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El derrame petrolero que alcanzó las costas de los estados Carabobo y Falcón aún es motivo de preocupación para las comunidades afectadas, incluyendo a pescadores, posaderos y hoteleros.

Un pescador del sector Boca de Aroa, parroquia del municipio José Laurencio Silva del estado Falcón, contó a Efecto Cocuyo como él y sus compañeros se ven perjudicados por este derrame ocurrido a finales de julio en la Refinería El Palito.

«Hay sitios donde no se puede ir a la faena. No estamos pescando desde Golfo Triste hasta Tucacas, ni desde Boca de Yaracuy hasta Santa Rosa. Estamos solo en el pueblo de Boca de Aroa», expresó. Esto debido que aún hay restos de la mancha de hidrocarburos, que además se adhiere a las redes de pesca.

El hecho coincidió además con «el tiempo de zafra«, época en que los peces llegan en grupos. Los especies de peces que suelen agarrar son róbalo, corvina, carite y jurel entre otros. Con el tipo de mecanismo «jala pa’tierra» podían llegar a pescar hasta tres toneladas por lancha.

El residente señala que, previo al derrame petrolero, esa actividad ya era afectada por la escasez de gasolina en la zona. Mencionó que la situación afecta a unos 500 pescadores y sus familias.

Consecuencias a mediano y largo plazo

El presidente de la Asociación de Posaderos y Hoteleros de Iturriza, Aldo Peñaloza, también manifestó su preocupación sobre el impacto que el derrame tenga en la producción pesquera y de moluscos.

Calificó de «irónico» que debido a la cuarentena por la pandemia  durante los últimos meses el Parque Nacional Morrocoy se fue «depurando» de la contaminación que suele producirse por los turistas durante la temporada alta, y luego ocurriera este incidente.

Peñaloza insistió en la necesidad en que se haga un estudio sobre el impacto que tendrá este derrame a mediano y largo plazo.

Recordó que en este momento la economía turística en la zona está paralizada por la prohibición de visitar las playas y las restricciones de movilidad debido a la pandemia del COVID-19. Asomó, sin embargo, que el sector se está preparando para cuando puedan reactivar actividades y sea necesario establecer protocolos de bioseguridad.

Aunque el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic) refiere que solo el 1% de Morrocoy esta afectado por el derrame petrolero, la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE) y las academias insisten en la necesidad de hacer un análisis independiente en la zona y puso a la orden a sus especialistas.

Recientemente la SVE pidió a los ciudadanos apoyo para estimar la magnitud del derrame: piden a los ciudadanos tomar fotos en distintas zonas con una aplicación que permite registrar las coordenadas geográficas del lugar.

Impacto no visible

El director del Centro de Investigación y Atención Comunitaria de Fudena, Samuel Narciso, reconoció el trabajo de las comunidades organizadas, particularmente en Chichiriviche, para apoyar en las labores de limpieza cuando el hidrocarburo llegó a las playas.

Recalcó que la sociedad civil quiere aportar sus conocimientos para hacer una inspección y un estudio de impacto ambiental, para luego aplicar medidas de mitigación y remediación.

Recordó que ese hidrocarburo que flota en el mar es perjudicial para los ecosistemas marino-costeros como los manglares, arrecifes y pastos costeros.

Al llegar a las playas parte de esta sustancia oleosa suele permear en la arena y también puede afectar a los organismos de este hábitat.

¿Qué dice la ley?

En Venezuela existe una Ley Penal del Ambiente que prevé tipificar como delito hechos que atenten contra los recursos naturales y el ambiente e imponer sanciones penales.

Entre los órganos sujetos a una investigación penal se incluye a funcionarios que ejerzan funciones de vigilancia y control, por ejemplo, en el ministerio con competencia en materia de petróleo. También a quienes se encarguen de estas tareas en las áreas bajo régimen de administración especial.

El artículo 89 señala que la persona natural o jurídica que vierta hidrocarburos, una mezcla de hidrocarburos o sus derivados al mar y cause daños a la salud de las personas, la fauna o flora marina o al desarrollo turístico en las costas, será sancionada con prisión de uno a tres años o multa de  1.000 a 3.000 unidades tributarias.

A la fecha, se desconoce si el Ministerio Público abrió una investigación sobre lo sucedido para establecer responsabilidades. La Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional envió una comunicación a la Fiscalía preguntando al respecto, pero no ha obtenido respuesta.

Foto:  Fundación Caribe Sur – @CaribeSurOrg