Durante las últimas décadas las mujeres han asumido la primera línea de acción en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Se trata de esas activistas que desde distintos espacios escuchan y protegen a las víctimas, tejen redes de apoyo para la población, exigen el respeto a las garantías constitucionales y luchan por un país donde cada persona pueda vivir con dignidad.
Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Efecto Cocuyo recuerda el papel esencial que han tenido todas aquellas defensoras que hasta la fecha alzan la voz para demandar justicia y soluciones en un contexto de crisis humanitaria compleja.
“Es un rol protagónico el que las mujeres han tenido, entendiendo que no solo es la mujer defensora que hace parte en una organización formalmente constituida, sino también aquellas madres que se unen para defender los derechos de sus familiares, creando, por ejemplos, comité de víctimas; también mujeres trabajadoras que salen a las calles a exigir reivindicación de derechos o mujeres indígenas que exigen el respeto a sus territorios”, apunta Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
Romero recuerda que las venezolanas han acompañado largos procesos en la búsqueda de la verdad y que múltiples organizaciones en el territorio nacional son dirigidas por mujeres o sus equipos están conformados por ellas.
«Creo que históricamente, a nivel mundial, el rol de la mujer en la reivindicación de derechos ha sido fundamental para lograr un mundo más equitativo e igualitario, que haya una perspectiva no solo de género, sino interseccional. Por ellos es vital seguir visibilizando distintas voces para poder avanzar hacia un mundo donde la dignidad de todas las personas sea respetada por igual», dice Romero.
No hay cifras oficiales que indiquen cuántas defensoras de DDHH hay en Venezuela en este momento. La iniciativa periodística Mujeres Referentes, que puede encontrarse en línea, contiene un directorio de más de 200 nombres de connacionales en todas las disciplinas: decenas de ellas forman parte de ONG o tienen sus propios proyectos de promoción y exigencia.
“Si pudiese definir en una palabra el papel de la venezolana en la defensa de los derechos esa sería “imprescindible” o “indispensable”, desde antes de la propia emergencia humanitaria compleja. Y ese rol se ha fortalecido a partir del comienzo de un periodo de represión mucho más violento. Las mujeres han creado organizaciones visibles en varios ámbitos, son las que han tenido un abordaje diferenciado de la atención a víctimas”, señala Lexys Rendon, coordinadora del Laboratorio de Paz e integrante de la Red Latinoamérica Antimilitarista.
Para Rendon, la transición en el país, la «restauración frente al dolor», tiene como protagonista a las mujeres que además se han enfrentado no solo a la estigmatización del Estado sino a una cultura que ha sido históricamente machista y conservadora.
“En este país la mentalidad sigue siendo que la voz de autoridad no la tienen las mujeres, sino los hombres. Y eso no ha cambiado, incluso en un gobierno donde mujeres han ocupado altos cargos. Desde la primera magistratura en el TSJ, como en el CNE o en la Asamblea Nacional. En el caso de las defensoras no ha sido fácil que la gente entienda que la voz legitima de autoridad también puede provenir de una mujer”, explica Rendon.
Una lucha con rostro de mujer
La participación activa de las mujeres en la defensa de los derechos en Venezuela se remonta al siglo XX. El 15 de octubre de 1935 Cecilia Núñez Sucre y Carmen Clemente Travieso crean la Agrupación Cultural Femenina (ACF), una de las primeras organizaciones con enfoque de género en el país. Además de centrarse en los ámbitos de la educación y el trabajo, tuvo gran peso en la conquista de un derecho fundamental: el sufragio femenino.
Es también un 15 de octubre, pero de 1988, que Ligia Bolívar y Dianorah Contramaestre fundan el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), consolidada como una ONG de gran prestigio nacional e internacional que tiene como bandera la solidaridad, la participación, el pluralismo y la igualdad social y económica.
Entre las mujeres fundadoras de ONG en Venezuela, Liliana Ortega es otra de las pioneras. Actualmente se desempeña como la directora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), la organización que creó en 1989 tras los nueve días de protestas y disturbios ocurridos en ese mismo año, que dejaron un saldo oficial de 276 muertos (más de 3.000 según cifras extraoficiales).
Actualmente Cofavic se encarga de ofrecer acompañamiento jurídico y psicológico a las personas que han sufrido violaciones de sus derechos fundamentales. Además, documenta casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos y desapariciones forzadas.
“En Venezuela, al igual que el resto de las Américas, las mujeres han tenido un rol precursor en la defensa de los derechos humanos, en la exigibilidad de los derechos. En el caso venezolano, sin duda alguna los hechos del Caracazo configuran un hito muy importante para todo el movimiento de derechos humanos. Ahí vemos que varias de las organizaciones que nacen son lideradas por mujeres”, apunta Ortega a Efecto Cocuyo.
Los aportes de la defensora venezolana
La directora de Cofavic explica que los aportes de las defensoras no solo son visibles en las áreas de salud y educación, sino también en reformas penales, en la academia y en los medios de comunicación.
«La lucha de la libertad de expresión e información ha estado dirigida también por mujeres, en muchas de las plataformas y los portales que han surgido en Venezuela. Ventanas que son abiertas por ellas», dice Ortega. «Debemos abogar por más espacios con realmente posibilidad de creación y de poder, y de elección y de sueños, que es lo que hace que tenga sentido el rol de las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública», continúa.
En el presente organizaciones encabezadas por venezolanas, como Prepara Familia, Cepaz, Senosalud, Mujer y Ciudadanía, Unión Afirmativa, Avesa y Cedesex, por nombrar solo algunas, tienen un gran impacto en la población y brindan opciones para que las mujeres acudan en busca del apoyo que el Estado no les ha ofrecido hasta ahora.
De hecho, muchas veces son las mismas autoridades estatales quienes constituyen los responsables de las violaciones de derechos que se registran. En Venezuela, se ha vuelto habitual que varias de las organizaciones que exigen reivindicaciones al gobierno estén formadas por las propias víctimas de patrones de represión.
«Son las mujeres en su mayoría las víctimas indirectas de estos crímenes, madres, hijas, hermanas, abuelas de jóvenes en casos de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. La mayoría de los presos políticos son hombres que eran cabezas de familia y ahora son las mujeres las que deben asumir la vocería y el liderazgo para realizar denuncias», afirma Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, ONG creada por la madre de una joven asesinada en el contexto de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2017.
Tineo insistió que las venezolanas parientes de presos políticos deben soportar crímenes o ataques directos contra ella en medio de una «situación caótica».
«Hostigamiento, maltratos, tratos crueles, amenazas y una situación de pobreza agudizada, porque ese hijo, ese hermano, ese padre, que era uno de los proveedores económicos de la familia, ya no está. Y esa mujer no solo tiene que ir a verlo a prisión, sino que está a cargo de la manutención completa de todo el entorno familiar», aclara la abogada.
Tildó de «admirable» que esas mujeres salgan a los espacios públicos y, frente a los medios de comunicación, soliciten verdad, justicia y reparación.
«Definitivamente ellas han estado a la vanguardia de esta crisis y han superado los peores impactos. No obstante, el miedo no las ha paralizado, el dolor no las ha paralizado, sino que de todo eso han tomado una fuerza que las mantiene en su activismo. Pasan de víctimas a defensoras», expresa Tineo.
Se exponen de forma diferenciada
Diversos informes de organismos nacionales y extranjeros han advertido que las mujeres sufren la crisis humanitaria compleja de forma diferenciada. Laura Louza, coordinadora de Acceso a la Justicia, recuerda que la venezolanas llevan la mayoría de la carga del hogar y las familias, por lo que la deficiencia en servicios públicos, los bajos salarios y el poco acceso a la salud las perjudica sobre todo a ellas.
Y así como padecen la emergencia de forma distinta a los hombres, también se enfrentan a obstáculos determinados cuando se trata de la defensa de los derechos. Sobre ello, el CDJ advirtió que, entre 2019 y 2023, de la totalidad de los ataques registrados en el espacio cívico, un 16 % estuvo dirigido a las defensoras.
“En Venezuela la mentalidad del Estado es machista, el país en buena medida está militarizado (este es un gobierno militar), tradicionalmente es una cultura cerrada y hoy evidentemente existe una restricción del espacio cívico, por lo que es más difícil para la mujer ejercer el rol de defensora, porque se siente especialmente agredida con el lenguaje de las autoridades, con la desatención hacia otras mujeres, la falta de institucionalidad», asegura Louza.
Explica que, aunque hay una narrativa de represión y persecución que afecta tanto a mujeres como hombres, el lenguaje gubernamental contra las primeras es profundamente misógino (evidenciado especialmente en redes sociales), donde se demuestra que las instituciones no están capacitadas en temas de género.
Estefanía Mendoza, directora de Mulier, concuerda con Louza y reitera que el machismo está arraigado en lo profundo de la sociedad venezolana y que hoy muchas defensoras se sienten preocupadas por el daño que su trabajo pueda causar en su familia.
«Hay barreras que también enfrentan las mujeres en otras profesiones como los estereotipos. En nuestro caso, enfrentarse a mandatos sociales diferenciados que te cuestionan: «Si tienes hijos y una familia, ¿cómo puedes estar en este trabajo donde los puedes exponer?», pero realmente a los hombres que hacen lo mismo se les ven como héroes», dice Mendoza.
Agrega que incluso dentro del mismo círculo en el que se mueven los activistas hay tipos de discriminación de género:
«Es muy común que está bien que tu trabajes en un espacio que se entiende, no como defensa de derechos, sino como un espacio de asistencia, casi que de caridad cristiana, y es mucho más difícil para mujeres que hacen exigencia en otras partes, como en derechos civiles y políticos, contraloría, de denuncia», insiste.
Mendoza advirtió que cada vez las directoras, coordinadoras, presidentas de las organizaciones estás más expuestas a la violencia estatal, porque son las caras y voceras de sus causas.
«Es la directora la que habla, porque no quieres que tu gente se exponga», puntualiza. Añade que los defensores temen a la violación de sus derechos en un contexto represivo como el de Venezuela, pero solo en los casos de mujeres aparece el miedo a la violencia sexual, lo que es otro ejemplo de la forma diferenciada en la que se exponen en el territorio nacional.
El caso de Rocío San Miguel
Rocío San Miguel, abogada, presidenta de Control Ciudadano y defensora reconocida, fue arrestada por cuerpos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro el 9 de febrero de 2024, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas. En conjunto con San Miguel, parte de su grupo familiar también fue detenido y posteriormente liberados con medidas cautelares.
Tras la detención de Rocío, las defensoras de derechos se pronunciaron en rechazo a los actos del Estado y denunciaron desaparición forzada, debido a que pasaron más de tres días desde el 9 de febrero para que se conociera el paradero de la activista.
Lexys Rendon acotó que desde 2023 ya las ONG preveían que el espacio cívico y sus miembros comenzaría a sufrir ataques y entre los principales motivos está la cercanía de las elecciones presidenciales, fijadas para el 28 de julio de este año. La discusión de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afine en la asamblea nacional fue un indicio claro.
«Quienes veíamos que iban a ser la primera piedra de tranca o el primer grupo para ser vigilado, controlado, disminuido, eran las organizaciones y quienes las conforman, sobre todo las que no están en el ámbito humanitario, sino las que hacen denuncias y aquellas que están involucradas con los sistemas legales de protección», asegura Rendon.
Denuncia que a San Miguel se le ha negado el derecho fundamental a una defensa adecuada y no ha podido impugnar decisiones judiciales cuestionables, en un caso que denota la ausencia total de un debido proceso.
«Rocío San Miguel es una importantísima defensora de derechos humanos, además experta en el área militar. Esta es una práctica donde el gobierno usa un estado de conmoción para tomar acciones y no ser señalado de que está violando derechos humanos, pero al final es una medida para el control de la sociedad», señala la coordinadora de Laboratorio de Paz.
Lo que hoy le ocurre a San Miguel es el vivo ejemplo de los peligros y desafíos que enfrentan las mujeres cuya labor es proteger los derechos de otros. Sus colegas afirman que no dejarán de exigir que se respeten las garantías constitucionales y los acuerdos internacionales suscritos por Venezuela, para lograr su liberación.
Este 8 de marzo, las defensoras conmemora una lucha larga de pelea por la libertad y la integridad de millones de personas y dejan claro que no se rendirán hasta conseguir justicia y atención para todas las víctimas.