Desde la Asamblea Nacional (AN) elegida el 6 de diciembre, se avanza en la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).
Al iniciarse este proceso surge una vez más la interrogante: ¿Puede abrirse otra vía para las negociaciones entre oposición y Gobierno por mejores condiciones electorales, o se repetirá lo ocurrido en los últimos comicios en el país?. Esto es, que se seleccione un CNE parcializado, elecciones no competitivas y una oposición cada vez más fragmentada.
Independientemente del contexto en el que se producirá el nombramiento de los nuevos rectores, analistas políticos consideran que sí puede ser una nueva oportunidad para que el poder político en Miraflores y sus adversarios, lleguen a acuerdos sobre garantías que permitan la participación de todos los actores en venideras elecciones.
Estará en manos de los nuevo rectores del Poder Electoral, cuyo período es de siete años, la organización de las próximas elecciones de gobernadores, alcaldes y las presidenciales de 2025.
Desde la AN se está proponiendo que este año haya una especie de mega elecciones para unir las dos primeras y que ese nuevo CNE también organice elecciones internas en partidos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el año pasado, como Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ).
Indicadores
“Sumado al llamado al diálogo que hace Jorge Rodríguez, el nombramiento de ese CNE pudiera ser una rendija para nuevas conversaciones entre todos los sectores. Aún es temprano para saber qué pasará, pero creo que la selección de los diez miembros de la sociedad civil que integrarán el Comité de Postulaciones, el quiénes son, sería un indicador muy importante para saber hacia dónde va ese proceso”, expresa la analista político, Francine Jácome.
En declaraciones a Efecto Cocuyo, la directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp) señala igualmente que la amplitud de ese diálogo, si realmente se incluyen a todos los sectores políticos y sociales, será otro indicador de las intenciones del chavismo-madurismo y de la transparencia del proceso.
El 19 de enero, el Parlamento de mayoría Psuv, escogió a los once diputados que conforman la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Electorales. El grupo presidido por el militar retirado, Giusseppe Alessandrello se instaló al día siguiente.
Este 31 de enero culminó la convocatoria de los aspirantes a conformar el Comité por la sociedad civil. Posteriormente la plenaria autorizará la selección de las diez personas que completarán el Comité de 21 miembros. De acuerdo con el cronograma de la comisión preliminar, está previsto que los cinco rectores principales y 10 suplentes sea escogidos por la AN para el mes de abril.
Alessandrello asegura que más de 200 personas por parte de la sociedad civil, han expresado interés y enviado sus datos para formar parte del Comité.
“Destrancar el juego”
La directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones y del Proyecto Entendimiento de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Eglée González-Lobato, coincide en que la sociedad civil pudiera tener un peso importante en el proceso hacia un nuevo ente comicial, especialmente si la disidencia política participa.
Considera que designar a un nuevo CNE siempre puede ser la vía para la reinstitucionalización del país y una llave para “destrancar el juego”.
“Aun cuando veo poca probabilidad de que el oficialismo esté dispuesto a ceder frente a una petición nacional e internacional (de elecciones democráticas) son los factores democráticos los que tenemos que presionar para que esto así ocurra”, señala.
Sostiene que dicha ocurrencia pasa porque se entienda que debe empezarse un acercamiento para generar condiciones hacia una negociación que permita elecciones, no solo transparentes y justas, sino que sus resultados se cumplan y se garantice el ejercicio libre de quien resulte electo.
“Ello solo será posible en la medida en que se respete (desde el gobierno de Nicolás Maduro) a la oposición representada en los diputados de la AN de 2015, opositores en general y diferentes actores políticos que conforman la disidencia al gobierno de Maduro”, agrega.
Respetar resultados electorales
González-Lobato advierte además que de nada sirve que se creen condiciones a partir de un nuevo ente comicial y se garanticen unos resultados electorales, si luego desde Miraflores, por ejemplo, se designan “protectores” en los estados donde la oposición gane la gobernación, tal como ocurrió luego de los comicios regionales de 2017.
Similar situación se presentó con la AN de 2015, a la que el TSJ le anuló todas sus competencias, mediante sucesivas sentencias que partieron de un supuesto desacato por juramentar a los tres diputados de Amazonas.
En este sentido señala la importancia de que eventuales acuerdos abarquen el respeto posterior a la soberanía popular, por parte del Gobierno.
Insistir
Ante la proximidad de una elecciones regionales que deben celebrarse este año, de acuerdo con la Constitución, algunos dirigentes de partidos que integran el G4, como AD y PJ, han expresado la disposición a presionar por la conquista de garantías electorales y postular candidaturas.
El dirigente Henrique Capriles lo intentó sin éxito para las parlamentarias del 6 de diciembre, con la mediación de alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell y del gobierno de Turquía. Pese a ello, declaró recientemente que se debe insistir con las negociaciones para lograr una salida pacífica y electoral a la crisis del país.
“Las elecciones del 6 de diciembre de 2020 han permitido que el oficialismo avance y con ello el gobierno de Maduro vaya hacia una deriva totalitaria que hay que frenar, una vía para ello es un proceso electoral en el que participe el mayor número de partidos como expresión de la pluralidad de la disidencia y vote la mayoría de los venezolanos”, apunta González-Lobato.
Oposición debe revisar
Frente a dichas posturas está la oposición representada por Juan Guaidó, quien insiste en que no negociará con Maduro, nada que no implique su salida a través de elecciones presidenciales justas y verificables.
A juico de Jácome, tal posición debe ser revisada para evitar que la oposición vaya a comicios dividida y termine más fragmentada de lo que ya está.
“Hay liderazgos locales y regionales que quieren preservar los espacios y conquistar otros, ellos también deben ser escuchados, por lo que el diálogo no solo es con el Gobierno, también debe darse a lo interno de la oposición”, afirma.
González- Lobato recomienda además el fortalecimiento de los partidos políticos para generar confianza en la ciudadanía que los sigue, decidir en unidad (entre ellos y con la sociedad civil) qué hacer ante próximas elecciones y ofrecer alternativas sobre cómo superar las adversidades que se presenten en ese camino.
La exconsultora jurídica del CNE, aboga porque los acuerdos políticos entre chavismo y oposición abarquen también resultados parciales en el tema social y humanitario, para que los principales problemas que enfrenta la población, especialmente los más vulnerables, sean atendidos, mientras se supera la crisis política. Aunque advierte que las soluciones definitivas dependen del cambio político.