La consulta popular, como mandato de soberanía popular, es relanzada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora. A tres años del plebiscito en el que más de 7 millones de venezolanos rechazaron la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la dirigencia opositora apela nuevamente a este mecanismo.
Esta vez en medio de la pandemia de coronavirus que obliga a utilizar plataformas tecnológicas, en el país con el peor internet de la región. Aquí cuatro similitudes y cuatro diferencias entre las dos convocatorias:
El mismo medio de participación
Tanto la iniciativa promovida el 16 de julio de 2017 como la que plantea el Parlamento este año se amparan en el artículo 70 de la Constitución que establece que la consulta popular “es uno de los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía”.
Esta se diferencia del referendo consultivo porque no implica la intervención del Consejo Nacional Electoral en la organización del proceso y posterior certificación de los resultados.
El mismo objetivo
El propósito sigue siendo el mismo: presionar la salida de Nicolás Maduro del poder y legitimar la estrategia de las fuerzas opositoras. Esta vez se busca refrendar no solo la exigencia de elecciones libres y transparentes sino “todos los mecanismos de presión nacional e internacional” necesarios para lograr un cambio político y la no participación de la oposición en las elecciones que sean convocadas a futuro bajo el argumento de que no existen condiciones democráticas en el país.
Venezolanos en el exterior
En 2017 se contempló la participación de los venezolanos en el exterior. Unas 690.000 personas que se encontraban fuera del país manifestaron su opinión. Este año, la oposición también exhorta a la diáspora venezolana a ser parte de la consulta. Hasta ahora solo se conoce que la Asamblea Nacional hará uso de todos los mecanismos que la tecnología permita (electrónica, correo convencional, presencial e itinerante) para sumar voluntades.
Acompañamiento internacional
El 16 de julio de 2017 fueron invitados los expresidentes latinoamericanos Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla (Costa Rica), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) y Jorge Quiroga (Bolivia) quienes fungieron como cabezas de una misión acompañante del proceso.
Este año, los diputados piden a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la comunidad internacional acompañar, avalar el proceso y reconocer los resultados, así como ratificar el desconocimiento a las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre.
El coronavirus, la principal diferencia
El acto de manifestación popular deberá sortear las dificultades asociadas a la pandemia de coronavirus. El riesgo de contagio obliga a usar plataformas digitales y limita la movilización social como expresión de protesta.
La conexión de internet en el país es exigua y esto puede atentar contra la garantía de participación masiva e inclusiva.
En 2017 se desplegaron más de 2029 “puntos soberanos” que contaban con 14.303 mesas en el territorio nacional. Estaban ubicados en las cercanías de las iglesias. En el exterior se activaron en 430 ciudades de 70 países que se activaron desde las 7:00 am hasta las 4:00 pm.
Los ciudadanos que querían participar podían ubicar los puntos en la página web de la Asamblea Nacional y de la extinta Mesa de la Unidad Democrática.
Por cada mesa había por lo menos dos cuadernos electorales, 650 boletas de votación, 650 “actas de compromiso”, una acta de escrutinio y una urna electoral.
Sin unidad
La consulta popular estaba respaldada por la Mesa de la Unidad Democrática, plataforma que aglutinaba a los principales partidos de oposición que tenían representación en la Asamblea Nacional, en 2017.
Pero este año, figuras claves como el excandidato presidencial y exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, y el diputado y dirigente de Un Nuevo Tiempo, Stalin González, rompieron filas con la estrategia del gobierno interino que dirige Juan Guaidó.
La fisura se produjo por la decisión del presidente interino de no participar en los comicios legislativos, junto a sectores que integran el G4 (como se conoce al grupo de los cuatro principales partidos de oposición).
Capriles criticaba la renuncia a “luchar por condiciones” y argumentaba que debía participarse en la contienda electoral para presionar por garantías. No obstante, el opositor anunció su retiro el pasado 30 de septiembre ante la negativa del chavismo gobernante de posponer la elección para garantizar la observación internacional de la Unión Europea.
Estas divisiones pudieran afectar el respaldo de la convocatoria a la consulta popular.
Temática distinta
Aunque el objetivo político de fondo es el mismo, la forma cambia en las preguntas que fueron sometidas a consulta hace tres años y las que se plantean actualmente:
En 2017 se preguntó:
- ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?
- ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?
- ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?
Este año:
- ¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos?
- ¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro para el 6 de diciembre o para cualquier otra fecha mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados?
Nuevos garantes
La comisión de garantes de la transparencia de las elecciones en 2017 estuvo integrada por los rectores de universidades públicas y privadas: Raúl López Sayago, rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel); el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello; Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela; Jessy Divo, rectora de la Universidad de Carabobo; y Benjamín Sharifker, rector de la Universidad Metropolitana.
Extraoficialmente se conoció que los garantes de la consulta de este año serán: Enrique Colmenares Finol, ingeniero y exministro de Carlos Andrés Pérez; Blanca Rosa Mármol, abogada y magistrada emérita del TSJ; Horacio Medina, exgerente de Pdvsa; Carolina Jaimes Branger, periodista; Fátima Fernández, especialista electoral en Guatemala; Rafael Punceles, politólogo y profesor universitario y Estefanía Cervó, estudiante de la UCV.