OPINIÓN · 23 DICIEMBRE, 2021 05:30

25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

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Marino Alvarado | @marinoalvarado

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La violencia policial y militar deja miles de víctimas cada año. Múltiples acciones en todo el territorio nacional que afectan fundamentalmente a jóvenes de zonas pobres. Una forma de actuar sistemática que convirtió el uso deliberado de la fuerza letal como norma para privar arbitrariamente de la vida a presuntos delincuentes. Disparan a matar. Detienen y matan. Simulan enfrentamientos. Así van sembrando dolor en las zonas pobres.

Esta grave situación de derechos humanos fue sistematizada en la investigación “25 años de ejecuciones extrajudiciales. La ascendente letalidad policial apuntalada por una impunidad estructural” realizada por la organización Provea.

En la investigación se indica que los sucesivos y sistemáticos actos de violencia por fuerzas de seguridad del Estado contra la población han incluido detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

En ese contexto de ataques generalizados y sistemáticos que se han producido en Venezuela por parte de las fuerzas de seguridad, las ejecuciones extrajudiciales pudiesen constituir crímenes de asesinato de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma, en lo referente a los crímenes de lesa humanidad.

Ello da una idea de la magnitud y consecuencias de la actuación arbitraria de la fuerza pública. Una actuación apuntalada por la ausencia de investigación y sanción a los responsables, tanto autores materiales como las cadenas de mando.

Resalta en la investigación cómo las ejecuciones extrajudiciales son realizadas:

  • Se criminaliza a las víctimas, señalándolas con frecuencia en medios de información como peligrosos delincuentes.
  • Se fabrican antecedentes penales o registros policiales.
  • En la casi totalidad de los casos los ajusticiamientos son presentados como enfrentamientos y por lo tanto legalmente justificados como actuaciones en legítima defensa.
  • Se altera el escenario del crimen y una modalidad es trasladar a la persona ya ejecutada a un centro asistencial, para aparentemente cumplir con el deber de brindar auxilio, pero que solo tiene el propósito de alterar evidencias.
  • Al ser el enfrentamiento la excusa bajo la cual se pretende justificar la muerte de la víctima, los funcionarios policiales actúan utilizando el uniforme, el armamento y los vehículos oficiales. En muchas oportunidades los funcionarios impiden que familiares o vecinos auxilien a la persona que ha recibido los disparos. Los funcionarios ponen a las víctimas armas y a veces, ya estando la persona muerta, disparan un arma empuñando su mano para que queden rastros de pólvora y se dispara a paredes para simular el enfrentamiento.
  • Se realizan disparos dentro del interior de la vivienda donde es ajusticiada la persona o en los alrededores, si es asesinada fuera de la vivienda, para aparentar que hubo enfrentamiento.
  • Se amenaza a los familiares que, si realizan alguna denuncia, asesinarán a algún otro miembro de la familia.

Destaca la organización Provea que desde 2015 a partir de los operativos de Liberación del Pueblo (OLP) se incrementó de manera significativa el número de personas asesinadas por la fuerza pública y se evidenció de manera más nítida el apoyo desde las más altas esferas del Estado a las violaciones del derecho a la vida.

No hay duda que las ejecuciones extrajudiciales al menos desde 2015 constituyen crímenes de lesa humanidad y los responsables de tales crímenes deben rendir cuentas ante la justicia.

***

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

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Ello da una idea de la magnitud y consecuencias de la actuación arbitraria de la fuerza pública. Una actuación apuntalada por la ausencia de investigación y sanción a los responsables, tanto autores materiales como las cadenas de mando.

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  • Se criminaliza a las víctimas, señalándolas con frecuencia en medios de información como peligrosos delincuentes.
  • Se fabrican antecedentes penales o registros policiales.
  • En la casi totalidad de los casos los ajusticiamientos son presentados como enfrentamientos y por lo tanto legalmente justificados como actuaciones en legítima defensa.
  • Se altera el escenario del crimen y una modalidad es trasladar a la persona ya ejecutada a un centro asistencial, para aparentemente cumplir con el deber de brindar auxilio, pero que solo tiene el propósito de alterar evidencias.
  • Al ser el enfrentamiento la excusa bajo la cual se pretende justificar la muerte de la víctima, los funcionarios policiales actúan utilizando el uniforme, el armamento y los vehículos oficiales. En muchas oportunidades los funcionarios impiden que familiares o vecinos auxilien a la persona que ha recibido los disparos. Los funcionarios ponen a las víctimas armas y a veces, ya estando la persona muerta, disparan un arma empuñando su mano para que queden rastros de pólvora y se dispara a paredes para simular el enfrentamiento.
  • Se realizan disparos dentro del interior de la vivienda donde es ajusticiada la persona o en los alrededores, si es asesinada fuera de la vivienda, para aparentar que hubo enfrentamiento.
  • Se amenaza a los familiares que, si realizan alguna denuncia, asesinarán a algún otro miembro de la familia.

Destaca la organización Provea que desde 2015 a partir de los operativos de Liberación del Pueblo (OLP) se incrementó de manera significativa el número de personas asesinadas por la fuerza pública y se evidenció de manera más nítida el apoyo desde las más altas esferas del Estado a las violaciones del derecho a la vida.

No hay duda que las ejecuciones extrajudiciales al menos desde 2015 constituyen crímenes de lesa humanidad y los responsables de tales crímenes deben rendir cuentas ante la justicia.

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