensora de tres de los imputados, Theresly Malavé.

 

Irregularidades recurrentes

Las irregularidades denunciados en el proceso contra Requesens, documentadas por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, se replicaron con los demás implicados. A lo largo del proceso abogados defensores y familiares de los detenidos denunciaron:

  • Detenciones y allanamientos sin orden judicial.
  • Torturas, tratos crueles e inhumanos y falta de atención médica. En el caso de Yanín Fabiana Pernía Coronel, condenada a 30 años, se denunció desaparición forzada, torturas y violencia sexual. «Fue golpeada, colgada, electrocutada, asfixiada, ahogada, víctima de actos lascivos y aplastamiento de uñas», señaló su defensa.

En otro caso, el del Teniente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Pedro Javier Zambrano Hernández, quien también recibió sentencia de 30 años de cárcel, familiares aseguraron que era víctima de  tortura por descargas eléctricas en cintura, testículos, plantas de los pies y que fue privado de alimentos durante siete días.

  • Violación del derecho a la defensa. En múltiples ocasiones se denunció que a los detenidos se les impedía reunirse con sus abogados.
  • Falta de pruebas y experticias incompletas.
  • Se señala además que después de cuatro años de detención, por ejemplo en el caso de Requesens implica que cumplió con la mitad de la pena impuesta, debería aplicar una medida sustitutiva de la pena. Daniels recordó que en el caso de los presos políticos este tipo de beneficios procesales no se aplican.

El 29 de agosto de 2020, el exdiputado recibe la medida de casa por cárcel. Se desconoce si tras la sentencia será devuelto a la prisión.   

 

 

 

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