Exfiscal de la CPI facilitará investigación de la OEA por delitos de lesa humanidad en Venezuela

Este jueves 14 de septiembre, la Organización de los Estados Americanos (OEA) comenzará un proceso inédito a fin de evaluar los crímenes de lesa humanidad cometidos en la República Bolivariana de Venezuela, y la posibilidad de que corresponda a la Corte Penal internacional (CPI) establecer eventuales responsabilidades de individuos.

El 14 y 15 de septiembre, Luis Moreno Ocampo, asesor especial del secretario general de la OEA para temas de crímenes de lesa humanidad y exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, facilitará dos sesiones con el propósito de analizar si la situación en Venezuela cumple los requisitos para ser remitida a la CPI. El proceso a realizarse en la sede de la OEA, en Washington, se concentrará en la concurrencia de los requisitos exigidos por el Estatuto de Roma y la confiabilidad de las fuentes de información.

¿Cómo será la investigación?

El proceso ha sido adaptado a las normas, políticas y prácticas del Estatuto y contará con la participación de representantes de la sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos humanos y exmilitares venezolanos.

En las sesiones se discutirán los hechos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y quiénes serían en principio las personas que se presume podrían considerarse los máximos responsables y cuya investigación sería requerida a fin de cumplir con el principio de complementariedad.

Presentes en las audiencias estarán, entre otros, Tamara Sujú, Directora Ejecutiva del Casla Institute, Julio Henríquez de Foro Penal de Venezuela, y Francisco Márquez, ex preso político.

Otras voces, últimos días

– 5 de septiembre: Luis Almagro afirmó que “la escalada de violaciones de los derechos humanos en Venezuela y el ataque sistemático contra la población civil, que incluye asesinatos, encarcelación y tortura, es evidente a los ojos de la comunidad internacional que estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad”.

10 de septiembre: el papa Francisco hizo mención a Venezuela durante su estadía en Colombia y elevó una oración para que se rechace todo tipo de violencia en la vida política y se encuentre una solución a la grave crisis que se está viviendo y afecta a todos,  al elevar una oración por sus ciudadanos este domingo 10 de septiembre.

11 de septiembre: El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, afirmó que pueden haberse cometido “crímenes contra la humanidad” en Venezuela en el marco de las protestas antigubernamentales. “Mi investigación sugiere la posibilidad de que se puedan haber cometido crímenes contra la humanidad, algo que sólo puede ser confirmado por una investigación penal ulterior“, señaló el diplomático jordano en su discurso de apertura de la trigésima sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH).

12 de septiembre: los 12 países que en agosto firmaron la llamada Declaración de Lima, en la que denunciaron que Venezuela se ha convertido en una “dictadura”, reafirmaron este 12 de septiembre que Caracas no cumple los “requisitos y obligaciones” para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos.

13 de septiembre: el secretario general de la ONU, António Guterres, calificó hoy, miércoles 13 de septiembre, como “absolutamente necesario” que el Gobierno y la oposición de Venezuela alcancen una solución política para cerrar la crisis que vive ese país. “Creemos que una solución política, con el acuerdo entre las dos partes (Gobierno y oposición) es absolutamente necesaria para salvaguardar la democracia y los derechos humanos en Venezuela“, afirmó Guterres.

Implicaciones para el país

El especialista en materia de protección internacional de derechos humanos, Carlos Briceño, indicó que esta investigación que pretende llevar a cabo la OEA es una muestra más de la preocupación de los países del mundo por la situación de Venezuela.

Llamó la atención sobre la participación del exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, quien durante la presidencia de Hugo Chávez emitió un examen preliminar sobre la presunta comisión de algún crimen contra la humanidad en el país, en el que desestimó que existieran razones suficientes para iniciar una investigación penal internacional.

Briceño explicó que para que un caso llegue a la CPI debe estar contemplado en el Estatuto de Roma, pues esa corte no conoce de todas las violaciones de derechos humanos.

En el artículo 7 de este documento legal internacional se especifica que el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelación en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, persecución de un grupo por motivos políticos (u otros), desaparición forzada, crimen de apartheid, son parte de los que incluye la categoría de crímenes de lesa humanidad.

“Para que estos delitos sean considerados por la CPI deben ser parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, indicó el especialista, quien además es abogado penalista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello.

Para Briceño, el documento que emane de la investigación de la OEA, mas el informe que realizó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pueden ser tomados por la CPI como elementos para iniciar una investigación.

Esto está contemplado en el artículo 13 del Estatuto de Roma en el que establece tres mecanismos para que la corte tome un caso:

– Que un estado adherido al Estatuto de Roma remita un informe con datos fiables sobre la comisión de delitos contra la humanidad. Briceño expuso que esta vía es la que pudiese tomarse una vez que la OEA termine su investigación, pues se entendería como una petición de un grupo de países.

– Que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas solicite la investigación.

– Que el fiscal jefe de la CPI inicie de oficio una investigación, con base en testimonios de víctimas que haya recibido. Briceño recordó que esta vía fue la que se usó durante el mandato de Chávez.

“Estos señalamientos son más delicados que los de 2014, por ejemplo, porque en este caso están bien documentados. Además de que no se trata de la palabra de varias organizaciones civiles ni de particulares, esta vez son entes formales del sistema de protección regional y universal de derechos humanos”, puntualizó.