Las detenciones arbitrarias vinculadas al expiloto del Cicpc, Óscar Pérez, y a su grupo, suman 31 de acuerdo a la denuncia de la comisión parlamentaria que investiga el caso, este 22 de enero. Los nombres de los privados de libertad no fueron revelados a la prensa a petición de las víctimas.
La parlamentaria y presidenta de la comisión, Delsa Solórzano, alertó que familiares y conocidos de los funcionarios sublevados reciben “serias amenazas” desde el pasado 15 de enero cuando se ejecutó el operativo militar y policial que acabó con la vida de Pérez y sus seis acompañantes en El Junquito.
“Incluso los que fueron empleadores de las personas asesinadas temen por su seguridad, éstas personas requieren de protección”, declaró Solórzano.
La representante del Poder Legislativo señaló que las actas de defunción que señalan que seis de los siete fallecidos recibieron disparos a la cabeza revelan un patrón de ejecución y adelantó que fueron solicitadas nuevamente las actas forenses de los ejecutados para conocer los detalles de sus muertes.
El número de desapariciones forzadas que manejaba la Asamblea Nacional, pasó de seis a dos casos, pues lograron dar con el paradero de cuatro ciudadanos quienes estarían recluidos en centros penitenciarios, precisó la diputada Adriana Pichardo.
Seis desapariciones forzadas de gente vinculada con Óscar Pérez denuncian diputados
La participación del líder del colectivo Tres Raíces, Heiker Vásquez, sigue siendo una interrogante, apuntó Solórzano. “Fue violado el artículo 34, en su numeral octavo, de la Ley de Servicio de Policía que señala que todos los cuerpos de investigación penal deben resguardar el lugar donde haya ocurrido el hecho punible e impedir que las pruebas desaparezcan, y podemos dar fe de que el lugar del suceso en El Junquito fue completamente destruido”, manifestó.
Añadió que un grupo de peritos y funcionarios retirados y activos están haciendo la reconstrucción documental del suceso que será registrada en el informe final de la comisión frente a la omisión que mantiene el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
La comisión no ha podido probar si en efecto, Pérez y su grupo planeaban un magnicidio contra el Presidente de la República como afirmó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. “Todo ciudadano es inocente hasta que se compruebe lo contrario, pero si es cierto que éstas personas incurrieron en delito, las autoridades debieron capturarlos y ponerlos a la orden de la justicia, y no asesinarlos”, sentenció.
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