Ikabarú: lo que debe saber sobre la masacre - Efecto Cocuyo

SUCESOS · 26 NOVIEMBRE, 2019 19:10

Ikabarú: lo que debe saber sobre la masacre

Texto por Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo

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José Perera, Jeremy Muñoz, Edison Soto, Luis Fernández, Richard Rodríguez, Leslie Basanta, Cristóbal y Cristian barrios, son las víctimas de la masacre ocurrida en la mina Ikabarú, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, el pasado viernes 22 de noviembre a las 7:40 de la noche.

La ONG Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea), aseguró que la información de las dos nuevas personas halladas sin vidas se dio a conocer desde una asamblea realizada en territorio Pemón, con la participación del capitán general del sector 7, Juan González.

“Seguimos esperando por un pronunciamiento de las autoridades competentes. Exigimos que se tomen las acciones para una investigación imparcial que de justicia a familiares y contundencia en soluciones para que no vuelvan a ocurrir estas masacres”, escribió la ONG.

Marino Alvarado, de Provea, aseguró a Efecto Cocuyo que la comunidad de Ikabarú desconoce a los autores materiales de la masacre, pero describe que los perpetradores de los múltiples asesinatos portaban camisas y pantalones negros, cargaban fusiles y algunos tenían los rostros cubiertos.

“Dispararon indiscriminadamente. No fue que seleccionaron a las personas y los mataron sino que hicieron disparos genéricos contra un grupo de personas. A quien le corresponde determinar los motivos del ataque es al Ministerio Público”, dijo Alvarado.

El defensor de derechos humanos señala que la masacre se dio en un territorio militarizado “intensamente” desde que ocurrieron las protestas el pasado mes de febrero, donde fueron asesinados varios indígenas pemones. “Allí hay un control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb)”, señala el activista.

El activista asegura que los pemones han denunciado atropellos por parte de  funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mafias denominadas sindicatos, presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

 Otra cifra de muertos

Olnar Ortiz Bare, abogado y coordinador nacional de pueblos indígenas de la organización no gubernamental Foro Penal, asegura que la ONG hasta el momento registra nueve fallecimientos tras la masacre en Ikabarú.

El abogado informó que la identificación de los cuerpos está siendo realizada por familiares y pobladores de la comunidad.

Ortiz informó que la mañana de este 25 de noviembre, fueron hallados dos nuevos cadáveres. Se trata de dos hermanos, oriundos de Santa Elena de Uairén y fueron identificados como Cristóbal y Cristian Barrios.

“La información que manejamos es de las personas que pudieron salir (con vida) en un momento adecuado, pero en Ikabarú no hay comunicación. No sabemos si hay fiscales en la zona, aunque sabemos  que está militarizada”, dijo el activista de Foro Penal.

De las nueve víctimas de la masacre que maneja el coordinador nacional de pueblos indígenas de Foro Penal, se encuentra Jeremy Muñoz,  un adolescentes de 17 años de edad, Edison Soto, un indígena Pemón y un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

 ¿Quiénes atacaron en Ikabarú?

Hasta el momento las organizaciones no gubernamentales Foro Penal y Provea desconocen los motivos y quienes perpetraron el ataque a la comunidad Ikabarú. El gobierno venezolano y el Ministerio Público (MP) no se han pronunciado sobre la masacre.

La primera información que manejó  Olnar Ortiz Bare, de Foro Penal, fue que los asesinatos se le estaban atribuyendo al autodenominado sindicato de alías El Ciego; pero en las últimas horas las comunidades han denunciado al gobierno como posible responsable  de esta masacre. “No sabemos a ciencia cierta si proviene de bandas comunes”, dijo.

Según Ortiz, para llegar a Ikabarú hay una sola vía y a lo largo de esa carretera hay diferentes puntos de control de la GNB. “Esa comunidad tiene una sola vía de penetración. ¿Cómo estas personas entraron a la vía con armas de guerras sin ser vistos por los funcionarios?, se preguntó.

El abogado de Foro Penal  informó que el líder de la comunidad  indígena Paracupi, Wilmer Torres, atribuye la masacre al Gobierno y que durante el ataque el comando de la GNB, que está ubicado en la población, no actuó. “Si es así estaríamos hablando de tres masacres en los últimos meses”, manifestó.

¿Qué grupos operan en el territorio minero?

Marino Alvarado, de Provea, asegura que tanto en Bolívar como en el estado Amazonas hay toda una red delictiva donde participan funcionarios del Estado venezolano, presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y delincuencia común.

“Algunos de estos delincuentes comunes se autodefinen como sindicatos. Son una extensión de ese proceso de sindicalismo corrupto y mafioso que surgió en Bolívar a raíz de las construcciones, que produjo asesinatos de sindicalistas hace algunos años atrás, y ahora se desplazaron a la zona minera”, contó Alvarado.

El defensor de derechos humanos indicó que los grupos delictivos hoy en día se disputan no solo el control de la minería ilegal, sino también de muchas actividades irregulares que se desarrollan en la zona.

Entre estas actividades denunciadas por Alvarado, se encuentra el  contrabando de gasolina, el contrabando de metales y de comida. El activista destaca que en dos oportunidades los pemones han detenido a funcionarios del Ejército realizando actividades de minería ilegal.

“En uno de los casos, cinco pemones fueron juzgados en tribunales militares, en vez de ser sancionados los que estaban practicando la minería ilegal, sancionaron fue a los indígenas que detuvieron y posteriormente entregaron a las altas autoridades a un grupo del Ejercito”.

Los grupos indígenas también han denunciado que en esa zona del estado Bolívar hay  presencia de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que participan en las actividades ilegales.

“El Arco Minero del Orinoco  (AMO) incrementó toda esta situación porque no es que empezó a existir a partir del AMO. Mucho antes de que hubiera este desarrollo monstruosos y dañino ya existía la violencia. El Arco Minero se ha convertido en una maldición para los pueblos indígenas porque no solamente se está destruyendo el ambiente sino que se fortaleció toda esta red de violencia donde participan funcionarios del Estado, delincuentes comunes y presuntos delincuentes de Colombia”, afirmó Alvarado.

Foto: Morelia Morillo.

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