Dentro de algunos años, cuando se escriba sin apasionamientos la historia de este tiempo que nos ha tocado vivir, una fecha simbólica de todo el proceso político venezolano será el día 6 de octubre de 2020.
En Ginebra, este 6 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas decidió renovar el mandato a la Misión de Verificación de los Hechos, un equipo profesional e independiente conformado por tres expertos que acaban de cumplir un año de trabajo documentando las graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.
De forma clara, con 22 votos a favor, tres en contra y 22 abstenciones, el organismo no sólo aprobó la renovación por otros dos años de esta misión independiente, sino que avaló el informe dado a conocer a mediados de septiembre por este equipo técnico, que tras analizar unos 3.000 casos documentó rigurosamente 233.
En este informe, la misión deja en evidencia la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Al renovar por otros dos años, sencillamente el consejo avala el contundente reporte que desnuda la existencia en Venezuela de patrones sistemáticos y violaciones masivas a los derechos humanos.
En los dos años que vienen, se profundizará la documentación, se ampliará el número de casos, se incluirá la perspectiva de género como una arista presente en los centros de tortura y detenciones políticas. Literalmente, se estará armando un expediente independiente y riguroso que debe terminar de empujar a la Corte Penal Internacional para que formalmente inicie una investigación.
Para las víctimas y sus familiares, la decisión de renovar el trabajo de esta misión es una clara señal. Más temprano que tarde habrá justicia.
Para los violadores, en sus roles de decisión y ejecución, el 6 de octubre será una fecha que recordarán. Ese día para buena parte de la comunidad internacional quedó demostrado que existen crímenes de lesa humanidad que deben seguir siendo investigados y documentados. Habrá sanciones con nombres y apellidos para los responsables.
En el informe, luego de un año de trabajo, se estableció que la responsabilidad directa de estos crímenes de lesa humanidad recae sobre el presidente Nicolás Maduro y sus ministros Néstor Reverol (Interior y Justicia) y Vladimir Padrino (Defensa). La continuación de otros dos años seguramente aportará nombres concretos en las líneas de mando dentro del régimen.
Al igual que ocurrió con las dictaduras militares de Sudamérica de los años 1980, el chavismo en Venezuela ha usado la electricidad en genitales, ha arrancado uñas o mutilado dedos, ha asfixiado a las víctimas, ha violentado sexualmente a mujeres detenidas, ha crucificado a interrogados, entre otras tantas prácticas de tortura practicadas principalmente en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
México terminó siendo el único país que no apoyó la renovación del mandato de esta misión. La delegación mexicana se abstuvo. Otros dos países que mantienen una posición ambigua frente al chavismo, como España y Argentina, terminaron dando un voto favorable para que se continúe documentando los excesos cometidos por Maduro y sus colaboradores.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, le transmitió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al canciller de ese país, Marcelo Ebrard, su rechazo a esta posición de abstención en lo que ha terminado siendo una histórica votación.
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Perú votaron a favor. De acuerdo con diplomáticos a los que consulté, un factor favorable para alcanzar la votación tuvo que ver con la ausencia en este año 2020 dentro del consejo de la ONU de países como Cuba, Rusia o China.
Cuando ya era inminente que se lograría tal votación, el chavismo articuló con Siria, Turquía e Irán otra votación que también tuvo lugar para aprobar la renovación del mandato para la presencia del alto comisionado de derechos humanos de la ONU en Venezuela.
Michelle Bachelet ha hecho un esfuerzo de negociación con el chavismo para que una oficina técnica del alto comisionado esté operativa en el país. Maduro usa esto como una muestra de su buena voluntad de colaborar con el sistema de Naciones Unidas.
Con 14 votos a favor, 7 en contra y 26 abstenciones, se aprobó la renovación del trabajo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos del organismo en Venezuela. Esto fue el mismo 6 de octubre.
Cuando se debatía sobre este punto, Perú y otros 10 países consideraron que la presencia de oficina de Bachelet en Venezuela ha sido limitada, que pese a su presencia prosiguieron las violaciones a los derechos humanos y que esto en realidad favorece la impunidad.
Por ejemplo, desde hace un año Bachelet tanto en público como en privado ha solicitado la disolución del principal grupo represivo, las FAES, que dependen de la Policía Nacional Bolivariana. En líneas generales, el régimen ha hecho caso omiso.
Lo que sí ha reflejado un cambio en Venezuela ha sido la decisión del régimen de permitir que el equipo de Bachelet visite, sin intermediarios, a los presos políticos en los dos principales centros de reclusión de Caracas, el SEBIN y la DGCIM.
El eje de los derechos humanos y las sanciones a los responsables será un ejemplo de trabajo y línea de acción, cuando se hable de Venezuela, en los próximos tiempos.
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