Las enfermedades y los llamados «enfrentamientos» durante la recaptura de reclusos fugados fueron las principales causas de muerte de los privados de libertad en los calabozos policiales en 2020, arrojó el informe anual de Una Ventana a la libertad (Uval) presentado este jueves 25 de febrero.
La ONG monitoreó 273 centros de detención preventiva en 19 estados de Venezuela, en los que contabilizaron 208 reclusos muertos bajo custodia del Estado. De estos, 143 fallecieron por enfermedades (68,75 %) y 42 en el contexto de su fugas (20,19 % del total).
Participaron en la recolección de datos 21 investigadores en los estados Amazonas, Apure, Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital y Área Metropolitana de Caracas, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia. El estado Miranda se dividió en tres sectores, debido a la cantidad de CDP ubicados en esa región: Valles del Tuy, eje Guarenas-Guatire y Altos Mirandinos.
El informe destacó que, en un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja, la pandemia del coronavirus agudizó la crisis de salud que había en las comisarías, donde un detenido solo deberían permanecer 48 horas pero que «se han convertido en las cárceles del siglo XXI», según la investigadora Magaly Huggins.
Las cinco enfermedades que causaron el 87 % de las muertes en los calabozos policiales fueron:
Tuberculosis (86 casos)
Desnutrición (13 casos)
Problemas respiratorios (12 casos)
Problemas cardíacos (8 casos)
Tuberculosis y desnutrición (5 casos)
«La tuberculosis es la verdadera pandemia en los centro de detención preventiva», afirmó la organización.
En total Uval registró, en las comisarías que estudiaron, un total de 5.751 presos con alguna enfermedad.
La sobrevivencia de los presos en estas instalaciones, reiteraron, depende de sus familiares quienes les llevan alimentos y medicinas, quienes este año tuvieron que sortear obstáculos como la suspensión de las visitas por la cuarentena por el coronavirus, la escasez de combustible y de efectivo para movilizarse en transporte público.
Destacaron que durante el año pasado fueron escasas las pruebas de detección de coronavirus que se aplicaron a los privados de libertad en estos centros. Solo pudieron confirmar la muerte de tres reos por COVID-19.
En el monitoreo se determinó que hay 80,95 % de los 273 calabozos policiales con problemas de hacinamiento, condición que promueve la aparición de enfermedades.
Cifras extraoficiales confirmadas por Una Ventana a la Libertad confirmaron que en esas instalaciones en los 19 estados estaban detenidos 22.469 hombres (92,78 %) y 1.749 mujeres (7,22 %), para un total de 24.218 privados de libertad, cuando el cupo total disponible era de 7.457.
Algunos de estos hombres, mujeres e incluso adolescentes han cumplido años a la espera de un cupo de traslado a un centro penitenciario y, otros hasta completan el tiempo de su sentencia en los centros de detención preventiva.
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