Por primera vez en la historia contemporánea de Venezuela un gobernante tomará posesión del cargo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no ante la Asamblea Nacional, expresión de la representación popular, como establece el artículo 231 de la Constitución.
Un hecho inédito que solo tiene un antecedente en enero de 2013, cuando la Sala Constitucional acudió a la tesis de la “continuidad administrativa” para no exigirle al entonces presidente Hugo Chávez -quien se encontraba ausente del país por motivos de salud- juramentarse.
El supuesto desacato del Parlamento es la razón que esgrime Nicolás Maduro para hacer el juramento ante el máximo tribunal que encabeza Maikel Moreno.
Se espera que el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) acuda el día siguiente, 11 de enero, a “subordinarse” ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y transcendió que los parlamentarios, electos por el pueblo, no tendrán acceso a los espacios del Palacio Legislativo, tomados por la Guardia Nacional Bolivariana, hasta el lunes 14 de enero.
El mandatario se convertirá así en el primer Presidente de la República desconocido por el Parlamento, la Iglesia católica y más de 40 países principalmente integrantes del Grupo de Lima y Unión Europea.
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La consecuencia del desconocimiento es la usurpación de funciones que advierte la Asamblea Nacional. Ante este escenario, la comisión parlamentaria en Defensa de la Constitución prepara un anteproyecto de Ley para la Transición que establece la designación de nuevas autoridades en el Poder Electoral, el Poder Judicial y el Poder Ciudadano y la instalación de un “consejo de transición”.
AN prepara anteproyecto de Ley de Transición ante “usurpación de la Presidencia”
Desconocimiento internacional
Solo cuatro presidentes han confirmado su asistencia a la toma de posesión de Maduro: Bolivia, Cuba, Osetia del sur y El Salvador. El Gobierno de Turquía informó que enviará una representación diplomática, al igual que Rusia, y el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) también asistirá.
Paralelamente, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) plantea debatir el mismo 10 de enero, una resolución en la que exhortan a sus estados miembros a “adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la restauración del orden democrático en Venezuela”.
El documento también establece:
1.- Hacer un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías.
2.- Invitar a los estados miembros de la OEA a implementar medidas para atender la crisis humanitaria en Venezuela y en los Estados afectados a través de contribuciones a las organizaciones internacionales y regionales apropiadas.
3.- Urgir al régimen venezolano que permita el ingreso de ayuda humanitaria.
4.- Demandar la inmediata liberación de los presos políticos.
Mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Josep Borrell, adelantó que crearon un grupo de contacto para Venezuela que impulse una solución política a la crisis.
La ruptura de relaciones diplomáticas fue una advertencia inicial del Grupo de Lima; sin embargo, el Frente Amplio Venezuela Libre pidió a la comunidad internacional considerar el retiro de sus representaciones diplomáticas para que sean testigos de lo que ocurre en el país.
Hasta este miércoles, 9 de enero, el gobierno de Perú es el único que ha prohibido expresamente a Maduro y a otras 93 personas más el ingreso a su territorio después del 10 de enero.
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