Tras las sanciones de la reforma parcial Ley Orgánica de Hidrocarburos, las leyes de Amnistía, de Minas y de Aceleración de Trámites, la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos (todas propuestas por el Ejecutivo encargado) sería la próxima en la fila para su segunda discusión y aprobación final en la Asamblea Nacional (AN) dominada por el chavismo.
El presidente de la subcomisión de Finanzas, diputado (Psuv) Fernando Bastidas, indicó que el proyecto de ley aprobado en primera discusión el 22 de enero será llevado nuevamente a plenaria en los próximos días para la sanción artículo por artículo.
En entrevista con VTV, el diputado sostuvo que la ley forma parte de una estrategia del gobierno encargado de Delcy Rodríguez para “salvaguardar” la economía familiar, porque establece “mecanismos de protección” contra “condiciones especulativas que sectores inescrupulosos pretenden imponer en el mercado nacional”.
El nuevo instrumento legal de 96 artículos sustituye el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos del año 2015 y crea el Sistema Nacional de Observación de Precios entre Estado y agentes económicos, como sustituto de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
Durante la primera discusión en la cámara, el Psuv destacó que el texto legal viene a prometer el acceso a bienes y servicios de calidad para la población venezolana en el momento oportuno y a precios adecuados. También se aseguró de que contribuirá a la defensa del salario.
Vale recordar que la gobernante encargada prometió un “aumento responsable” del ingreso de los trabajadores, el pasado 8 de abril, sin especificar si se trata del salario mínimo, anclado en solo 130 bolívares, o de una bonificación.
Alerta de “escasez”
El diputado Bastidas mencionó que el texto legal contempla comités de usuarios cuya tarea será “supervisar” para evitar prácticas abusivas. Dichos comités deberán trabajar de manera coordinada con organizaciones de base del llamado poder popular.
“Es un punto de encuentro entre el Estado y los agentes económicos fijar los precios de mutuo acuerdo, a fin de garantizar el acceso a la población, pero también la sostenibilidad del hecho productivo. En ningún momento el Estado busca que alguien produzca o venda por debajo de los costos de producción. Tenemos que garantizar la rentabilidad razonable porque eso también me garantiza mercancía en los anaqueles”, expuso el diputado (Psuv) Ramón Lobo durante la primera discusión.
Lobo advirtió que la ley contempla un esquema sancionatorio si bien es punitivo, se “adapta” a las circunstancias de búsqueda de acuerdos.
El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, agregó en defensa de la nueva normativa que se despenalizan conductas tipificadas en la Ley de Precios Justos que pasan a ser sancionadas como “infracciones administrativas” y se reduce la discrecionalidad de los funcionarios para decidir medidas como ocupación o cierre temporal de los establecimientos, por cuanto la máxima autoridad de la Superintendencia es la que debe decidir al respecto.
En su momento, la bancada del grupo Libertad, integrada por Unión y Cambio y Un Nuevo Tiempo (UNT), alertó que si el Estado se excede de nuevo en su capacidad de fijar precios, terminará “matando la oferta” y, en consecuencia, se generará escasez.
Otra ley en espera, de acuerdo con el diputado Bastidas, es la Ley de Armonización Tributaria, la cual también ha sido priorizada por el interinato. En su alocución del 8 de abril, Delcy Rodríguez anunció la creación de un Consejo Nacional de Economía para diseñar un nuevo modelo tributario.