Los pemones del sector V en la Gran Sabana denunciaron allanamientos
Los pemones del Sector V, que agrupa a 28 comunidades indígenas en la Gran Sabana, rechazaron los allanamientos y detenciones en estas comunidades tras el asalto militar del 22 de diciembre en el fuerte Escamoto

Los representantes del sector VI-Akurimú del pueblo pemón, denunciaron allanamientos en sus comunidades y la detención de tres indígenas, en un pronunciamiento que realizaron este lunes, 30 de diciembre, desde el monumento Las Banderas, en la frontera entre Brasil y Venezuela al sur del estado Bolívar.

El capitán general Jorge Gómez, acompañado del consejo de ancianos yunos 200 pemones, asumió la vocería. Rechazó los allanamientos que se produjeron en Kumarakapay el pasado sábado 28 de diciembre, otro que habría ocurrido este lunes en la comunidad de Wará, además de la aprehensión de tres indígenas en la comunidad de San Luis, cuyo paradero desconocen.

Los pemones del sector V, que agrupa a 28 comunidades indígenas y son la mayor cantidad de población del municipio Gran Sabana, condenaron los asaltos a instalaciones militares que ocurrieron el pasado domingo 22 de diciembre, pero también las hostilidades en contra de sus residentes, tras estos hechos.

Admitieron que hubo jóvenes pemones que actuaron en estas acciones junto con el exalcalde de la Gran Sabana y también pemón, Ricardo Delgado, pero se desligaron de la participación de estos hechos.

“Estamos conscientes de que bajo ninguna circunstancia se debe autorizar ni fomentar acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente, la integridad territorial, la soberanía y la independencia política del Estado venezolano”, expresó Gómez.

Sin embargo, añadió que desde el 22 de diciembre hay conocimiento de la muerte de “dos indígenas fallecidos en las cercanías de Peraitepui de Roraima” y continúan las hostilidades contra los pemones en los puestos y alcabalas militares.

Recordaron que desde marzo de 2018 con la desaparición de Oscar Mella, en territorio pemón, han aumentado hechos de violencia en Canaima (diciembre 2018); Kumarapay y Santa Elena de Uairén, con el intento de ingreso de ayuda humanitaria desde Brasil el pasado mes de febrero, y la masacre de Ikabarú el pasado 22 de noviembre.

Vincularon estas acciones a “las mafias mineras y la determinación de los grupos armados institucionales de controlar sus acciones”.

Además recriminaron que sobre estos hechos las autoridades no actúen con la diligencia necesaria, porque hay retraso en las investigaciones sobre estas incursiones, en las que han fallecido un número importante de pemones.

Gómez informó que la capitanía general del Sector VI decidió convocar a las capitanías generales de los sectores 3, 5, 7 y 8 del Consejo de Caciques del Pueblo Pemón a la resolución del conflicto y decidió  activar al Tribunal “Mayín Nonkanín” de Jurisdicción Especial Indígena del Sector VI para atender la situación actual.

Qué ocurrió el 22 de diciembre

El domingo 22 de diciembre, 12 personas, presuntamente lideradas por un oficial desertor y con él indígenas pemones, tomaron el 513 Batallón de Infantería de Selva Mariano Montilla, ubicado en el sector Luepa del municipio Gran Sabana, en horas de la madrugada.

La información del Comando de Zona N° 62 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Bolívar añadió que se habrían llevado 12 fusiles y municiones del parque de armas en una camioneta y un camión, después de tomar como rehenes al comandante de la unidad y dos oficiales.

Además ocurrió otro asalto al 5102° Escuadrón de Caballería Motorizado (Escamoto) Coronel Hermenegildo Mujica Ramos, así como un puesto de la Policía del Estado Bolívar. Sin embargo, fue detenido un militar y se logró recuperar el camión donde transportaban  82 fusiles, 60 granadas, un lanzacohetes, una ametralladora, seis bazucas y seis cajas de municiones.

Por estos hechos, el ministro de Comunicación e Información de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, señaló como responsables a los Gilber Caro, Gaby Arellano, José Manuel Olivares e Ismael León y al gobierno de Colombia, además del ex preso político desterrado a Perú, Vilca Fernández.

Con información y foto de Moraima Morillo