Laboratorio de Paz: “No habrá inversión sostenible ni reconstrucción duradera sin instituciones legítimas”

El centro de pensamiento Laboratorio de Paz publicó este jueves un comunicado en el que advierte que los recientes acuerdos petroleros reabren una discusión fundamental sobre el futuro económico de Venezuela: cualquier inversión de largo plazo requiere seguridad jurídica, y esta no puede existir de forma plena sin autoridades legítimas e instituciones confiables.

La organización sostiene que “Venezuela necesita inversión nacional e internacional para superar la emergencia humanitaria compleja, recuperar la industria petrolera, generar empleos, restablecer servicios públicos y reconstruir las viviendas e infraestructura afectadas por el terremoto”.

Sin embargo, aclara que el problema no es que lleguen las inversiones, “sino garantizar que puedan permanecer y contribuir de manera sostenible al bienestar de la población”.

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Laboratorio de Paz apoya su argumentación en varios artículos de la Constitución. Recuerda que el artículo 5 establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”; el artículo 6 define al gobierno como democrático, electivo, alternativo y responsable; el artículo 137 limita las atribuciones de los órganos del Poder Público a lo que establecen la Constitución y la ley; y el artículo 138 es categórico: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

En ese sentido, la organización afirma que la legitimidad democrática tiene consecuencias económicas concretas. “Cuando existen cuestionamientos fundamentales sobre el origen y duración del mandato de quienes ejercen el poder, esa incertidumbre también alcanza las decisiones y contratos que pretenden comprometer al país durante décadas”, señala el comunicado.

Hay que tener controles.

“Un contrato puede cumplir formalidades y tener una duración de 25 o 50 años, pero sigue teniendo una debilidad fundamental si carece de legitimidad institucional”, advierten. Esto adquiere especial relevancia en el caso del petróleo, ya que el artículo 12 de la Constitución establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República y son bienes del dominio público.

Además, recuerdan que el artículo 150 prevé controles para ciertos contratos de interés público y el artículo 141 obliga a la Administración Pública a actuar bajo principios de transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y sometimiento a la ley.

Por ello, Laboratorio de Paz exige que los acuerdos sobre recursos estratégicos sean públicos, transparentes y sometidos a los controles constitucionales.

“Esto no constituye un obstáculo para la inversión: es una garantía para el país y también para quienes invierten”, sostiene.

La misma lógica se aplica a la reconstrucción posterior al terremoto. Venezuela necesitará importantes inversiones en vivienda, hospitales, escuelas, electricidad, agua, carreteras e infraestructura, con horizontes de varias décadas. Quienes participen en esos proyectos, advierten, necesitarán certeza de que los compromisos asumidos hoy serán reconocidos mañana.

“No habrá reconstrucción material sostenible sin reconstrucción institucional”, resume el comunicado. Reconstruir el país implica también recuperar instituciones confiables, controles democráticos, transparencia, tribunales independientes y autoridades cuya legitimidad provenga de la soberanía popular.

Finalmente, Laboratorio de Paz concluye que la celebración de elecciones presidenciales auténticas, competitivas y creíbles no es solamente una exigencia política, sino también una condición necesaria para disminuir la incertidumbre, recuperar la confianza y ofrecer seguridad jurídica a las inversiones que el país necesita desesperadamente.

El comunicado completo puede consultarse en el sitio web de la organización: labpaz.org.