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Las torturas, los tratos crueles e inhumanos y la desaparición forzada son prácticas que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han realizado en muchas de sus detenciones arbitrarias, según los testimonios que han revelado quienes han sido sometidos a estas violaciones de derechos humanos.

Por estas y otras denuncias similares, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela consideró en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su 45° Período de Sesiones, que  Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa y Relaciones Interiores “ordenaron o contribuyeron” a la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, entre estos la tortura.

Ya en el año 2017, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, había presentado un informe donde se señala que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) recurrieron a torturas para castigar a los detenidos y extraer confesiones e informaciones.

El caso más reciente de tortura y tratos crueles lo reveló el teniente retirado de la GNB Richard Alemán Castellanos, detenido desde 2020 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas.

«Nos llevaron a la Dgcim en Boleíta donde nos recibió un oficial superior. Teníamos las caras tapadas con carpetas y cinta adhesiva. Este oficial que nos recibió, de inmediato me dio una patada en la nariz. Desde ese momento tengo problemas para respirar, he pedido que me vea un médico, y hasta ahora no me ha visto un especialista», dijo el militar durante su audiencia.

El testimonio de Alemán fue compartido por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. El funcionario castrense señaló que desde su arresto fue sometido a golpes, asfixia mecánica, violación, maltrato; sus verdugos solo querían que el hombre confesara que era cómplice de un robo de armas a un destacamento de la GNB en Los Teques y que estaba vinculado a la Operación Gedeón.

Métodos de tortura

Otros casos de tortura por lo que fue acusada la administración de Nicolás Maduro fue revelado por la activista de los derechos humanos y directora ejecutiva del Centro de Estudios Latinoamericanos (Casla) Tamara Suju, ante un conferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Suju mostró en la plenaria tres videos donde se aprecian algunos métodos de torturas empleados por militares, que fueron grabados clandestinamente por el teniente de la Aviación, Ronald Alirio Dugarte Silva.

Fue la primera vez que se documentó en video el proceso de tortura de detenidos por motivos políticos en Venezuela.

En una de las filmaciones aparece el coronel Jhonny Rafael Mejias Laya, excomandante del Batallón Ayala y procesado penalmente por traición a la patria, con los ojos vendados, las manos atadas y tirado en el suelo, en la sede de la Dgcim en Boleíta, al este de Caracas. Laya duró 30 días atado de esa forma según el relato de Dugarte Silva.

Otro de los videos muestra al capitán Juan Carlos Caguaripano, quien está procesado por el asalto al Fuerte Paramacay en 2017. Uno de los custodios le pregunta a Caguaripano si quiere desayunar y el militar le responde que no por presentar un malestar en el estómago y haber orinado sangre. Caguaripano pidió ser llevado a un médico, pero no tuvo respuesta del carcelero.

En el tercer video mostrado por Suju en la OEA se ven a tres hombres tirados en el suelo sobre unas colchonetas en lo que llaman los cuartos de torturas. Quienes están en el sitio son los coroneles Oswaldo García Palomo y José Acevedo, y el civil Antonio José Labichela Barrios, los tres fueron acusados por la administración chavista de estar involucrados en actos terroristas.

Murieron en custodia del Estado

Uno de los casos más emblemáticos sobre tortura y tratos crueles e inhumanos en el país fue el del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien fue asesinado el 29 de junio de 2019, bajo custodia de funcionarios del Estado venezolano. Un día antes de morir, cuando iba a su audiencia de presentación, el militar no podía ponerse en pie cuando le preguntaron si había sido torturado por la Dgcim; el efectivo castrense asintió con la cabeza y pidió auxilio.

El abogado del asesinado militar, Alonso Medina Roa, aseguró que Acosta Arévalo había muerto producto de las salvajes tortura. “Estas conductas las venimos denunciando, pero la complicidad de las instituciones permitió que llegáramos a este extremo”.

Acosta Arévalo no es el único funcionario que ha muerto bajo custodia del Estado durante los últimos años. El exjefe del Sebin, Cristopher Figuera, confirmó que el concejal opositor Fernando Albán fue asesinado por funcionarios de la policía política cuando se encontraba bajo custodia del Estado. Albán murió el 8 de octubre de 2018.

Muertes bajo custodia del Estado

Otro de los muertos bajo custodia estatal fue Gabriel Medina Díaz, quien estaba preso en la cárcel de La Pica en el estado Monagas y murió el 29 de agosto. Fue apresado por supuestamente planificar un secuestro contra el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello.

A la lista de presos políticos muertos bajo custodia de la administración de Maduro se suma Salvador Franco, un indígena de la etnia pemón que estuvo recluido en El Rodeo, tenía orden de ser trasladado a un centro médico pero murió por su avanzado deterioro del estado de salud. Estuvo acusado de ser participe en un asalto que se realizó en una instalación militar del estado Bolívar.

Otro de los casos documentados fue el de Rodolfo González Martínez, conocido como “El aviador”, este fue una de las primeras muertes de presos políticos que murieron bajo la tutela del Estado.

A pesar de las recomendaciones hechas por los entes internacionales defensores de derechos humanos, con el relato de Alemán pareciera que el Gobierno ha hecho oídos sordos a los informes emitidos por la Misión Internacional de determinación de hechos de las Naciones Unidas o por diversas organizaciones defensoras de derechos fundamentales en el país y fuera de él.

Para el cierre de esta nota la ONG Foro Penal contabiliza 252 personas detenidas por motivos políticos en el país. 237 hombres y 15 mujeres; de ellos 120 son civiles, 132 militares y hay un adolescente tras los barrotes.