A más de un mes de la firma del acuerdo político, en Barbados, son pocas las concesiones en las que ha avanzado el gobierno de Nicolás Maduro pese al “alivio” de sanciones que ofreció Estados Unidos.
El gesto más evidente y público fue la liberación de los presos políticos Juan Requesens, Roland Carreño, Marco Antonio Garcés Carapaica y Eurinel Rincón la noche del jueves 19 de octubre. Esto después de que la administración estadounidense otorgara licencias que autorizan transacciones relacionadas con el sector de petróleo, gas y oro en Venezuela.
La flexibilización fue tan amplia que el experto en economía energética Francisco Monaldi manifestó que parecía más bien un levantamiento temporal de las sanciones petroleras.
Luego se dio un paso en materia de garantías electorales, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), con una jornada especial para la inscripción y actualización del Registro Electoral (RE), pero el esfuerzo no duró más de 15 días y finalmente fue suspendido por la convocatoria del referendo consultivo sobre el Esequibo, según informó el rector Juan Carlos Delpino.
La última señal significativa que dio el chavismo, en el marco de la negociación, fue no obstaculizar la elección primaria del 22 de octubre en la que María Corina Machado resultó electa como candidata presidencial de la oposición.
El propio jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco “Paco” Palmieri, considera la primaria como una “resulta muy importante del acuerdo de Barbados”.
Retrocesos en el acuerdo político
Sin embargo, solo ocho días después de las elecciones de la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió “todos los efectos” de ese proceso por supuestos “actos inconstitucionales e ilegales”.
El Ministerio Público citó a los representantes de la Comisión Nacional de Primaria y a los presidentes de las juntas regionales de la primaria en calidad de “investigados”. Aún se desconoce el alcance de este proceso y las repercusiones que puede tener para los involucrados.
La judicialización de la primaria no fue el único revés, el chavismo también cerró la puerta a la Misión de Observación de la Unión Europea luego de que prorrogara las sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano.
Las inhabilitaciones a opositores, como Machado, tampoco han sido levantadas. Si bien el acuerdo establece que “se promoverá la autorización de todos los candidatos presidenciales y los partidos políticos”, el chavismo insiste en que la abanderada de la Plataforma Unitaria no cumple con los extremos legales y constitucionales.
El referendo sobre el Esequibo, además, puso en pausa otras garantías contenidas en el acuerdo, como declaró el integrante de la delegación opositora para la negociación Stalin González, en entrevista concedida a Televen y transmitida este domingo 26 de noviembre.
“Hay una coyuntura interna, que es el referendo sobre el Esequibo, y eso atrasa unos días la ejecutoria del tema electoral de cara al año 2024 como es la fecha exacta de la elección, la convocatoria, la apertura del RE, las auditorías del sistema porque hay otra elección en el camino”, dijo el político.
A pesar de que hubo algunas excarcelaciones, la candidata María Corina Machado dijo, en entrevista con Ntn24, que se acordó dejar en libertad a 25 presos políticos, en una primera fase. Esto no ocurrió y, por el contrario, se sumó recientemente la detención de Nelson Piñero, activista de Encuentro Ciudadano.
Ante la ausencia de «gestos de buena voluntad», el gobierno estadounidense insiste en que el alivio de las sanciones puede desmontarse si no hay resultados antes del próximo 30 de noviembre, lo que ha generado altas expectativas sobre lo que puede ocurrir una vez expire este «deadline».
Estos son los puntos que las partes acordaron cumplir en el acuerdo sobre derechos políticos y garantías electorales firmado en Barbados:
1️⃣ Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos atendiendo a lo establecido en la Constitución y la ley.
2️⃣ Las partes promoverán de manera conjunta, ante el CNE, un conjunto de garantías electorales para todos los actores para el venidero proceso comicial presidencial teniendo como base lo previsto en la Constitución, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y demás normas aplicables.
3️⃣ Las garantías electorales a las que hace referencia este acuerdo parcial incluirán los siguientes aspectos:
A.- Proponer que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre de 2024 atendiendo al cronograma constitucional.
B-Ejecución de la actualización del Registro Electoral.
C.- Desarrollo de todas las auditorias previstas en el sistema electoral venezolano.
D.- Solicitud de invitación a misiones técnicas de observación electoral acordadas incluida la Unión Europea, el panel de expertos de la ONU, la Unión Africana, Unión Interamericana de Organismos Electorales y Centro Carter.
E.- Promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo sin injerencias externas con respeto a la ciudadanía, los actores políticos, la Constitución y las leyes del país.
F.- Las partes rechazan cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, paz de Venezuela.
G.- Exhorto a todos los actores políticos y funcionarios públicos para respetar y cumplir normativa electoral y las decisones del CNE durante el desarrollo de la campaña.
H.- Requerir a las autoridades competentes la adopción de medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos en todo el territorio nacional. Las partes promoverán que sea levantada cualquier medida que pueda afectar la seguridad de los candidatos y otros actores políticos.
I.-reconocimiento del derecho de actores políticos a disponer de mecanismos de financiamiento transparente que aseguren la pulcritud en su origen y manejo sin más limitaciones que las previstas en la Constitución.
J.-Promoción del equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados así como asegurar igualdad de todos los candidatos en el acceso a medios de comunicación nacionales e internacionales así como en espacios públicos bajo la administración del Estado.
K.-Se promoverá participación de todos los medios de comunicación en la cobertura de la campaña electoral conforme a lo previsto en la ley y los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.
M.-Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con requisitos establecidos para participar en la elección presidenciales consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana.
N.-Reconocimiento público de los resultados de los comicios presidenciales.
4️⃣ Las partes procuran que las condiciones electorales a las que hace referencia este acuerdo sean aplicables para el resto de los procesos electorales que correspondan desarrollar conforme al cronograma constitucional de elecciones.
5️⃣ En concordancia con el punto siete de la agenda acordada en el Memorándum de Entendimiento las partes han definido un mecanismo de seguimiento y verificación conforme a las pautas que rigen el proceso de negociación.
6️⃣ En el marco de la agenda acordada las partes continuarán el proceso de diálogo y negociación en relación con otras medidas orientadas al fortalecimiento de una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política, así como respeto a los derechos humanos, entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano.