Desde que se firmaran los acuerdos de Barbados el 17 de octubre de 2023, tanto voceros del chavismo madurismo como de la oposición, especialmente los primeros, han tratado de posicionar ante la opinión pública la interpretación de lo pactado de acuerdo con sus intereses y estrategia política de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
El contraste de versiones y análisis sobre los puntos de los acuerdos giran alrededor de puntos polémicos como la incidencia en el tema de las inhabilitaciones políticas, específicamente con el caso de la ganadora de las primarias opositoras, María Corina Machado, y otros aspectos en los que hay acusaciones mutuas de violaciones o demora en el cumplimiento de lo pactado, con la mediación de Noruega.
Cuáles son esos puntos y lo que las delegaciones negociadoras de Miraflores y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), encabezadas por Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, alegan:
Selección de candidatura presidencial
El punto uno del acuerdo sobre derechos políticos y garantías electorales establece: Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos atendiendo a lo establecido en la Constitución y la ley.
La PUD en este punto sostiene que el mecanismo que usó la oposición para escoger a su candidato presidencial fueron las primarias celebradas el pasado 22 de octubre de 2023, en las que resultó ganadora Machado, por lo tanto, según el acuerdo, tanto el procedimiento utilizado como sus resultados deben ser respetados por el gobierno nacional y el chavismo madurismo en general.
Esto implica, de acuerdo con la oposición, que se respete el derecho de la dirigente de Vente Venezuela a la participación política y de elegir y ser elegida, consagrados en la Constitución nacional, es decir, que no se pongan obstáculos a la inscripción de su candidatura presidencial para los comicios de este 2024.
¿Qué dice el chavismo madurismo? Tanto Rodríguez como el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, el acuerdo sobre derechos políticos y garantías electorales de Barbados no dice expresamente que se le debe levantar la inhabilitación política a Machado, impuesta por la Contraloría General de la República (CGR) ni a ningún otro dirigente sancionado.
El poder político no se quedó en palabras. El viernes 26 de enero, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la inhabilitación contra Machado impuesta por la CGR sin previo aviso a la aspirante a Miraflores y sin derecho a la defensa. La sentencia surgió a partir de una revisión de las medidas iniciada por el TSJ en el mes de diciembre de 2023, por presión de los Estados Unidos que mantiene negociaciones directas con Miraflores y había flexibilizado sanciones desde octubre.
La PUD denunció violación de este punto del acuerdo de Barbados en voz de Blyde: «Exigimos que la decisión sea revertida por haberse violado el procedimiento. El procedimiento era un juicio, no un paredón (…) Uno podía esperar que no aceptaran la cautelar, pero accedieran al juicio, ¿Pero negar el juicio? Se comieron todo el proceso. Eso no era esperable», rechazó el exdiputado nacional el 27 de enero.
Chavismo: Machado no cumple requisitos
Para mantener la inhabilitación contra Machado, el poder político en Miraflores se apoya en el literal M del punto 3 sobre garantías electorales del acuerdo sobre derechos políticos y electorales.
«M. Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con requisitos establecidos para participar en la elección presidencial consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana».
Rodríguez y Cabello declararon el lunes 29 de enero que la decisión del TSJ debe acatarse porque Machado incurrió en «delitos» contra el país señalados en la sentencia (pedir sanciones y participar en el «despojo» de los activos de la República en el exterior) que le impiden postularse para competir por la jefatura de Estado y no «hay derecho a pataleo».
Es decir, según el Psuv, Machado no cumple con los requisitos para ser candidata, pese a que la sanción en su contra no obedecen, de acuerdo con la defensa, a un debido proceso en la CGR y que de hecho nunca existió. De allí que Machado no solicitara al TSJ una revisión de la medida porque no existía y que el alto juzgado lo confirmara, además de restituirle sus derechos políticos.
«Lo del TSJ es cosa juzgada, los invito a que cerremos ese capítulo y miremos hacia el futuro. Intentemos reanimar el acuerdo de Barbados, ya no hay nada más que hablar de eso», dijo Rodríguez el 28 de enero en rueda de prensa.
¿Qué más denuncia el chavismo?
En cada una de sus declaraciones sobre el tema, Rodríguez también insiste en que los adversarios del gobierno de Maduro incumplen otros aspectos del punto 3 del acuerdos sobre derechos políticos y electorales de Barbados, concretamente los literales E y F.
El E reza: «Promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo sin injerencias externas con respeto a la ciudadanía, los actores políticos, la Constitución y las leyes del país».
Mientras que el F: «Las partes rechazan cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, paz de Venezuela.
A juicio de los voceros del Psuv, las supuestas cinco conspiraciones detectadas entre mayo y diciembre de 2023 contra la gestión de Maduro, dirigidas a derrocar al gobierno y provocar violencia en el país antes de las presidenciales atentan contra lo pactado en Barbados. Blyde en nombre de la PUD se desligó y rechazó tales planes conspirativos en caso de existir, puesto que consideró que no se han presentado suficientes pruebas creíbles.
También, se alega, por la intevención de Estados Unidos al amenazar con revertir la flexibilización de sanciones internacionales si no se habilita a Machado (dio un plazo hasta el 18 abril).
«A estas alturas ya deberían saber que no aceptamos su injerencia, no se metan en nuestros asuntos se los digo con suficiente serenidad y parsimonia, estaremos atentos a las acciones que tomen en los próximos días que se consideren agresivas. Si hay alguna acción agresiva nuestra respuesta será serena, reciproca y enérgica», advirtió Rodríguez antes de que el Departamento de Estado de EEUU diera a conocer dicho plazo.
Piden garantías para Maduro
Según Rodríguez, otra violación al Acuerdo de Barbados sería el hecho de que por los supuestos planes conspirativos en su contra, Maduro no tendría libertad para recorrer el país como parte de su campaña electoral para la reelección, porque «su vida correría peligro»
Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 cita el literal H del punto 3 del acuerdo: «Requerir a las autoridades competentes la adopción de medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos en todo el territorio nacional. Las partes promoverán que sea levantada cualquier medida que pueda afectar la seguridad de los candidatos y otros actores políticos».
Según declaraciones de Rodríguez y debates al respecto en la AN de 2020, se atenta igualmente contra lo pactado en Barbados al insistir el Parlamento de 2015 en mantener el control de activos de la República en el exterior, entre ellos Citgo, por autorización de EEUU.
Asimismo, reclaman que la oposición tampoco ha cumplido lo acordado sobre la defensa del territorio Esequibo, en disputa con Guyana, al apoyar que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tenga jurisdicción para conocer sobre el diferendo limítrofe.
El 17 de octubre, gobierno y oposición, además del acuerdo sobre derechos políticos y electorales suscribieron un segundo acuerdo relacionado con la protección de los intereses vitales de la nación en relación con los activos de la república en el exterior que se comprometieron a defender y la defensa de la integridad territorial venezolana y la soberanía nacional en la disputa con Guyana por el Esequibo.
Oposición: Hay otras deudas
La oposición al gobierno de Maduro, expertos electorales y analistas políticos también resaltan otros puntos acordados en Barbados que el poder político en Miraflores a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) que preside Elvis Amoroso, aseguran, se ha negado a cumplir desde la firma del 17 de octubre de 2023.
Las «deudas» del chavismo madurismo con el acuerdo de Barbados están señaladas en el párrafo B y D del punto 3 del acuerdo sobre derechos políticos y electorales, como son:
«B. Ejecución de la actualización del Registro Electoral» y «D. Solicitud de invitación a misiones técnicas de observación electoral acordadas incluida la Unión Europea, el panel de expertos de la ONU, la Unión Africana, Unión Interamericana de Organismos Electorales y Centro Carter».
Al no haber cronograma electoral, se desconoce la fecha de las elecciones presidenciales, que según el párrafo A del punto 3 del acuerdo, deben hacerse en el segundo semestre de este año. Misiones de observadores internacionales, en este caso de Naciones Unidas piden al menos recibir invitaciones para un proceso electoral con al menos cuatro meses de anticipación, otras como la de la Unión Europea solicitan que sean seis meses antes.
Si el CNE convoca comicios de manera acelerada dicha observación internacional quedaría comprometida. Antes, Rodríguez había «jurado» que ninguna misión técnica de observación electoral de la UE entraría al país debido a la renovación de las sanciones internacionales por parte de dicho bloque regional en 2023 contra el gobierno de Maduro, por violaciones de derechos humanos y «socavar la democracia».
Politólogos como Luis Rendueles señalan que la sentencia contra Machado pudiera indicar que el chavismo se propone hacer elecciones pronto y si la fecha fijada es antes del segundo semestre violaría el Acuerdo de Barbados. Expertos como Jesús Castellanos Vásquez sostienen que para que las etapas del cronograma electoral puedan cumplirse sin apuros, en aras de un proceso electoral con garantías, los comicios deberían celebrarse entre octubre y diciembre de 2023.
ONG como Voto Joven y Súmate y dirigentes juveniles de partidos políticos también han exigido al CNE jornadas de actualización del Registro Electoral dentro y fuera del país que permita la inclusión de 6 millones de electores que están fuera del padrón de votantes para los comicios presidenciales. Castellanos Vásquez y el exconsultor jurídico del CNE, Celiz Mendoza, advirtieron que si no se abren esas jornadas desde ya, antes de convocarse a elecciones, dicho objetivo será imposible.
Seguimiento del acuerdo
En recientes declaraciones, Blyde también indicó que el mecanismo de seguimiento y verificación del acuerdo previsto en el punto 5 no se había puesto en marcha desde la firma de octubre, cosa que debería estar ocurriendo, reclamó, por las violaciones en las que ha incurrido el gobierno y el TSJ.
A petición del mediador Noruega, la delegación de Miraflores aceptó el 29 de enero instalar la comisión de verificación y seguimiento de «manera perentoria». Rodríguez aseguró que tenía muchas «pruebas» que mostrar a la facilitación y a la PUD sobre los supuestos planes conspirativos contra el gobierno, que ratificó, violan lo pactado en Barbados.