UCV rechaza que Ministerio responsabilice a universidades por falla en pago de bonos decretados
La UCV se declaró en capacidad técnica para corregir el proceso y propuso una reunión inmediata

La Universidad Central de Venezuela (UCV), a través de su Vicerrectorado Administrativo, rechazó el comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) sobre el pago del Bono de Responsabilidad Académica, en el que el organismo gubernamental endilga la responsabilidad de la cancelación de este beneficio en las propias universidades. La institución educativa calificó la medida como unilateral, inconsulta y sin criterios técnicos claros ni enlaces con los equipos de nóminas de las universidades.
En un documento oficial, el vicerrector administrativo José Balbino León y el coordinador Luis Esaá expresaron “asombro” ante el anuncio ministerial publicado el 19 de mayo.

“Pretender de esta manera el pago de un bono de responsabilidad profesional sin precisar los criterios es un error de dimensiones incalculables”, indicaron.
La UCV se declaró en capacidad técnica para corregir el proceso y propuso una reunión inmediata para viabilizar la información y la cancelación del bono.
“Con voluntad y responsabilidad es posible corregir”, concluyeron.
Este pronunciamiento se produce en medio de la fuerte tensión generada por el paro nacional universitario de 24 horas realizado el martes 19 de mayo. El paro, convocado por la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV) y la intergremial universitaria, alcanzó un acatamiento superior al 90% en al menos 18 casas de estudio del país.
Facultades completas de la UCV, como Ciencias Económicas y Sociales y Arquitectura y Urbanismo, suspendieron todas las actividades académicas, de investigación, extensión y administrativas.
Los trabajadores universitarios exigen salarios dignos y tabuladores reales. El sueldo básico se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, monto que no cubre la canasta básica.
El anuncio del bono por parte del Ejecutivo no resolvió la crisis estructural, ya que excluyó a miles de trabajadores y no impacta en prestaciones sociales, aguinaldos ni vacaciones.
La ministra Ana María Sanjuan criticó públicamente la paralización y cuestionó la legalidad de las acciones de decanos que apoyaron el paro. Estas declaraciones generaron rechazo en la comunidad universitaria, que las interpretó como un intento de criminalización de la protesta.
La UCV ratificó su disposición al diálogo técnico, pero mantuvo la presión junto al resto del sector universitario. El conflicto salarial en la educación superior venezolana continúa abierto.
