Vicerrector de Ucab: Nueva Ley de Universidades debe romper asimetrías entre instituciones públicas y privadas

 El vicerrector académico de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José Francisco Juárez, afirmó que Venezuela necesita una nueva Ley de Universidades, pero advirtió que esta no puede responder a una “urgencia coyuntural”, sino a un acuerdo nacional duradero que reemplace el texto de 1970.

En una entrevista con El Ucabista, Juárez subrayó que la reforma debe equilibrar la participación y decisión de las instituciones de gestión privada en el Consejo Nacional de Universidades (CNU), actualmente sesgado a favor de las universidades autónomas. Según el vicerrector, esta asimetría, heredada de los años 70, impide que todas las casas de estudio asuman las mismas responsabilidades en la apertura de carreras o creación de instituciones. “Las universidades de gestión privada hemos demostrado dictar cátedra y ofrecer un servicio público de igual impacto que cualquier universidad autónoma”, señaló.

Entre los puntos clave que debe incluir la nueva normativa, Juárez propuso:

• La creación de organismos independientes para auditar la calidad, infraestructura y nivel investigativo de las instituciones.
• Exigir una verdadera carrera académica a los profesores, con trabajos de ascenso y títulos de posgrado.
• Adaptar las estructuras curriculares a las dinámicas del mercado global, incorporando certificaciones intermedias, rutas flexibles (minors y carreras cortas) y capacitación continua en competencias digitales e inteligencia artificial, especialmente para los docentes.
• Incentivar la movilidad e internacionalización académica (doble titulación, clases espejo y cooperación internacional).
• Establecer incentivos estatales para becas e investigaciones en el sector privado que cumpla con las exigencias legales.

El vicerrector recordó que “ninguna educación es gratuita” y que la diferencia radica en si la inversión proviene del Estado o de la matrícula. En la UCAB, casi el 35 % del alumnado (alrededor de 3.000 jóvenes) recibe algún tipo de apoyo económico. Juárez considera que los incentivos estatales aliviarían la carga pública, aumentarían la transparencia y permitirían educar a más ciudadanos. La institución ya ha presentado propuestas al Ejecutivo para proyectos de formación compartida en áreas con déficit docente, como física, química, matemática y educación preescolar.

Juárez insistió en que una normativa no tiene sentido si no se cumple y advirtió sobre el riesgo de imponer cambios sin consulta plural, lo que podría derivar en una ley restrictiva e inaplicable. “La universidad del siglo XXI es una universidad híbrida. Si permanece anquilosada en el pasado sin hacer cambios curriculares ni mirar lo que pasa con la tecnología, está destinada a desaparecer”, concluyó.