Saime pone en jaque a venezolanos que necesitan su cédula de identidad

LA HUMANIDAD · 9 SEPTIEMBRE, 2020 18:37

Saime pone en jaque a venezolanos que necesitan su cédula de identidad

Texto por María Victoria Fermín Kancev | @vickyfermin

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Venezuela está por cumplir seis meses en cuarentena debido el COVID-19, seis meses en que las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) han permanecido cerradas.

La medida, que busca cumplir con la cuarentena para prevenir el contagio de coronavirus, impiden garantizar lo establecido en el artículo 56 de la Constitución: “toda persona tiene derecho a obtener documentos públicos que comprueben su identidad”.

Aun cuando no se puede emitir este documento, durante la cuarentena en estados como Miranda y Vargas se instruyó las compras por el terminal del número de cédula.

Efecto Cocuyo consultó con un periodista del Saime sobre qué podrían hacer los venezolanos que no cuentan con el documento por robo o extravío, especialmente en estas regiones. La respuesta fue: “no tenemos información sobre eso”.

La única información oficial sobre el trámite de la cédula la dio el presidente del Saime, Gustavo Vizcaíno, el pasado mes de abril.

En ese entonces señaló que “en cada punto fronterizo del país” se estaban realizando “jornadas de tramitación de cédula de identidad para los connacionales que ingresen al territorio y no posean el documento”, reseñó el portal Alba Ciudad.

Contrario a entes como el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), las oficinas del Saime no han abierto o atendido público durante las fases de flexibilización de la cuarentena.

Cédula vencida o deteriorada

Para Marianela Bartuccio, residente de Barcelona, estado Anzoátegui, estar sin cédula significa que todos sus trámites legales y bancarios están paralizados.

“La renové porque estaba vencida (dura 10 años) y debido a la pandemia no he podido retirarla”, contó a través de la plataforma #CocuyoWhatsApp.

Lo mismo le pasó a José Andrés Rodríguez, en Caracas. “Tramité la cédula y mientras estaba esperando que me la entregaran llegó la pandemia”.

En la oficina del Saime al joven le habían dicho que pasara en tres semanas para retirar el documento. Él fue a preguntar un par de veces, pero luego le dijeron que estaría listo en un mes. Días después, se instaló la cuarentena.

Ely Villalobos, habitante del sector Lago Azul en Maracaibo, estado Zulia, señaló que tiene más de ocho meses sin cédula porque el documento se deterioró.

Explicó que previo a marzo, cuando intentaba renovarla, le decían que no había material disponible. Luego aparecieron las restricciones asociadas a la cuarentena.

Gestores y estafas

En el estado Lara, Víctor Da Silva, relató que un gestor le ofreció emitirle el documento si le pagaba 80 dólares.

La usuaria Ana Ninoska en Twitter contó que en un grupo de Facebook un hombre publicó que sacaba cédulas en un día. “Le pregunté porque realmente estoy desesperada por sacar mi cédula, me dijo que trabajaba en el Saime y que el precio es de 65 $”, relató el 6 de septiembre.

De acuerdo a la página web del Saime, el trámite de la renovación de la cédula en el país es gratuito.

En su Twitter advierten: “Si eres víctima de gestoría escribe a [email protected], o por nuestras redes sociales oficiales ¡No calles!”.

¿Y los pasaportes?

De acuerdo con el Saime, su portal en Internet sigue activo para solicitar el pasaporte y la prórroga de este a través de “sencillos pasos”.

Aún así, en redes sociales se leen quejas sobre la imposibilidad de realizar el proceso o por el hecho de no haber recibido el documento.

Hasta este 11 de septiembre estaría activa la opción “ratificación de solicitud” para aquellos ciudadanos que tramitaron su pasaporte entre el año 2016 y junio de 2018, pero que aún no lo han recibido.

El director del organismo, Gustavo  Vizcaíno, dijo el 11 de junio que esta opción se implementaría para “depurar” las solicitudes de pasaportes “y validar información de los usuarios que tramitaron su documentación”.

El sistema solo aplica para las personas “cuyos datos fueron captados en los rangos de fecha antes mencionados”, pero a los que no les procesaron sus solicitudes oportunamente.