Las garantías electorales, por las que presionan la oposición y la sociedad civil organizada en Venezuela, pueden resumirse en cinco grandes demandas:
1️⃣ Un nuevo Consejo Nacional Electoral.
2️⃣ Derecho a la participación de la disidencia o garantía de pluralismo político: activación de partidos y habilitación de dirigentes políticos.
3️⃣ Auditoría plena al sistema automatizado de votación.
4️⃣ Revisión del Registro Electoral.
5️⃣ Observación electoral calificada nacional e internacional.
En opinión del periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, el Poder Electoral avanzó en cuatro de estas cinco exigencias de cara a las elecciones regionales y municipales que fueron convocadas para el próximo 21 de noviembre.
El analista destaca que hay un CNE “menos desequilibrado” en la composición de sus órganos subordinados, lo que ha permitido avances en otras garantías. Destaca la actuación de los rectores suplentes, no incorporados, como Griselda Colina, León Arismendi y Francisco Martínez “porque esta figura en el pasado era eminentemente anecdótica y para este proceso se ha demostrado que sí pueden hacer mucho por lograr garantías y condiciones electorales”.
“Las giras institucionales que ha hecho el rector (Roberto) Picón son esenciales para recuperar la confianza en el voto como instrumento de cambio”, afirma.
La observación electoral internacional es el área que registra mayor avance por la invitación y posterior ingreso de enviados de la Unión Europea que, después de 15 años, se desplegaran en el territorio nacional para evaluar la integridad de los comicios.
También destaca la presencia de un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que abre las puertas a una asistencia electoral de este organismo a futuro, explica Martínez.
Adicionalmente, el Centro Carter se suma con una misión de estudio.
Para que estos actores puedan regirse por los estándares internacionales de observación electoral, el CNE aprobó una resolución especial que no aplica a las organizaciones de observación nacional, las cuales denuncian discriminación en este sentido pues deberán participar con las limitaciones que les impone el reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que establece para ellos la figura de “veedores”.
Advierten que resolución excepcional del CNE discrimina a observadores nacionales
El periodista señala que también hubo mejora en la jornada de inscripción y actualización del Registro Electoral y se auditó ampliamente el sistema automatizado de votación.
No obstante, advierte que el pluralismo político sigue en deuda: “La intervención de partidos políticos comenzó en 2010 y el número de partidos intervenidos es elevado. A excepción de la MUD y la Fuerza del Cambio, no hubo un cambio sustancial. Están apareciendo inhabilitaciones a destiempo contra lo que se puede considerar chavismo disidente. De las cinco grandes garantías enumeradas, el pluralismo político es en el que menos se ha avanzado”.
Martínez hizo referencia a unas estadísticas que lleva la asociación civil Acceso a la Justicia y que revela que entre 2002 y 2016 fueron inhabilitados 1.401 líderes políticos. Después de este año, la Contraloría de la República dejó de publicar en su Memoria y Cuenta el total de personas inhabilitadas.
Otra violación que persiste es la del derecho al voto directo, universal y secreto de los pueblos indígenas del país.
Restitución del voto indígena directo es otra deuda pendiente del CNE
El director del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Héctor Vanolli, explicó la importancia que tienen las misiones de observación internacional en el país.
“La presencia de estos grupos en Venezuela son importantes porque abren una ventana al mundo que posibilita a la comunidad internacional efectuar un seguimiento minucioso de este proceso electoral. Las misiones de observación y otras expresiones son en cierto sentido los ojos calificados de la comunidad internacional los cuales permiten hacer un seguimiento cercano y detallado”, manifestó.
Entre los efectos internos que genera la presencia de estos expertos, Vanolli subraya el aumento del nivel de confianza en la población que puede tener su correlación con una mayor participación el día de la elección.
“A diferencia de otros ejercicios vinculados al seguimiento electoral, como por ejemplo el acompañamiento, la observación electoral se apoya en la presencia de grupos de expertos, de personas altamente especializadas en el tema electoral con capacidad para desplegar delegados en la mayoría de las regiones del país, con acceso a los diferentes componentes o aspectos del sistema electoral automatizado, con capacidad para procesar, analizar y evaluar todo lo recogido en base a una serie de principios y estándares y volcar todo esto en informes técnicos que se rigen por metodologías”, resume el especialista.
“Esta es una ventana que se abre con la observación internacional para seguir en la ruta de la recuperación de nuestros derechos, el que se haya producido esta apertura no es una sorpresa porque es algo que veníamos trabajando, interpelando a los actores internacionales que se veían limitados, por diferentes circunstancias, de poder realizar estos pasos y desde una acción cívica de diplomacia plateamos con la ONU y la Unión Europea tienen un rol clave en el proceso de recuperación de la democracia en Venezuela”, agregó la directora del Centro de Justicia y Paz, Beatriz Borges en representación de la plataforma de la sociedad civil Foro Cívico.
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Las garantías electorales, por las que presionan la oposición y la sociedad civil organizada en Venezuela, pueden resumirse en cinco grandes demandas:
1️⃣ Un nuevo Consejo Nacional Electoral.
2️⃣ Derecho a la participación de la disidencia o garantía de pluralismo político: activación de partidos y habilitación de dirigentes políticos.
3️⃣ Auditoría plena al sistema automatizado de votación.
4️⃣ Revisión del Registro Electoral.
5️⃣ Observación electoral calificada nacional e internacional.
En opinión del periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, el Poder Electoral avanzó en cuatro de estas cinco exigencias de cara a las elecciones regionales y municipales que fueron convocadas para el próximo 21 de noviembre.
El analista destaca que hay un CNE “menos desequilibrado” en la composición de sus órganos subordinados, lo que ha permitido avances en otras garantías. Destaca la actuación de los rectores suplentes, no incorporados, como Griselda Colina, León Arismendi y Francisco Martínez “porque esta figura en el pasado era eminentemente anecdótica y para este proceso se ha demostrado que sí pueden hacer mucho por lograr garantías y condiciones electorales”.
“Las giras institucionales que ha hecho el rector (Roberto) Picón son esenciales para recuperar la confianza en el voto como instrumento de cambio”, afirma.
La observación electoral internacional es el área que registra mayor avance por la invitación y posterior ingreso de enviados de la Unión Europea que, después de 15 años, se desplegaran en el territorio nacional para evaluar la integridad de los comicios.
También destaca la presencia de un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que abre las puertas a una asistencia electoral de este organismo a futuro, explica Martínez.
Adicionalmente, el Centro Carter se suma con una misión de estudio.
Para que estos actores puedan regirse por los estándares internacionales de observación electoral, el CNE aprobó una resolución especial que no aplica a las organizaciones de observación nacional, las cuales denuncian discriminación en este sentido pues deberán participar con las limitaciones que les impone el reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que establece para ellos la figura de “veedores”.
Advierten que resolución excepcional del CNE discrimina a observadores nacionales
El periodista señala que también hubo mejora en la jornada de inscripción y actualización del Registro Electoral y se auditó ampliamente el sistema automatizado de votación.
No obstante, advierte que el pluralismo político sigue en deuda: “La intervención de partidos políticos comenzó en 2010 y el número de partidos intervenidos es elevado. A excepción de la MUD y la Fuerza del Cambio, no hubo un cambio sustancial. Están apareciendo inhabilitaciones a destiempo contra lo que se puede considerar chavismo disidente. De las cinco grandes garantías enumeradas, el pluralismo político es en el que menos se ha avanzado”.
Martínez hizo referencia a unas estadísticas que lleva la asociación civil Acceso a la Justicia y que revela que entre 2002 y 2016 fueron inhabilitados 1.401 líderes políticos. Después de este año, la Contraloría de la República dejó de publicar en su Memoria y Cuenta el total de personas inhabilitadas.
Otra violación que persiste es la del derecho al voto directo, universal y secreto de los pueblos indígenas del país.
Restitución del voto indígena directo es otra deuda pendiente del CNE
El director del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Héctor Vanolli, explicó la importancia que tienen las misiones de observación internacional en el país.
“La presencia de estos grupos en Venezuela son importantes porque abren una ventana al mundo que posibilita a la comunidad internacional efectuar un seguimiento minucioso de este proceso electoral. Las misiones de observación y otras expresiones son en cierto sentido los ojos calificados de la comunidad internacional los cuales permiten hacer un seguimiento cercano y detallado”, manifestó.
Entre los efectos internos que genera la presencia de estos expertos, Vanolli subraya el aumento del nivel de confianza en la población que puede tener su correlación con una mayor participación el día de la elección.
“A diferencia de otros ejercicios vinculados al seguimiento electoral, como por ejemplo el acompañamiento, la observación electoral se apoya en la presencia de grupos de expertos, de personas altamente especializadas en el tema electoral con capacidad para desplegar delegados en la mayoría de las regiones del país, con acceso a los diferentes componentes o aspectos del sistema electoral automatizado, con capacidad para procesar, analizar y evaluar todo lo recogido en base a una serie de principios y estándares y volcar todo esto en informes técnicos que se rigen por metodologías”, resume el especialista.
“Esta es una ventana que se abre con la observación internacional para seguir en la ruta de la recuperación de nuestros derechos, el que se haya producido esta apertura no es una sorpresa porque es algo que veníamos trabajando, interpelando a los actores internacionales que se veían limitados, por diferentes circunstancias, de poder realizar estos pasos y desde una acción cívica de diplomacia plateamos con la ONU y la Unión Europea tienen un rol clave en el proceso de recuperación de la democracia en Venezuela”, agregó la directora del Centro de Justicia y Paz, Beatriz Borges en representación de la plataforma de la sociedad civil Foro Cívico.