En un país con altos niveles de violencia, donde los policías y militares aportan una alta cuota en los asesinatos que se perpetran, nace la iniciativa Lupa por la vida. Un proyecto de investigación de los padres jesuitas a través de la organización Gumilla y de la organización de derechos humanos Provea. 

El fenómeno de la violencia institucional de policías y militares es cada vez más preocupante. Mientras el gobierno afirma que se produjo una reducción de los homicidios en el país y lo confirman algunas organizaciones no gubernamentales, se incrementan los que realizan cuerpos armados del Estado. 

Solo en el mes de enero de 2021, según el monitoreo realizado por Gumilla y Provea, 223 personas fueron asesinadas en el país. Se asesina a jóvenes de zonas populares y solo en este mes cinco adolescentes perdieron la vida en presuntas ejecuciones realizadas por funcionarios. 

La Policía Nacional Bolivariana es el organismo más letal pues de las 223 presuntas ejecuciones, aparece como responsable de 48 de las cuales 28 habrían realizado las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).

El estado que más sufrió la violencia policial y militar fue Zulia, donde se asesinó a 59 personas. Llama la atención la creciente letalidad de las policías estadales. La policía del estado Carabobo encabezó la lista con 30 presuntas ejecuciones, seguida de la policía del estado Zulia con 28.

El derecho a la vida es inviolable, está garantizado en el artículo 43 de la Constitución y ninguna autoridad puede aplicar la pena de muerte. Sin embargo, los funcionarios de los cuerpos armados ya sea a nivel nacional, estadal o municipal asumen la responsabilidad en los hechos de imponerla. Tal situación ocurre por los altos niveles de impunidad. Los funcionarios se sienten seguros que si disparan contra una persona y le causan la muerte son muy pocas las posibilidades ese homicidio sea investigado y por lo tanto viven convencidos que no recibirán ningún castigo. Así asesina a uno, dos y los que quieran. 

El proyecto Lupa por la vida se orienta a reivindicar el derecho a la vida, exigir el cese de las ejecuciones y contribuir a la exigencia de justicia. Apuesta por el desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana que sean eficaces en la lucha contra el delito, ejecutadas en el marco de la constitución y la ley: respeto a los derechos humanos, uso diferenciado y proporcional de la fuerza, respeto a la vida e integridad física, derecho a la defensa y debido proceso, trato digno a toda persona bajo custodia de las autoridades. 

En todos los estados del país se va monitoreando la actuación de policías y militares, e igualmente se recogen testimonios de familiares de las víctimas. Esa labor se realiza en alianza con organizaciones de derechos humanos de algunos estados. 

El proyecto además de contribuir a visibilizar la exigencia de justicia por parte de los familiares de las personas asesinadas, busca alentar para que se organicen y asuman protagonismo. Se orienta también a dar aportes en lo que considera deben ser adecuadas políticas de seguridad ciudadana.

El delito en cualquiera de sus manifestaciones debe ser investigado y sancionado. La lucha contra el delito, no puede adelantarse convirtiendo a policías y militares en delincuentes, que no solo asesinan, sino que realizan allanamientos sin orden judicial, hurtan bienes de las personas, agreden a las familias y las amenazan.  

Lograr mayor seguridad ciudadana obliga al Estado a rectificar la manera como lo vienen realizando. No es violando el derecho a la vida y garantizando impunidad como se enfrenta al delito, al contrario, ello genera más delincuencia y por lo tanto más inseguridad. Necesitamos más seguridad, empezando por garantizar funcionarios que no cometan delitos.

***

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

Del mismo autor: El fracaso de la reforma policial en Venezuela