La Asamblea Nacional (AN) rechazó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declaró nula la reforma parcial del Reglamento Interior y de Debates. Y a su vez acusó diputados, que introdujeron el recurso en el máximo juzgado, de estar involucrados en la llamada “operación alacrán” que busca sobornar a legisladores a cambio de que no voten por la ratificación de Juan Guaidó como presidente del Parlamento el próximo 5 de enero.
“Pretende la Sala Constitucional desconocer la competencia constitucional que tiene de manera exclusiva la Asamblea Nacional para dictar sus propias normas de funcionamiento. La reforma sancionada vigente tiene su causa en la persecución que desde ese mismo TSJ se ha emprendido contra ya más de 30 diputados electos soberanamente por el pueblo”, inicia el texto publicado este viernes 20 de diciembre.
“Mediante juicios nulos e inconstitucionales que violan la inmunidad parlamentaria, el ilegítimo TSJ -como brazo ejecutor de la represión del régimen- persigue, enjuicia, detiene u obliga a diputados principales al exilio, para que no puedan ejercer la representación que el pueblo venezolano les dio”, prosigue el comunicado.
El Parlamento señala que dicha “artimaña” va de la mano con la compra de las conciencias de algunos diputados que han traicionado a sus electores y pretenden incorporarse en las sesiones del parlamento e impedir que los legisladores perseguidos puedan ejercer su derecho al voto, “en evidente coordinación con el régimen usurpador“.
En ese sentido, acusa a los parlamentarios José Gregorio Noriega (expulsado de Voluntad Popular), Luis Parra y José Brito y Conrado Pérez (excluidos de Primero Justicia) yAdolfo Superlano (independiente) todos principales; además de Leandro Domínguez (independiente) y Jesús Gabriel Peña (suplentes de Carlos Lozano y Biagio Pillieri) de “traicionar la causa de la libertad”.
“Son algunos de ellos los que acudieron al ilegítimo TSJ del régimen para que dictara la inconstitucional sentencia. Ellos traicionan al voto del pueblo venezolano al haberse prestado para que se pretenda cambiar la composición política de la Asamblea Nacional”.
El Parlamento también recordó que el TSJ usa “un desacato inexistente” desde 2016 para anular todos los acuerdos y leyes aprobados por la AN, además de “convocar inconstitucionalmente” a una Asamblea Nacional Constituyente para tener su propio Parlamento, “el que no obtuvo con el voto del pueblo”.
“Al haber fracasado (el Gobierno), apela de nuevo ahora a su TSJ ilegítimo para perseguir diputados, tratar de anular la reforma parcial del reglamento interno y tratar de incorporar en las votaciones futuras a diputados sin principios. Es parte de la denunciada Operación Alacrán“, se enfatizó.
También se advirtió que desde el seno de la AN están conscientes de que dicha trama de soborno continuará pero que no permitirán que la composición política del Parlamento sea modificada “mediante la trampa y la publicación de irritas sentencias”.
“Los diputados que son objeto de persecución inconstitucional, ejercerán la representación parlamentaria que el pueblo les dio y, el próximo 5 de enero de 2020, la gran mayoría de los diputados demócratas ratificarán a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República en virtud de la usurpación que persiste”, finaliza el comunicado.