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Un tribunal del estado Zulia otorgó el sobreseimiento al caso de los cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo, quienes tenían medidas cautelares desde febrero de 2021, informó este martes la organización.

«Juzgado cuarto del Zulia otorga sobreseimiento en el caso de los cinco trabajadores humanitarios de Azul Positivo con libertad plena, sin medidas cautelares y dejando constancia de la transparencia en el trabajo de esta organización», indicó la ONG en una publicación en Instagram.

Ese mismo tribunal ordenó el 14 de enero de 2021 la prisión preventiva contra los cinco miembros de la organización que opera en el estado Zulia y que se dedica a la prevención del VIH y a la promoción de la salud sexual luego de ser acusados por la Fiscalía de «manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales».

Los activistas, nombrados por Amnistía Internacional (AI) como «presos de conciencia», fueron liberados bajo una medida de presentación ante tribunales cada 30 días en febrero de 2021.

Los trabajadores de Azul Positivo que fueron liberados son: Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz.

Juzgado 4to. Del Zulia otorga el #Sobreseimiento en el caso de los cinco trabajadores humanitarios de @AzulPositivo, quedando con libertad plena, sin medidas cautelares y dejando constancia de la transparencia en el trabajo de esta organización. #SomosAzulPositivo pic.twitter.com/iznxRHx3aD

— AZULPOSITIVO.ORG (@AzulPositivo) June 28, 2022

El caso generó polémica, pues antes se registraron allanamientos a otras ONG, como Alimenta la Solidaridad, que reparte almuerzos en los barrios pobres de Venezuela, y Caracas Mi Convive, enfocada en disminuir los índices de violencia en Caracas.

La ONU también había pedido a las autoridades de Venezuela la liberación inmediata de los cinco miembros de Azul Positivo.

La directora de la ONG Centro para los Defensores y la Justicia, Marianna Romero, explicó a la agencia Efe que en los últimos tres años se han incrementado las agresiones contra activistas de derechos humanos y organizaciones humanitarias.

«En 2019, registramos 135 agresiones; esta cifra se duplicó en 2020 con 303 y en 2021 el Centro para los Defensores y la Justicia registró un incremento de 145 % con 743 agresiones, y entre enero y abril (de 2022) ya hemos superado otras 100», afirmó.