Casi un año de vida perdió Juan Pedro Lares Rangel en cautiverio. Un grupo de funcionarios lo sacó de su casa y por su libertad pedían solo una cosa: a su padre. El joven de 25 años de edad fue prisionero del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y una víctima de desaparición forzada.
En 2017, un nuevo ciclo de protestas tuvo lugar en el país. Pocos fueron los estados en los que los ciudadanos no tomaron las calles para manifestar su descontento hacia el Gobierno. En un intento de contenerlos, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a los alcaldes (todos de partidos opositores) impedir los bloqueos y barricadas. Quien no lo cumpliera era destituido por el TSJ. Uno de ellos fue Omar Lares, entonces alcalde de Campo Elías en el estado Mérida.
Omar es el padre de Juan Pedro. El 31 de julio de 2017, cerca de 200 personas rodearon su casa. Algunas iban vestidas de negro y encapuchadas. La mayoría tenía armas de fuego. Eran funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Sebin y civiles de partidos oficialistas. Estaban buscando al burgomaestre.
Juan Pedro recordó que ese día almorzaban en familia. Sus padres y su hermano menor estaban en la casa. “Escuchamos una bulla en la calle y nos llaman para decirnos que estábamos rodeados. Yo fui a cerrar las puertas, mientras mis padres salían por la parte de atrás. Hice todo lo posible por ellos, pero cuando intenté salir los funcionarios ya estaban en la casa”, dijo a Efecto Cocuyo.
Con fusiles en la sien y gasolina rociada en el cuerpo, Juan Pedro solo pudo ser sumiso a las órdenes de los uniformados. De ese día recuerda que le preguntaban por su padre, pero no les tenía respuesta. Lo llevaron esposado en una patrulla hasta la sede del Sebin en Mérida.
Según el exalcalde Omar Lares, una orden de Vicepresidencia de la República y del Sebin fue la causa por la que su hijo fue trasladado hasta Caracas. En El Helicoide fue confinado a una celda, “parecida a un baño”, de la cual no pudo salir durante dos meses.
“Estar ahí fue rudo. Había una ducha y una poceta. Ahí uno se bañaba, hacía sus necesidades y comía. Al principio ni me dejaban tener libros. Solo hablaba con el otro recluso o pensaba, pensaba y pensaba”, manifestó Juan Pedro.
Una familia desplazada
Mientras Juan Pedro vivía tras las rejas, sin ser llevado ante un juez, su familia fue desplazada.
Omar Lares pasó de ser gerente municipal en la entidad andina a un inmigrante en Colombia, exiliado, sin empleo fijo y sin vivienda propia. Su hija mayor y el más pequeño también tuvieron que irse de Venezuela, por miedo a ser atrapados y usados en contra de su padre.
Ramonal Rangel, madre de Juan Pedro, fue la única que se quedó en el país. Alguien debía ocuparse de llevarle al joven los artículos de limpieza y presionar para que le permitieran las visitas. En 11 meses, esta mujer pudo ver a su hijo cuatro veces, siempre acompañada por personal del Consulado de Colombia. El muchacho también tiene nacionalidad colombiana.
“Ella iba con cierto temor, porque había sucedido que familiares de algunos de los detenidos los dejaban presos en la visita. Como pasó con la esposa de uno de los presos del caso Credicard. Mi familia permaneció disgregada. Mis hijos quedaron por un tiempo en Venezuela. Poco a poco, pude irlos trayendo y unificando a la familia en el transcurso del año”, dijo Omar a Efecto Cocuyo.
El padre de Juan Pedro pensó muchas veces en ceder al “chantaje del régimen”. Esto fue punto de debate incontables veces en el seno familiar. “Se lo llevaron para que yo me entregara”, asevera. Después de diciembre de 2017, cuando fueron anunciadas varias excarcelaciones de presos políticos, el muchacho no figuró en la lista.
“Me decían que tenía que estar seguro de que iban a liberar a Juan Pedro, porque no tenía sentido que los dos estuviésemos presos. Para mí, como padre, fue una responsabilidad muy grande tener a Juan Pedro coartado de su libertad por mi culpa. Se lo llevaron para que yo me entregara“, aseveró.
El 2 de junio de 2018, el hijo del exalcalde de Ejido fue liberado. Fue parte de un supuesto plan de Reconciliación Nacional impulsado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Ahora se encuentra en Medellín, Colombia, donde es empleado en un hotel.
“Me acostumbré al encierro y el trabajo demanda mucha actividad física. Aunque aquí uno puede comer tranquilo, me siento extraño. No estoy en mi lugar, con los míos. Dejé mis negocios allá (Mérida) y muchas cosas de la casa se perdieron. Eso es así, se meten a tu casa y te dejan sin nada”, expuso el joven.
Mecanismo de manipulación
Tras el arrestro de Juan Pedro Lares, aumentó la frecuencia de las detenciones arbitrarias. Este 2018, la detención de una persona por las fuerzas de seguridad de un Estado para lograr la entrega de otra fue reportada en varias oportunidades.
Una de ellas fue con la aprehensión del doctor José Alberto Marulanda Bedoya, médico cirujano del Hospital Clínico Universitario de Caracas. Hombres de la Dirección Contra Inteligencia Militar (Dgcim) lo detuvo el 20 de mayo. Fue torturado al punto de causarle una lesión auditiva y daños en sus manos, antes de que fuese presentado en tribunales.
Quedó privado de libertad por traición a la patria e instigación a la rebelión. Actualmente está recluido en una cárcel militar conocida como Ramo Verde, en el estado Miranda.
¿Por qué? Mantenía una relación sentimental con la capitana de Navío retirada Emmy Mirella Da Costa Vanegas. Ella es investigada por la Dgcim como parte de un supuesto complot militar contra Nicolás Maduro. La exfuncionaria se fue del país antes de que esto ocurriera.
“Este es el esquema que nos han denunciado: detienen a familiares cercanos para lograr la presentación de otro familiar”, aseveró el 25 de mayo Alfredo Romero, director de Foro Penal, institución que registra casos de detenciones por causas políticas.
Pero el nuevo modus operandi no solo es usado para reprimir a la disidencia política. Ángelo Vásquez, de tres años de edad, fue secuestrado por funcionarios de la GNB en los Valles del Tuy, en la entidad mirandina. Más de un mes estuvo en cautiverio, mientras su madre Yudexy Vásquez acudía a Fiscalía, Cicpc y Defensoría del Pueblo sin recibir respuesta.
Solo después de la denuncia en redes sociales de la diputada Delsa Solórzano, el pequeño apareció. Según la declaración de la madre, los funcionarios usaron al niño como mecanismo de presión para lograr la entrega del padre del infante. Al parecer lo investigan por un robo de armas en Fuerte Tiuna, sede militar en Caracas.
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