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Declarar como de facto al Gobierno de Nicolás Maduro; convocar una consulta popular para que los ciudadanos se pronuncien sobre el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente; declararse en emergencia y convocar un Consejo Consultivo, son las recomendaciones que realizaron los profesores de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela a la Asamblea Nacional en un documento titulado «10 de enero el despotismo apunta a la disolución de la República«.

Los docentes de Derecho Constitucional se pronunciaron a través de una lectura colegiada y solemne del documento en la que manifestaron sus temores y sugirieron las acciones que pudiera adelantar la Asamblea Nacional y la ciudadanía en general.

Ante la eventual juramentación de Nicolás Maduro Moros para un nuevo período constitucional, prevista para el 10 de enero, los diecisiete catedráticos firmantes  consideran necesario «colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”.

Los abogados insisten en la «sistemática violación de la Constitución que se ha magnificado por los actos de usurpación que socavan al Estado de Derecho y al Régimen de Libertades Públicas, lo que ha implicado una derogatoria material del Texto Fundamental».

Entre sus recomendaciones está convocar una consulta popular en que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre el ilegitimo e inconstitucional funcionamiento del cuerpo que pretende ser una Asamblea Nacional Constituyente, el cese de sus
actividades y, en especial, el rechazo a todos los viciados actos que ha dictado.

El documento indica que ha ocurrido un desconocimiento de la voluntad popular
mediante un fraude continuado, selectivo y masivo; se ha obstaculizado el ejercicio de la soberanía popular y de los procesos electorales por parte del Consejo Nacional Electoral, órgano en el que la mayoría de los rectores tienen el período vencido».

Actos arbitrarios del TSJ

El texto realiza un repaso por lo que los firmantes consideran actos arbitrarios que califican como «una violación sistemática de la Constitución».

Se mencionan las sentencias 155-17 y 156-17 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia;  la anulación funcional de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo, recoge la brutal y sangrienta represión desatada contra el pueblo por los cuerpos de seguridad del Estado; la desaparición forzada de personas; las detenciones arbitrarias e ilegitimas y la práctica de someter a los ciudadanos a la jurisdicción militar, en abierta contradicción con la garantía a un debido proceso.

Se refieren igualmente a la censura a los medios de comunicación social,  la aniquilación de una prensa libre y la convocatoria de la espuria Asamblea Comunal Constituyente mediante los Decretos NOS 2830 y 2831 del 1º de mayo de 2017, publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6295.

También se realiza un llamado explícito a los ciudadanos, organizaciones sociales y partidos políticos y pide que asuman «el deber republicano que deriva de los artículos 138, 333 y 350 de la Constitución que habilita a cualquier ciudadano, esté investido o no de autoridad, para asumir la defensa, protección y garantía de la constitucionalidad. Por tanto el liderazgo político del país se debe unir y movilizar para activar a la sociedad democrática en la defensa de la institucionalidad y sus propios derechos fundamentales».

Un Estado forajido y fallido

Las actuaciones del Estado venezolano, producto de la usurpación, han
trasladado a las autoridades encabezadas por Nicolás Maduro al plano de un Estado
forajido, por cuanto se ubica en el sistemático desconocimiento de la constitucionalidad y de la legalidad y fallido al mostrar la más absoluta incapacidad para atender las competencias que le son propias y que ha impulsado a millones de compatriotas a migrar.

«Estamos en presencia de un daño profundo por estos años de depredación,
barbarie y de oscurantismo que rebasa lo material. Planteamos el rescate del alma
nacional que implica el desafío ciudadano por alcanzar el máximo grado de
solidaridad y compromiso por un futuro distinto, como reto moral que compromete a
todos»

El comunicado llama a tomar las medidas que permite el Derecho Internacional Humanitario así como aquellas dirigidas a eliminar la situación de riesgo y conflictividad que derivan de una permisiva relación con la dictadura
usurpadora que ha destruido a Venezuela.

Por otra parte, plantea velar por el cumplimiento de los Tratados Internacionales; proteger los bienes de la República de Venezuela que han sido depredados por los usurpadores  y presionar al régimen de facto por todos los medios permisibles para que se cumpla el instrumento contentivo de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El documento completo disponible aquí