Más de 160 organizaciones y actores de la sociedad civil exigieron al gobierno de Nicolás Maduro garantizar la vida de la población en el contexto de los enfrentamientos ocurridos entre grupos de la delincuencia organizada y funcionarios policiales que se desarrollan desde hace tres días suroeste de Caracas.
A través de un comunicado difundido este viernes 9 de julio, se solidarizaron con las familias de los fallecidos durante este conflicto, que incluyen residentes de las comunidades de la Cota 905 y sus alrededores, así como funcionarios de seguridad del Estado. Plantearon la necesidad de que se produzcan el acompañamiento y reparación para sobrellevar estas pérdidas.
ONG y distintas personalidades exhortaron a las autoridades a implementar políticas públicas integrales que garanticen la seguridad ciudadana.
Para ello, consideran indispensable disponer de recursos humanos, técnicos y económicos adecuados.
“Urge, asimismo, el control de porte de armas entre la población y realizar una investigación sistemática y rigurosa dentro del propio Estado para verificar los puntos de fuga de armas de guerra como metralletas y granadas, desde las instancias del Estado hacia las bandas criminales, situación que ha contribuido de manera fundamental a la situación que hoy padecemos”, señalaron.
Además, pidieron investigar las denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales.
“Ante una escalada de violencia, de manera inmediata exigimos atender la petición de las comunidades por el cese al fuego y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza contra personas que hayan cometido delitos”.
Quienes lo suscriben, también solicitaron el acompañamiento de instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar la integridad física de la ciudadanía.
Alertaron sobre las consecuencias que genera esta escalada de violencia, incluyendo el desplazamiento interno de familias que huyen del conflicto y buscan refugio. Alegaron que también debe ser prioridad la protección de los hombres jóvenes en estos sectores y su no criminalización.
Lea el comunicado completo, y conozca las organizaciones y personas que lo suscriben, haciendo clic aquí.
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A través de un comunicado difundido este viernes 9 de julio, se solidarizaron con las familias de los fallecidos durante este conflicto, que incluyen residentes de las comunidades de la Cota 905 y sus alrededores, así como funcionarios de seguridad del Estado. Plantearon la necesidad de que se produzcan el acompañamiento y reparación para sobrellevar estas pérdidas.
ONG y distintas personalidades exhortaron a las autoridades a implementar políticas públicas integrales que garanticen la seguridad ciudadana.
Para ello, consideran indispensable disponer de recursos humanos, técnicos y económicos adecuados.
“Urge, asimismo, el control de porte de armas entre la población y realizar una investigación sistemática y rigurosa dentro del propio Estado para verificar los puntos de fuga de armas de guerra como metralletas y granadas, desde las instancias del Estado hacia las bandas criminales, situación que ha contribuido de manera fundamental a la situación que hoy padecemos”, señalaron.
Además, pidieron investigar las denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales.
“Ante una escalada de violencia, de manera inmediata exigimos atender la petición de las comunidades por el cese al fuego y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza contra personas que hayan cometido delitos”.
Quienes lo suscriben, también solicitaron el acompañamiento de instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar la integridad física de la ciudadanía.
Alertaron sobre las consecuencias que genera esta escalada de violencia, incluyendo el desplazamiento interno de familias que huyen del conflicto y buscan refugio. Alegaron que también debe ser prioridad la protección de los hombres jóvenes en estos sectores y su no criminalización.
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