El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEO-Fanb), Remigio Ceballos, informó el envío de tropas de acción rápida al estado Apure.
Desde el pasado 21 de marzo, efectivos militares libran combates con grupos armados colombianos, entre ellos disidencias de la exguerrilla colombiana Fuerzas Revolucionarias de Colombia (Farc).
“Elevando el pie de fuerza para combatir perseguir expulsar y capturar a todo grupo irregular armado colombiano narcotraficantes terroristas y paramilitares. No descansaremos para traer la paz y garantizar la protección total del pueblo venezolano”, escribió en su cuenta Twitter este miércoles 7 de abril.
Sin embargo, el almirante no detalla el número de tropas enviadas a la entidad frontera con Colombia, donde el conflicto armado ha dejado más de 5.000 venezolanos desplazados y varios militares fallecidos.
El gobierno de Nicolás Maduro acusa al presidente colombiano Iván Duque de amparar a los grupos de ese país, e incluso llegó a afirmar que los “vestían de guerrilleros”.
Sus funcionarios, entre ellos el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López señaló al Comando Sur de Estados Unidos de participar en este conflicto.
El director de la ONG venezolana Acceso a la Justica, Alí Daniels, aseguró que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) debe investigar si en Apure se cometen crímenes de guerra.
“Para los defensores de derechos humanos esto es un conflicto armado, estamos hablando de 5 mil refugiados que tuvieron que huir literalmente de la guerra, hay denuncias de ataques a casas, de ejecuciones extrajudiciales, también hay falsos positivos, todo esto debe analizarse. Estamos hablando de crímenes de guerra que tienen una configuración distinta”, dijo a Efecto Cocuyo este martes 6 de abril.
Daniels recordó que según el artículo 3 de los Convenios de Ginebra de 1949 y el artículo 13 del Protocolo II de los Acuerdos de Ginebra de 1977, que suscribe Venezuela, la población civil no debe ser sometida a los rigores de la guerra. Los tratados internacionales establecen que los civiles gozan de protección internacional contra los peligros procedentes de operaciones militares.
Fiscalía de la CPI debe investigar si en Apure se cometen crímenes de guerra, señalan expertos
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