Para Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el reciente informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela de la ONU ha servido para que el Gobierno de Nicolás Maduro ordenara la disminución de varios hechos en contra de los DD. HH, lo cual significa que el monitoreo realizado por el organismo funciona, pero aún falta mucho por hacer y mucho que saldar.
«Hemos experimentado una transformación cualitativa importante; ahora sobre Venezuela se están estableciendo responsabilidades individuales, respecto a derechos humanos. Esto ha venido mejorando situaciones concretas, pero para nosotros la gran meta este año en materia de derechos es que esta Misión de la ONU cuente con los votos suficientes para mantenerse en el país», dijo el activista durante su conversación con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo.
Esa reciente actualización del informe de la Misión de Determinación de Hechos presentó varias novedades, entre ellas que se han activado varias sanciones en el país en contra de individualidades, pero que se espera que la cadena de mando en los organismos responsables de violaciones a los DD. HH. también sean responsabilizados.
En razón de ello, explicó en esa declaración Marta Valiñas, responsable de la Misión, que se ampliarán investigaciones “sobre las responsabilidades más altas de la cadena de mando” y que presentarán conclusiones sobre este elemento en el Consejo de la ONU en septiembre de 2022.
Misión de Determinación de Hechos: reforma judicial emprendida por AN del 6Dic es insuficiente
Sobre ello, Uzcátegui afirma que esta actuación de organismos internacionales enfocados en los derechos humanos han generado un movimiento en los procesos judiciales, sobre todo en muchos casos que estaban congelados en Venezuela.
Aseguró tener conocimiento de que las autoridades venezolanas se han comprometido a hacer reformas de justicia para ayudar en esa investigación y que las distintas ONG de defensa a los derechos civiles estarán pendientes de que eso se cumpla.
«Mucho de este trabajo es mantener el tema Venezuela a la vista y que no se genere una fatiga en instancias internacionales. Hay un Maduro antes y después de la llegada de la Corte Penal Internacional; ahorita una fotografía de Maduro acusado de crímenes de lesa humanidad es muy costosa», indicó Uzcátegui en su participación en el espacio #ConLaLuz de este martes 22 de marzo.
Si bien la Misión admite haber registrado “avances positivos” tras la modificación de varios instrumentos legales en materia judicial, todavía “hay decenas de personas” que llevan más de tres años detenidas sin juicio, muy por encima de los límites impuestos tanto por la ley anterior como por la reformada.
No obstante, desde Provea cuestionan la poca voluntad del Gobierno de Maduro de investigar las violaciones de derechos Humanos. Aseguran que el Estado ha descalificado el informe de la misión y eso expresa «poca voluntad de rectificar».
En noviembre del año pasado la Corte Penal Internacional (CPI) decidió abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Vea la entrevista aquí:
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Para Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el reciente informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela de la ONU ha servido para que el Gobierno de Nicolás Maduro ordenara la disminución de varios hechos en contra de los DD. HH, lo cual significa que el monitoreo realizado por el organismo funciona, pero aún falta mucho por hacer y mucho que saldar.
«Hemos experimentado una transformación cualitativa importante; ahora sobre Venezuela se están estableciendo responsabilidades individuales, respecto a derechos humanos. Esto ha venido mejorando situaciones concretas, pero para nosotros la gran meta este año en materia de derechos es que esta Misión de la ONU cuente con los votos suficientes para mantenerse en el país», dijo el activista durante su conversación con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo.
Esa reciente actualización del informe de la Misión de Determinación de Hechos presentó varias novedades, entre ellas que se han activado varias sanciones en el país en contra de individualidades, pero que se espera que la cadena de mando en los organismos responsables de violaciones a los DD. HH. también sean responsabilizados.
En razón de ello, explicó en esa declaración Marta Valiñas, responsable de la Misión, que se ampliarán investigaciones “sobre las responsabilidades más altas de la cadena de mando” y que presentarán conclusiones sobre este elemento en el Consejo de la ONU en septiembre de 2022.
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Sobre ello, Uzcátegui afirma que esta actuación de organismos internacionales enfocados en los derechos humanos han generado un movimiento en los procesos judiciales, sobre todo en muchos casos que estaban congelados en Venezuela.
Aseguró tener conocimiento de que las autoridades venezolanas se han comprometido a hacer reformas de justicia para ayudar en esa investigación y que las distintas ONG de defensa a los derechos civiles estarán pendientes de que eso se cumpla.
«Mucho de este trabajo es mantener el tema Venezuela a la vista y que no se genere una fatiga en instancias internacionales. Hay un Maduro antes y después de la llegada de la Corte Penal Internacional; ahorita una fotografía de Maduro acusado de crímenes de lesa humanidad es muy costosa», indicó Uzcátegui en su participación en el espacio #ConLaLuz de este martes 22 de marzo.
Si bien la Misión admite haber registrado “avances positivos” tras la modificación de varios instrumentos legales en materia judicial, todavía “hay decenas de personas” que llevan más de tres años detenidas sin juicio, muy por encima de los límites impuestos tanto por la ley anterior como por la reformada.
No obstante, desde Provea cuestionan la poca voluntad del Gobierno de Maduro de investigar las violaciones de derechos Humanos. Aseguran que el Estado ha descalificado el informe de la misión y eso expresa «poca voluntad de rectificar».
En noviembre del año pasado la Corte Penal Internacional (CPI) decidió abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
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