El Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela desde hace años es un instrumento que el Ejecutivo Nacional maneja a su antojo. Al no ser independiente, cumple obedientemente órdenes. No es capaz de valerse por sí mismo. Por esa razón, su estructura cambia de una forma u otra de acuerdo a los intereses políticos del Poder, de conformidad con las coyunturas políticas del país. Se asemeja a una marioneta.

Primero fue Hugo Chávez y su cúpula quienes se propusieron amoldar un TSJ a su medida. Que le sirviera para reprimir, que avalara el abuso de poder y que tolerara la enorme corrupción. Así, en el año 2004 a través de la Asamblea Nacional reformó la ley que rige al máximo tribunal y amplió el número de magistrado de 20 a 32. Se argumentó que más magistrados garantizarían más eficiencia.

La realidad es que fue transformado en un instrumento más sumiso, se produjo un incremento significativo de personal, mayor gasto, menos justicia.

Se eligieron magistrados que no cumplían con los requisitos y algunos de ellos ni la ética para ocupar tan alta responsabilidad de Estado, pero eso importaba poco. Lo que le interesaba en ese momento a Chávez era que le ayudaran a consolidar su proyecto autoritario.

Se recurrió a los magistrados para barrer todo resquicio de autonomía en los tribunales del país, cualquiera fuese el área de trabajo, pero el mayor control se asumió con los tribunales en materia penal. Fueron despedidos jueces sin respetar los procedimientos, se designaron de manera arbitraria jueces en distintos niveles, eso sí, provisorios, para poder salir de cualquiera si no acataba los lineamientos políticos.

Al morir Chávez, el Poder Judicial era una gran maquinaria de represión y de corrupción. Dócil, presto a cumplir cualquier orientación, a poner la firma en cualquier sentencia que ya se le había ordenado redactar. Maduro llegó para consolidar esa perversidad.

Afianzó aún más el papel del TSJ como maquinaria para la represión política. Los magistrados y magistradas se convirtieron en cómplices de los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido al menos desde 2014. Quitaron la inmunidad a parlamentarios para facilitar su encarcelamiento u obligarlos a exiliarse. Justificaron el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones. Reforzaron el juzgamiento de civiles en la jurisdicción militar, avalaron allanamientos ilegales a sede de partidos políticos y secuestraron la autonomía de partidos imponiendo autoridades.

Iniciando 2022, es decir, ocho años después, se reforma de nuevo la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Sin mayor justificación, se lleva el número de magistrados otra vez a 20. Se impone una vez más un procedimiento para la elección que es reñido con el mandato Constitucional.

Pronto se elegirán algunos magistrados. Hay suficientes razones para ser pesimista en el cambio de Ley y nuevos nombramientos.  Es difícil que el Tribunal deje de ser marioneta. Tal vez los hilos para garantizar sus movimientos serán menos visibles, pero marioneta al fin.

La dictadura sigue necesitando de un TSJ a su medida. Que les sirva a sus propósitos. En estos tiempos de actuación de la Corte Penal Internacional, que le sea útil para simular justicia. Igual, que continúe al servicio de la represión.

Por la necesidad de aparentar cambios, pudiera permitir la dictadura que ingresen a la estructura algunos magistrados con credenciales y dispuestos a realizar una labor independiente, pero garantizará su control y uso para sus propósitos. Seguirá manteniendo militantes de la causa disfrazados de jueces y disciplinados. La exigencia de un sistema de justicia independiente y eficaz, seguirá en la agenda. 

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