El Ministerio Público (MP) se mantiene en silencio. Ni una sola palabra ha declarado el funcionario designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, a 106 horas (cuatro días y medio) de la muerte del exagente policial Óscar Pérez, pese a las denuncias de uso excesivo de fuerza letal y de ejecución extrajudicial contra siete personas en un operativo policial y militar ejecutado el 15 de enero en El Junquito, Distrito Capital.
La omisión tiene responsabilidades penales, sentenció el diputado de la Asamblea Nacional y constitucionalista Juan Miguel Matheus, pues la Constitución, en su artículo 285, establece que la obligación de la Fiscalía de “ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración”.
“La Fiscalía está permitiendo que un tribunal militar usurpe sus funciones. La Defensoría del Pueblo tampoco cumple con su función de acompañar a las víctimas de la violación de derechos fundamentales”, rechazó el parlamentario.
El texto constitucional también señala que el MP tiene la atribución de garantizar el respeto de los derechos y garantías en los procesos judiciales.
“El Gobierno quiere que la Fiscalía militar silencie al Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al que pertenecía Pérez) para que no actúe de acuerdo con sus competencias legales, porque tiene entre sus potestades adelantar las diligencias de investigación para aportar elementos probatorios”, denunció Matheus.
De igual modo subrayó que los directores de los componentes involucrados en el operativo, así como el ministro de Interior, Justicia y Paz, General Néstor Reverol, y el presidente de la República, Nicolás Maduro, son igual de responsables que los funcionarios que actuaron.
Pérez y su grupo fue acusado de planear un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, el Vicepresidente, el Fiscal designado por la ANC y el primer vicepresidente del Psuv, según aseveró el ministro de Comunicación e Información Jorge Rodríguez.
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