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Provea y el Centro Gumilla presentaron el balance de su informe «Lupa por La Vida«, en el que aseguran que en Venezuela hubo 825 ejecuciones extrajudiciales en el primer semestre de 2021.

«Contrastando con el primer semestre de 2020 cuando se pudo constatar 1.611 presuntas ejecuciones, significa una disminución de un poco menos de la mitad, es decir, el 48,6%», dijeron ambas instituciones este jueves 21 de julio.

Lupa por la Vida es un monitoreo que Provea y el Centro Gumilla realizan en los 24 estados del país y Caracas, que refleja la letalidad de los cuerpos de seguridad en el país, tanto policiales como militares.

Aunque dijeron que se trata de una disminución importante de casos al compararlos con el año 2020, advirtieron la preocupación por estas 825 ejecuciones extrajudiciales, que aseguraron es parte de «la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad».

Impacto de la misión de determinación de hechos

Parte de esta disminución de casos la atribuyen a la presentación del Informe de la Misión Determinación de Hechos sobre Venezuela el año pasado, lo que llevó al gobierno de Nicolás Maduro a realizar cambios en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y su grupo Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), el mismo por el que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha pedido su disolución.

«La disminución de presuntas ejecuciones rompe la línea ascendente que desde el 2015 venía ocurriendo. Desde 2015 hasta junio del presente año han sido asesinadas por policías y militares según cifras de Provea y Centro Gumilla 7.180
personas y hasta diciembre de 2020 cada año se reportaban más casos», dice el documento.

Parte de este cambio se refleja en que a diferencia del año pasado, en el primer semestre de 2021 las Faes solo participaron en «64 situaciones en las que se les atribuye ejecuciones extrajudiciales, a diferencia de las casi 417 que se les contabilizó en el mismo tiempo el año pasado».

Cicpc lidera las ejecuciones

Recordaron que dentro de los cambios que se impulsan dentro de la PNB se realiza el traslado de los miembros de las Faes hacia la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (Dcdo), a la que Provea y el Centro Gumilla atribuyen la participación en cuatro hechos de ejecuciones extrajudiciales en los últimos seis meses.

En este lapso, el organismo con más ejecuciones extrajudiciales, según el informe, fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), al se responsable de 180 casos, «lo que representa el 21,74% de los 825» documentados por las dos ONG.

Después están las policías estadales, que en conjunto totalizan 309 de las ejecuciones extrajudiciales. La del Zulia tiene 83 casos y la de Carabobo otros 75. Llama la atención el segundo caso, porque «la policía del estado Carabobo que incrementó la letalidad en línea contraria al contexto nacional. Mientras en el primer semestre de 2020 la policía
del estado Carabobo fue responsable de 54 asesinatos, en 2021 se le atribuyen 75″.

GNB la más letal de la Fuerza Armada

Sobre la participación de la Fuerza Armada Nacional (Fanb) en ejecuciones extrajudiciales también hay una disminución. Pasaron de los 222 casos en el primer semestre de 2020 a 97 en el primer semestre de 2021.

«En 2021 son responsables de 97 casos, discriminando 86 para la GNB, 8 para el Ejército, 1 para el Conas y 2 para la Armada», resaltaron Provea y el Centro Gumilla.

Sobre los estados con más ejecuciones extrajudiciales destacan Zulia con 171, Carabobo (136), Aragua (88) y Lara (71).

«El estado oriental de Anzoátegui asaltó a la quinta casilla con 66 muertes, proseguido de Miranda con 48, Bolívar con 44 y Distrito Capital con 40 (solo 33 en el mes de enero)», se lee en el documento de Lupa por la Vida.

Destacan varios casos en estados como Bolívar y la masacre de El Ripial en el estado Apure, además de dar siete recomendaciones para evitar las ejecuciones extrajudiciales. Entre ellas destacan el ordenar el cese del uso excesivo de la fuerza en los cuerpos de seguridad, que se garantice el respeto a los derechos humanos de las personas, como la integridad física y el derecho a la vida; la sanción contra responsables de funcionarios policiales y militares involucrados en estos hechos, además de insistir en que se deben disolver las Faes como pidió Michelle Bachelet.

Informe Primer Semestre de 2021 by Efecto Cocuyo on Scribd