Tuberculosis es la enfermedad que más prevalece en cárceles y calabozos, según ONG

LA HUMANIDAD · 18 ABRIL, 2021 14:30

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Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo


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La tuberculosis es una de las enfermedades con mayor repunte en los centros de detención preventiva y cárceles del país, a pesar de que no hay una cifra oficial, según lo estima Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).

“La tuberculosis es la reina madre de las enfermedades, tanto en los centros de detención, como en las cárceles; las cifras son incuantificables porque es difícil obtener cifras exactas, porque no los han visto médicos, ni nada”, aseguró Nieto Palma, en una conversación telefónica con Efecto Cocuyo.

El director de UVL, organización defensora de los derechos humanos de los privados de libertad, explicó que son pocos los presos que son sometidos a exámenes médicos para certificar si tienen o no tuberculosis.

Nieto Palma indicó que en la mayoría de los casos los familiares son los que sospechan que sus reclusos tienen la enfermedad y aunque no tengan el aval médico actúan para que la enfermedad no avance o no se complique.

En su informe anual del 2020, la organización, que monitorea 273 centros de detención preventiva en 19 entidades del país, señaló que al menos 143 reclusos murieron por enfermedades. De esa cifra, 86 muertes fueron atribuidas a la tuberculosis.

“Esta enfermedad es la gran pandemia que se vive en las cárceles venezolanas”, aseguró el defensor de derechos humanos.

No hay respuesta del Estado

Ante la alarmante situación que denuncia UVL, el Estado venezolano ha hecho caso omiso a la situación de hacinamiento y enfermedades en los atestados centros de detención preventiva del país.

“Hemos visto y reseñado que algunos centros (de detención) hacen jornadas medicas muy básicas, que si tomar la temperatura, la tensión, cosas muy sencillas; no se puede llegar a eso. No se puede descartar que haya tuberculosis, los síntomas y lo que dicen otros médicos es que sí hay”, recalca Nieto Palma.

Ante la ausencia del Estado, la ONG, junto a un grupo de médicos infectólogos, han creado un proyecto para llevar jornadas médicas a los centros de detención preventiva de los estados Vargas, Miranda, Nueva Esparta, Zulia y el Distrito Capital.

“Hemos hechos jornadas médicas y se han detectado casos de tuberculosis e igualmente casos de VIH”, alertó Nieto Palma.

El defensor de DDHH aseveró que a pesar de llevar las jornadas asistenciales a los calabozos policiales, es poco lo que la ONG puede hacer porque una vez que se detectan los casos de enfermedades como la tuberculosis, no pueden dar tratamiento a los reclusos por no poseer recursos.

“Uno se siente impotente porque no puedes hacer mucho, en muchos casos porque no te dejan y en otros porque no disponemos de los recursos para dar seguimiento y atención continua”, se lamenta.

Ante la alerta hecha por el Observatorio Venezolano de Prisiones, sobre un severo brote de tuberculosis en el retén de Cabimas, Nieto Palma aseguró que desde hace un año ellos han venido denunciando ese brote “hay infinidades de casos”, dijo.

 Nieto Palma recordó que este calabozo policial en el estado Zulia, desde febrero del año pasado, tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

“Son medidas bien interesantes porque es el primer centro de detención que se le otorgaron cautelares, la comisión obliga al Estado a salvaguardar la salud y las condiciones de vida de los presos, de los familiares, de los visitantes, de los trabajadores de allí y de todos lo que entran al reten de Cabimas”, añade.

COVID-19

El pasado mes de septiembre de 2020 funcionarios de la administración de Nicolás Maduro admitieron que al menos 109 privados de libertad se contagiaron de COVID-19 en los centros de detención preventiva del país, desde ese mes no se sabe nada de las cifras de contagiados en los hacinados calabozos policiales.

“Mas nunca se volvió a hablar de casos de COVID-19, en las cárceles, se habían detectado casos y el número pasaba los 100 reclusos en Nueva Esparta y otros estados del país”, dice Nieto Palma.

UVL conoció de un caso positivo que se detectó en el retén de Caraballeda a mediados de marzo. Luego de que la mujer fuera trasladada a un centro asistencial, las autoridades sanitarias del estado Vargas, aplicaron gotas del Carvitivir, un antiviral que no ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud, ni la Organización Panamericana de la Salud, a al menos 200 internos del calabozo policial, con la intención de evitar contagios en ese centro de detención.

“No hay claridad de las cifras de los presos que tienen COVID-19 (…)  Gracias a Dios el COVID-19 no ha llegado a las cárceles”, dice Nieto Palma.

El director de UVL expresó que en las cárceles y calabozos del país no se cumplen las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. “Se olvidaron (de la bioseguridad), sigue habiendo visitas, los familiares llevan las paqueterías (alimentos e insumos) a los reclusos”.