¡No estamos contando con tramposos para institucionalizar al país! 

Por Antonia Muñoz 

Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional (AN) y hermano de la presidenta encargada,  manifestó (palabras más palabras menos) no tener cabeza para pensar en la  reorganización del Consejo Nacional Electoral (CNE) ni del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porque estaba demasiado ocupado en la  tragedia producida por los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026.

 Además,  ironizó: ‘’Si saben contar, conmigo no cuenten’’. Igualmente, con el cinismo de  siempre, y hablando como el más querendón de los venezolanos, dio a entender  que en este momento, pensar en nombrar un CNE y un TSJ era como ‘’mentarle la  madre’’ a los venezolanos que habían sufrido directamente las consecuencias del  terremoto. ¡Quien no lo conozca que lo compre! Si en verdad le duelen tanto los  venezolanos ¿Por qué el gobierno que su hermana, él y otros más usurpan, tardó  más de 48 horas en apersonarse en los sitios donde el sismo golpeó con más fuerza,  y mucho más tiempo en proporcionar algún auxilio idóneo? 

¡Cómo será la ineficiencia de ese grupo de usurpadores, que llegó primero el  gobierno que los tutela! ¿Será que estaban esperando la orden de sus jefes  estadounidenses y a sus marines para actuar? En lo que sí tiene razón el presidente  de la AN, es que ni con él ni con ese equipo podemos contar, porque  la mayoría de los venezolanos queremos al frente de los cinco Poderes Públicos  Nacionales (Poder Ejecutivo, AN, CNE, TSJ y Poder Ciudadano) a funcionarios  honorables, honestos, equilibrados, tolerantes y respetuosos de la Constitución y demás  leyes de la República. En otras palabras, queremos al frente de los Poderes  Públicos, comenzando por el CNE y el TSJ, a venezolanos amantes de la Justicia,  de la paz y de la democracia. 

Sin embargo, es bueno que sepan que a todos los venezolanos nos duele la pérdida de tantas vidas, nos duele que tantos venezolanos hayan perdido, además de sus  seres queridos, sus viviendas y sus enseres. Por lo tanto, pensando en las víctimas  del terremoto y en el resto de los venezolanos, también nos duele que el gobierno  interino vaya a utilizar esta tragedia como excusa para seguir arruinándonos la vida,  y conste, que no sólo nos referimos a ruina económica. 

Por esta razón, la mayoría  de los venezolanos sí tenemos cabeza para exigir cambios de gobierno en Venezuela, y esto no puede ocurrir si primero no se cambian el Poder Electoral y el  TSJ, para que en el tiempo mínimo razonable puedan realizarse elecciones  transparentes, libres y creíbles. 

Terminaron de quitarse la careta 

Ese día Nicolás Maduro cumplió su amenaza de quedarse en el gobierno por las  malas. Ese día pasaron de autoritarios a dictadores. Como obtuvieron el rechazo  mayoritario del pueblo venezolano (67 %) decidieron que Elvis Amoroso, el  presidente del CNE, el 28 de julio de 2024, en la noche, presentara unos números inventados y  declarara ganador a  Maduro, y posteriormente el lunes 29 de julio, lo proclamó  presidente electo. 

Como sabían que no podían presentar los votos desglosados,  con los cuales supuestamente ganó, acudieron a la trampa que siempre tienen  armada: decidieron que Maduro fuera a la Sala Electoral del TSJ para que  le ratificaran ‘’el triunfo’’. De esta manera, la Sala Electoral del TSJ montó aquel  show de unos supuestos peritos revisando actas, que obviamente no eran las del  CNE. Todo ésto para certificar el supuesto triunfo de Maduro con 51,20 % de los  votos. 

Después del primer acto de la comedia montada por la Sala Electoral, la  Sala Constitucional entró en escena y ratificó el supuesto triunfo. Ya ustedes saben  que la decisión de la Sala Constitucional parece ser inapelable, como si  fuera palabra santa. Sin embargo, el ex candidato presidencial, Enrique Márquez,  apoyado por abogados constitucionalistas, sabía que, si se podía apelar la decisión  de la Sala y lo hizo. 

Lamentablemente pagó su  ‘’osadía’’ con un año de cárcel. Por eso necesitamos Poderes Públicos dirigidos por  venezolanos honestos, con conocimiento y solvencia moral, que les permita cumplir  y hacer cumplir la Constitución. ¿A quién se le ocurre que los mismos que por  tantos años han violado sistemáticamente la Constitución, puedan nombrar  funcionarios que no sean sus incondicionales? 

Las universidades deben dar más luces 

Tenemos claro que la Sala Constitucional no corregirá ninguna controversia  que se presente con las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo, el Poder Electoral, la Sala Electoral, ni con ningún otro Poder Público, porque como el resto  de las instituciones está subyugada al Ejecutivo.

En este sentido, nos atrevemos  pedirle a la Academia, a los colegios profesionales, y por supuestos a los  ciudadanos conscientes de la tragedia de ingobernabilidad que está viviendo  Venezuela, que se pronuncien, y le ‘’plantemos cara’’ al gobierno usurpador, el cual  con tal de mantenerse en el poder nos están convirtiendo en colonia. 

Sin embargo,  debemos apartar nuestras diferencias y saber que, por ahora, los únicos requisitos  que se necesitan en esta lucha es el respeto a la Constitución y el amor a la Patria libre y  soberana que nos legaron nuestros Libertadores. No puede ser que alguien crea  que porque el actual gobierno saqueó y arruinó al país material y moralmente, la  solución sea convertirnos en una colonia estadounidense. Una cosa es tener  relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos, y otra bien distinta es que ellos  manejen los recursos y el destino de nuestra Patria. 

Las escuelas de Derecho y Ciencias Jurídicas de Venezuela, tanto las públicas  autónomas como las privadas no arrodilladas, con sus decanos al frente, tienen que  seguir pronunciándose en relación a la correcta interpretación de la Constitución de  la República Bolivariana de Venezuela. 

En este sentido, nos alegró mucho  ver al Dr. Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas  de la Universidad Central de Venezuela (UCV), pronunciarse en relación a la interpretación correcta de los artículos 233  y 234 de la Carta Magna, los cuales tratan sobre qué hacer ante la ausencia temporal y  absoluta del Jefe de Estado. 

El Dr. Apitz, también fue muy enfático en relación al invento  del término de ‘’ausencia forzosa’’ que no existe en nuestra Constitución. Igualmente nos  parece muy alentador ver la posición firme de las ex magistradas, Cecilia Sosa y  Blanca Mármol de León. 

Sin embargo, nos quedamos esperando posiciones  similares de especialistas en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Universidades del  Zulia, de Carabobo, de los Andes, de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab). Ante la  pérdida de la República, las universidades, ni los colegios de especialistas, ni los  ciudadanos conscientes pueden ni deben guardar silencio. Lo que se nos viene  encima no es juego. Estamos perdiendo nada más y nada menos que la libertad, la  independencia y la democracia.

***

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

De la misma autora: La Constitución no es el problema