El oficialismo, a través de la Asamblea Nacional, conforma un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fuera de la mesa de negociación de México que contemplaba -como uno de los puntos principales- la reinstitucionalización de este poder público.
Las designaciones de magistrados y magistradas han sido bautizadas por el chavismo como una “revolución judicial” y coinciden con la apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de Nicolás Maduro.
“Es una simulación”
La Comisión Delegada, instancia que controla el sector opositor que respalda a Juan Guaidó, calificó esta reforma como una simulación, en una sesión que se realizó este martes 29 de marzo.
“El amago de aparentar que la justicia venezolana está cambiando, dejando de ser sumisa y subordinada a los dictámenes de Miraflores se está cayendo por su propio peso”, afirmó la dirigente de Voluntad Popular y abogada Tamara Adrián.
Según la dirigente, lo que aplazó el nombramiento del nuevo TSJ fue la dificultad que supuestamente tendría el chavismo para asegurarse el control de la mayoría de los votos, en cada una de las seis salas que conforman el máximo tribunal, luego de aprobar la reducción del número de magistrados.
AN del 6Dic difiere designación del nuevo TSJ para «buscar consensos y acuerdos»
“Suspendieron el nombramiento porque, ahora que la Sala Constitucional tiene cinco y no siete integrantes, si eligen a tres magistrados que no sean del Psuv no serán mayoría, por eso están enredados”, señaló.
La dirigente de Primero Justicia y expolicía Yajaira Castro Forero recordó que el chavismo ha anunciado cinco reformas judiciales desde 1999 que han fracasado: “En 1999, la Constituyente decretó una emergencia judicial que solo sirvió para destituir a 491 jueces bajo diferentes acusaciones”.
“El régimen intenta lavarle la cara a un expediente que suma más de 250 presos políticos, persecuciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y demás violaciones de derechos humanos”, cuestionó.
Agregó que la «inconstitucional reforma judicial» «prepara el terreno para conformar un TSJ a la medida y frenar el avance de la investigación contra el régimen que cursa en la CPI por crímenes de lesa humanidad».
La dirigente de Encuentro Ciudadano y aboga Delsa Solórzano cerró el debate advirtiendo que el oficialismo “busca eludir las competencias de la Corte Penal Internacional” al hacer ver que hay justicia en el país.
“En Venezuela hay ausencia absoluta del derecho humano a la justicia, los jueces y fiscales reciben llamadas del partido de la usurpación para tomar decisiones que no están apegadas a derecho, hay una persecución constante contra dirigentes de la oposición. No hay un sistema de administración de justicia independiente”, sentenció.
Asesinato de indígenas
En la sesión, la Delegada también debatió sobre el asesinato de tres hombres y una mujer de la etnia Yanomami ocurrido durante un enfrentamiento con efectivos de la Aviación Militar Venezolana acantonados en el municipio Alto Orinoco, en el estado Amazonas.
Cuatro yanomamis mueren durante enfrentamiento con militares en Amazonas
“Como indígena rechazamos la militarización de nuestros territorios y comunidades indígenas, como indígena y hermano de todos los yanomamis de Venezuela condeno estas atrocidades en contra de nuestros pueblos originarios enmarcadas en la muerte”, repudió el dirigente de Primero Justicia Julio Ygarza.
«Lo que queremos y pedimos es justicia. El régimen lamentablemente está negociando la muerte de los hermanos indígenas que no tienen balas, solo flechas. El régimen lo que hizo fue enviar una comisión presidencial para llegar a un acuerdo, estas muertes no son negociables y no pueden quedar impune”, denuncio el dirigente Romel Guzamana.