Durante las últimas semanas, debido a los eventos de Macuto y Petare, me han preguntado sobre las implicaciones de entremezclar ambos eventos. Con la información que se ha hecho pública hasta ahora, dados los antecedentes de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, así como la experiencia de países vecinos, debemos destacar lo siguiente:
Para los derechos de la ciudadanía es sumamente peligroso que se mezclen situaciones de seguridad ciudadana y de control del delito con situaciones de seguridad nacional, soberanía o incursiones de grupos bélicos en el país. Lo primero es de naturaleza civil, lo segundo es de naturaleza militar. Cuando lo primero se confunde con lo segundo los objetivos militares son los ciudadanos. Y si esto se hace en el marco de un estado de excepción como en el que estamos desde hace cuatro años, pues mucho peor.
Otro elemento que preocupa es la ostentación de la lógica “malandra” en el ámbito de la política, la “pranatización” de la política. Las diferenciaciones que deberían existir entre “los presidentes” y los azotes del barrio tienen que ser muy claras. De nuevo: hay roles, escenarios, formas, lógicas comunicativas y simbólicas importantes. Si el debate público es entre un azote y los presidentes, esto puede ser interpretado como que ambos se encuentran en el mismo nivel.
Parece que el país atraviesa una crisis tan grande que ya sus ídolos se les han roto y están buscando diariamente a alguien que los venga a rescatar, en una lógica de optar por el “menos malo”.
En estos tiempos parece que el componente político se extingue hasta entre los propios políticos, para quedar reducido todo a intereses económicos particulares. Hay evidencias públicas que desde ambos sectores se entienden y hacen pactos con bandidos y grupos irregulares. Estamos en un país donde los políticos operan como la mafia. Si esto sucede con los políticos, es importante que la gente no se haga expectativas con las bandas delictivas.
¿ Y qué hacer ante un panorama tan difícil?
Esa también ha sido una pregunta recurrente. Un serio trabajo de inteligencia, con mucha voluntad político-institucional, en un doble sentido. Hacia afuera, es decir, hacia la banda y su territorio. Hacia adentro, considerando a los propios operadores del sistema penal. Claro, para esto deben existir instituciones y actores mínimamente confiables y legítimos. A todo evento, estos no son hechos de mera fuerza; se trata de inteligencia y voluntad político-institucional real. Pueden “neutralizar” a algunos miembros o cabecillas de la banda, pero mientras no cesen los negocios, ni la fuente de protección e impunidad institucional, los miembros de la banda serán rápidamente sustituidos. El gran problema es cuando la propia clase política y el Estado como su instrumento operan con la misma lógica violenta y delictiva de estos grupos, que en ocasiones no se diferencian entre sí.
Finalmente, la idea de un gobierno sostenido por grupos delictivos para que estos lo defiendan ante cualquier revuelta o de asaltar el poder del Estado con mercenarios a sueldo, no solo es éticamente reprochable; es, además, poco sostenible en el tiempo. Los mercenarios siempre pueden conseguir un mejor postor.
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