Fiscalía de la CPI debe investigar si en Apure se cometen crímenes de guerra, señalan expertos

POLÍTICA · 6 ABRIL, 2021 18:42

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Texto por Efecto Cocuyo | @efectococuyo

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La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ya determinó que existen motivos razonables para presumir que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales, al menos desde abril de 2017.

En el examen preliminar que adelanta el organismo se investigan los delitos específicos de privación ilegítima de libertad, tortura, violación y otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad fundada en motivos políticos ejecutados por agentes de seguridad del Estado bajo el mando de altos funcionarios del gobierno nacional.

Pero nuevas denuncias sobre violaciones de derechos humanos en Apure abultan el expediente que lleva la Fiscalía que incluso podría estar en presencia de crímenes de guerra, advierte el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels.

“Para los defensores de derechos humanos esto es un conflicto armado, estamos hablando de 5 mil refugiados que tuvieron que huir literalmente de la guerra, hay denuncias de ataques a casas, de ejecuciones extrajudiciales, también hay falsos positivos, todo esto debe analizarse. Estamos hablando de crímenes de guerra que tienen una configuración distinta”, subraya.

El especialista también destaca que la investigación sobre estos acontecimientos tomará tiempo pues la Fiscalía debe establecer las responsabilidades individuales, tanto de los que actuaron como de los responsables de la cadena de mando.

Por esta razón no cree que el examen preliminar recoja los sucesos ocurridos en Apure: “La Fiscal Fatou Bensouda prometió que iba a presentar las conclusiones del examen preliminar en el primer semestre de este año. No creemos que de tiempo para que documente un capítulo nuevo sobre Apure, pero esto no quiere decir que no inicien nuevas investigaciones”.

Explica que, de acuerdo con el artículo 3 de los Convenios de Ginebra de 1949 y el artículo 13 del Protocolo II de los Acuerdos de Ginebra de 1977, que suscribe Venezuela, la población civil no debe ser sometida a los rigores de la guerra. Los tratados internacionales establecen que los civiles gozan de protección internacional contra los peligros procedentes de operaciones militares.

La actuación de organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es clave en la determinación de los hechos que ocurren en la frontera, señala.

Cambio de fiscal

El examen preliminar actualmente se encuentra en la fase 3. La Fiscalía de la CPI estudia si en Venezuela se llevan a cabo juicios válidos en contra de los altos funcionarios responsables de los crímenes cometidos, detalla la especialista en derecho internacional Sara Fernández.

 “Si se determina que hay procesos con garantías para las víctimas no se puede abrir una investigación formal por el principio de complementariedad (que tiene que ver con la soberanía de los estados)”, aclara.

Después de este análisis sigue la fase 4 y última en la que se determina si una investigación “no redundaría en el interés de la justicia”.

La actual Fiscal Fatou Bensouda prometió presentar las conclusiones del examen preliminar en los primeros seis meses del este año, periodo que coincide con la finalización de su mandato. Por esta razón, de aprobarse una investigación formal, corresponderá al británico Karim Khan, como nuevo Fiscal, llevar el caso, explica Fernández.

“La Corte tiene competencia para conocer crímenes de lesa humanidad, pero también crímenes de guerra. Para cada uno se necesitan elementos contextuales específicos. Lo que están alegando organizaciones de derechos humanos es que lo ocurrido en la frontera se trata de un conflicto armado interno”, argumenta.

La abogada precisa que los crímenes de guerra están definidos en el artículo 8 del Estatuto de Roma, algunos de ellos son: dirigir intencionalmente ataques contra la población civil que no participa directamente en las hostilidades; dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles; los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, los tratos crueles y la tortura, entre otros.

“La Fiscalía continúa recibiendo información, de acuerdo al artículo 15 del Estatuto de Roma, sobre lo que pasa en el país y puede incluir otros delitos que no estén previstos en el examen preliminar, todo lo que ocurra en este momento puede ser tomado en cuenta y afectar la decisión de la Fiscalía”, sostiene.

 Y agrega: “Está abierta la puerta para que la Fiscalía investigue crímenes de guerra si escala la violencia, pero en principio estaría analizando lo que ocurre en la frontera desde el punto de vista de crímenes de lesa humanidad”.