A más de un mes de los hechos registrados en Parima B, donde murieron cuatro yanomamis en el estado Amazonas, se pudo constatar que los testigos claves de la investigación se encuentran prácticamente «presos» en el hospital Militar «Doctor Carlos Arvelo» de Caracas, denunció Olnar Ortiz, responsable del Capítulo de derechos de los pueblos indígenas del Foro Penal.
Según explicó Ortiz, a través de Twitter, a Gabriel Silva (19) y Borge Sifontes (16), este último herido por dos impactos de bala, no se les deja salir de la habitación en la que se encuentran, por orden de la gerente de unidad clínica, Mayorca Gleidy, lo que es una violación a sus derechos humanos y una «privación ilegítima» de su libertad.
Los hermanos Gabriel Silva (19) y Borge Sifontes (16), son los sobrevivientes de «un enfrentamiento entre funcionarios de la Aviación Militar Venezolana y miembros de la comunidad yanomami», en el cual fueron asesinados cuatro yanomamis, el pasado 20 de marzo en la comunidad de Parima B, en el municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.
Ambos fueron trasladados arbitrariamente hacia Caracas el pasado 3 abril, sin previo aviso a su representante legal, por lo que había estado desaparecidos desde entonces.
Según la versión de Amnistía Internacional, el 1 de abril, mientras los hermanos estaban en el Hospital José Gregorio Hernández en Puerto Ayacucho, presuntos funcionarios pertenecientes al Ministerio para Asuntos Indígenas intentaron sacarlos del recinto, desconociendo la calidad de representante legal de Olnar Ortiz, miembro del Foro Penal.
Ambos «fueron transportados en una aeronave presuntamente perteneciente al grupo aéreo de transporte número 9 de la Aviación venezolana», detalló una comunicación con fecha 6 de abril de Amnistía Internacional, en la cual se advierte que se trata de una desaparición forzada, considerada como un crimen en el derecho internacional.
Con este hecho, se agrega un nuevo hito de irregularidad al caso de Parima B, pues Ortiz ya había denunciado que esta investigación se encontraba en el «hermetismo total», pues las autoridades del Ministerio Público le habían negado los detalles sobre el proceso, mientras la comunidad estaba aislada por la fuerzas militares.
En el supuesto enfrentamiento resultaron heridos dos funcionarios y tres indígenas. Uno de ellos es un adolescente de 16 años, quien recibió dos impactos de balas y fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas en el hospital Dr. José Gregorio Hernández, de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas.
Según la actualización del abogado, el adolescente no ha sido sometido a nuevas operaciones y lo mantienen sedado con calmantes para el dolor. Incluso, aseguró Ortiz, el personas de salud que lo atiende le han dicho que «le van a colocar un hueso de animal».
En cuanto a la administración de justicia, Ortiz advierte que aún no existe declaración oficial sobre los hechos y que a pesar de que hay un proceso legal abierto por el Ministerio Público, no hay orden de aprensión contra los militares involucrados en la muerte de los cuatro indígenas.
Por esto, el abogado pide a los organismos internacionales de derechos humanos que se pronuncien al respecto.
Finalmente también hace un llamado a que los fiscales designados por el Ministerio Público hagan acto de presencia en el hospital militar y levanten actas de los hechos que allí ocurren.
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A más de un mes de los hechos registrados en Parima B, donde murieron cuatro yanomamis en el estado Amazonas, se pudo constatar que los testigos claves de la investigación se encuentran prácticamente «presos» en el hospital Militar «Doctor Carlos Arvelo» de Caracas, denunció Olnar Ortiz, responsable del Capítulo de derechos de los pueblos indígenas del Foro Penal.
Según explicó Ortiz, a través de Twitter, a Gabriel Silva (19) y Borge Sifontes (16), este último herido por dos impactos de bala, no se les deja salir de la habitación en la que se encuentran, por orden de la gerente de unidad clínica, Mayorca Gleidy, lo que es una violación a sus derechos humanos y una «privación ilegítima» de su libertad.
Los hermanos Gabriel Silva (19) y Borge Sifontes (16), son los sobrevivientes de «un enfrentamiento entre funcionarios de la Aviación Militar Venezolana y miembros de la comunidad yanomami», en el cual fueron asesinados cuatro yanomamis, el pasado 20 de marzo en la comunidad de Parima B, en el municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.
Ambos fueron trasladados arbitrariamente hacia Caracas el pasado 3 abril, sin previo aviso a su representante legal, por lo que había estado desaparecidos desde entonces.
Según la versión de Amnistía Internacional, el 1 de abril, mientras los hermanos estaban en el Hospital José Gregorio Hernández en Puerto Ayacucho, presuntos funcionarios pertenecientes al Ministerio para Asuntos Indígenas intentaron sacarlos del recinto, desconociendo la calidad de representante legal de Olnar Ortiz, miembro del Foro Penal.
Ambos «fueron transportados en una aeronave presuntamente perteneciente al grupo aéreo de transporte número 9 de la Aviación venezolana», detalló una comunicación con fecha 6 de abril de Amnistía Internacional, en la cual se advierte que se trata de una desaparición forzada, considerada como un crimen en el derecho internacional.
Con este hecho, se agrega un nuevo hito de irregularidad al caso de Parima B, pues Ortiz ya había denunciado que esta investigación se encontraba en el «hermetismo total», pues las autoridades del Ministerio Público le habían negado los detalles sobre el proceso, mientras la comunidad estaba aislada por la fuerzas militares.
En el supuesto enfrentamiento resultaron heridos dos funcionarios y tres indígenas. Uno de ellos es un adolescente de 16 años, quien recibió dos impactos de balas y fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas en el hospital Dr. José Gregorio Hernández, de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas.
Según la actualización del abogado, el adolescente no ha sido sometido a nuevas operaciones y lo mantienen sedado con calmantes para el dolor. Incluso, aseguró Ortiz, el personas de salud que lo atiende le han dicho que «le van a colocar un hueso de animal».
En cuanto a la administración de justicia, Ortiz advierte que aún no existe declaración oficial sobre los hechos y que a pesar de que hay un proceso legal abierto por el Ministerio Público, no hay orden de aprensión contra los militares involucrados en la muerte de los cuatro indígenas.
Por esto, el abogado pide a los organismos internacionales de derechos humanos que se pronuncien al respecto.
Finalmente también hace un llamado a que los fiscales designados por el Ministerio Público hagan acto de presencia en el hospital militar y levanten actas de los hechos que allí ocurren.