Frente al exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Ocampo, la abogada penalista y defensora de derechos humanos, Tamara Suju, expuso 289 casos de torturas cometidas por funcionarios de seguridad el Estado venezolano. Estos registros fueron realizados desde el gobierno de Hugo Chávez hasta el 2017, a través de los testimonios directos con las víctimas de estas prácticas.
El detalle del informe levantado por la defensora de derechos humanos fue presentado en la primera audiencia del proceso que inició la Organización de Estados Americanos (OEA) para evaluar la presunta comisión de crímenes contra la humanidad en Venezuela.
“La diferencia entre ambos mandatos (Chávez y Nicolás Maduro) es que mientras en el gobierno de Chávez la tortura y persecusión eran selectivas, con Maduro se ejecutan torturas masivas e indiscriminadas a manifestantes y opositores”, señaló la abogada.
Según su investigación, en Venezuela los altos funcionarios no castigan ni rechazan las denuncias de víctimas de las torturas, sino por el contrario son ignoradas y aupadas por ellos. Además, pudo determinar que en los dos últimos periodos presidenciales se crearon estructuras específicas para torturar a los privados de libertad.
Nombró a las celdas de El Helicoide y Plaza Venezuela pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), las de la Dirección General Contra Inteligencia Militar (Dgcim) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Además, cárceles como Uribana (ubicada en Lara) y 26 de Julio (ubicada en Guárico), y también a una estructura que pertenecía al Seniat que ahora funge como sitio de reclusión en Barcelona, estado Anzoátegui.
Esta situación ocurre pese a que en Venezuela existe una Ley para la Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos en la que no solo se castiga a los funcionarios que ejecuten estas prácticas, sino también a quiénes las ordenan, a los directivos de centros de reclusión y otros empleados del Estado que con su omisión o apoyo los permitan. “El silencio es la orden en mi país”, aseveró.
Entre las víctimas de tortura que pudo entrevistar se encuentran 223 hombres y 66 mujeres; de los cuales 79% tiene edades comprendidas entre 18 y 30 años. También precisó que 5 % de los torturados son menores de edad.
Suju pudo precisar que existen tres razones por las que los funcionarios pueden aplicar daños psicológicos y físicos a un preso político: castigo por su posición ideológica, obtener información o lograr una acusación. En el primero de los casos, las torturas son extremas y hechas para generar marcas; en las últimas dos se aplican las “torturas blancas”, que no dejan huellas físicas.
Otros datos
– 77 víctimas fueron desnudadas.
– 72 víctimas sufrieron actos lascivos, incluso entre varios efectivos.
– 5 personas admitieron haber sido violados. Los elementos empleados: tubo, rolo y arma de reglamento.
– 10 entrevistados dijeron que los uniformados les abrieron los ojos y les echaron polvo lacrimógeno.
– 66 personas dijeron que les fue cortado el cabello con cuchillo y navaja durante su detención. Una sufrió desprendimiento de cuero cabelludo.
– 1 mujer, luego de ser sometida a torturas sexuales, le aplicaron electricidad.
“La tortura ha sido usada de forma sistemática para intimidar, castigar y controlar a la población venezolana. En la mayoría de los casos no se investigas la denuncia realizada por las víctimas y si se aplica justicia, se les imputa a los funcionarios un delito menor al que en realidad cometió”, sentenció la abogada penalista.
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