Trump y Delcy, dos tutelajes sobre Venezuela: ¿Y el pueblo?

La historia contemporánea de Venezuela dio un vuelco irreversible el 3 de enero de 2026. La captura y salida de escena de Nicolás Maduro no solo desarticuló la estructura de poder que había regido al país durante más de una década, sino que inauguró un complejo e inédito laboratorio político. 

Hoy, la realidad venezolana está definida por una doble tracción geopolítica y doméstica: el tutelaje externo ejercido por la administración estadounidense de Donald Trump y el tutelaje interno que intenta consolidar Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada del país.  

Ambas fuerzas, con motivaciones radicalmente distintas, ensayan una cohabitación pragmática enfocada en controlar una eventual transición. Mientras tanto, en el fondo del escenario, la sociedad civil venezolana observa el tablero, atrapada entre la fatiga de una crisis crónica y la cautelosa expectativa de un cambio que altere sus precarias condiciones de vida.  

El evento del 3 de enero de 2026 reconfiguró de inmediato la política exterior de la Casa Blanca hacia el hemisferio sur. Lejos de la doctrina de “presión máxima” o del dilema ideológico de administraciones previas, el regreso y consolidación de Donald Trump ha impuesto un modelo de tutelaje marcadamente pragmático, comercial y transaccional. Para Washington, el reconocimiento oficial del gobierno interino de Delcy Rodríguez, formalizado en marzo de 2026, no responde a una validación democrática tradicional, sino a una estrategia de estabilización de costos y beneficios. 

Dique de contención 

Los pilares de este tutelaje estadounidense se sostienen sobre tres vectores fundamentales:  El objetivo inmediato tras la captura de Maduro fue evitar el caos institucional, la fragmentación de las Fuerzas Armadas en carteles autónomos y una nueva oleada migratoria masiva que impactara las fronteras estadounidenses. El reconocimiento de Rodríguez funcionó como un dique de contención para preservar un interlocutor único en Caracas.  Bajo el enfoque transaccional de Trump, Venezuela ha dejado de ser vista únicamente como un problema de seguridad para volver a ser tratada como un proveedor energético clave. 

La reactivación del espacio aéreo comercial, ordenada de forma exprés por Trump, y las reformas exprés a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley Orgánica de Minas en Venezuela, abren las puertas al capital privado internacional, permitiendo que corporaciones occidentales operen con una laxitud regulatoria sin precedentes. 

Y adicionalmente, Washington utiliza su capacidad de asfixia o alivio de sanciones como el mecanismo definitivo de tutela. No se exige una democratización inmediata ni perfecta; se exige alineación energética, contención migratoria y el desplazamiento paulatino de las influencias más hostiles de Rusia, China e Irán en los asuntos estratégicos del Caribe.

Supervivencia

En el plano doméstico, Delcy Rodríguez se enfrenta al reto de su vida política: construir legitimidad interna y cohesión en un ecosistema chavista huérfano de su líder histórico y fragmentado en diversas facciones militares y civiles. Su modelo de tutelaje interno busca tutelar la transición de adentro hacia afuera, asegurando la supervivencia del grupo gobernante frente a cualquier apertura política. 

La estrategia de Rodríguez para pilotar el país y controlar la transición se articula a través de tres mecanismos defensivos y de control. Al carecer del carisma de Hugo Chávez o del control territorial directo que manejaba Maduro, Rodríguez ha apostado por el pragmatismo económico. 

Su gestión promueve una apertura minera y petrolera agresiva (evidenciada en el Arco Minero del Orinoco y nuevas concesiones de gas). Al mutar el modelo hacia un capitalismo de Estado laxo, Rodríguez busca seducir a sectores empresariales locales y extranjeros, generando un flujo de caja que estabilice su mandato e independice al aparato del Estado de la antigua retórica antiimperialista.

 El tutelaje de Delcy Rodríguez consiste en convencer a los sectores militares y a los jerarcas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) de que ella es la única garantía de una transición segura que no derive en una persecución judicial internacional o en una pérdida total de sus cuotas de poder.

Ella se posiciona como el puente indispensable con el gobierno de Trump. Consciente de la presión internacional por reformas electorales, el tutelaje interno se encarga de diseñar una transición “a la carta”. Esto implica permitir ciertos márgenes de liberalización económica y conectividad exterior, mientras se mantiene una estricta vigilancia sobre las fuerzas de oposición tradicionales, limitando su capacidad de capitalizar el descontento popular.

Entre la “fatiga” y la expectativa

Mientras las cúpulas en Washington y Caracas diseñan las reglas del nuevo juego institucional, la cotidianidad del ciudadano común discurre por carriles paralelos, marcados por la supervivencia. Para dimensionar el estado actual de la población bajo este doble tutelaje, los datos recientes de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) ofrecen una radiografía indispensable. A primera vista, los indicadores muestran ciertos alivios macroeconómicos derivados del desmontaje de controles y la dolarización de facto que se consolidó en los últimos años.

 La pobreza extrema y la desigualdad por ingresos han registrado una tendencia descendente; el Índice de Gini cayó de 53 a 45 puntos, ubicando al país en niveles de desigualdad similares a los de 2016. Las remuneraciones en el sector privado promedian los $230 mensuales, superando notablemente los $171 del autoempleo y los precarios $116.9 del sector público.  Sin embargo, los propios investigadores de Encovi advierten que esta reducción de la desigualdad no se traduce en bienestar social real. 

Venezuela sigue atrapada en un estancamiento estructural donde 55% de la población padece pobreza multidimensional (aquella que mide no sólo ingresos, sino acceso a servicios, educación y vivienda).  El colapso de los servicios esenciales: aunque el sistema eléctrico nacional nominalmente abarca a 98% de la población, solo un magro 10% de los hogares reporta un suministro ininterrumpido. Casi 4 de cada 10 hogares venezolanos sufren apagones severos diariamente, lo que paraliza el comercio, la conectividad y la calidad de vida fuera de las burbujas económicas de las principales ciudades.  El tejido social muestra fracturas alarmantes en sus bases de desarrollo futuro. 

Aproximadamente 1.2 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran completamente excluidos del sistema educativo. Además, 4 de cada 10 alumnos escolarizados asisten a clases de manera irregular debido a fallas de transporte, servicios o la ausencia de docentes. 

La protección social del Estado también se ha desmoronado: el valor promedio de los bonos gubernamentales cayó a apenas $24.3 mensuales, y el alcance de las bolsas de alimentos Clap se redujo en más de 540.000 hogares beneficiarios en el último ciclo, dejando en evidencia la incapacidad estatal para sostener sus redes de subsidios directos. 

 En este entorno, el deseo de los venezolanos se divide en dos vertientes: por un lado, una profunda fatiga política que prioriza la estabilidad económica familiar por encima de los debates ideológicos; por el otro, la expectativa cautelosa de que la normalización de relaciones comerciales con Estados Unidos y la reapertura de vuelos traigan consigo empleos mejor remunerados y el fin del aislamiento internacional. 

Existe el anhelo generalizado de una transición, pero la sociedad civil ya no espera milagros épicos, sino mejoras tangibles y concretas en su poder adquisitivo y en la luz de sus hogares.

Transición autoritaria tutelada

El cruce de variables entre las exigencias transaccionales de Trump, el control interno de Rodríguez y la presión social perfila escenarios claros para el futuro inmediato de Venezuela. El escenario más probable es la consolidación del pragmatismo extractivista. 

Veremos una aceleración en el otorgamiento de licencias petroleras y mineras bajo el cobijo de las nuevas reformas legales. Delcy Rodríguez utilizará el flujo de caja inicial y la reapertura de la conectividad internacional para estabilizar el valor de la moneda y mejorar levemente el consumo en los centros urbanos, buscando generar una percepción de normalidad. 

Washington mantendrá una tutoría de baja intensidad, vigilando el cumplimiento de los acuerdos energéticos y exigiendo la liberación paulatina de presos políticos como gestos de reciprocidad, sin presionar por un cambio drástico de régimen que altere la frágil estabilidad lograda tras el 3 de enero. 

A medio término, el país se encamina hacia un modelo de transición autoritaria tutelada (o modelo asiático/ruso). Este escenario implica una apertura económica agresiva y un fuerte componente de inversión privada internacional (tutelada por EE.UU. y socios asiáticos), combinada con un control político férreo e institucionalizado.

Las elecciones intermedias o presidenciales pendientes se estructurarán bajo un formato de competencia controlada, donde se permitirá la participación de una oposición moderada o fragmentada que no ponga en riesgo real el control del aparato estatal, pero que sirva para legitimar formalmente el proceso ante la comunidad internacional. 

La Venezuela posterior al 3 de enero de 2026 ha dejado atrás la era del conflicto ideológico bipolar para adentrarse en la era de los tutelajes solapados. El destino inmediato de la nación no se está decidiendo en debates parlamentarios ni en movilizaciones de calle, sino en el delicado equilibrio de intereses entre las necesidades transaccionales de la Casa Blanca de Donald Trump y la estrategia de supervivencia cupular de Delcy Rodríguez. 

 Para la sociedad venezolana, este doble tutelaje representa una paradoja. Por una parte, aleja de forma definitiva el fantasma de la hiperinflación destructiva y el aislamiento total, permitiendo que la economía privada respire y los datos de pobreza extrema muestren leves mejorías estadísticas. 

Por la otra, perpetúa un estancamiento en el bienestar social y en los servicios públicos que los datos de Encovi denuncian con crudeza. El gran desafío de los venezolanos de cara a la eventual transición será evitar que la urgencia económica sepulte por completo las demandas de reinstitucionalización y justicia social, impidiendo que la normalización comercial se transforme en un cheque en blanco para un nuevo modelo autoritarismo corporativo.

Ese gran desafío frente a la ecuación de los dos tutelajes radica en cómo la sociedad venezolana en su conjunto, recupera el protagonismo e influencia para impulsar cambios reales que beneficien a la población de verdad y menos a quienes están tomando las grandes decisiones en este momento.

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