Tras la reciente presentación de su informe sobre la situación en Venezuela, la Misión de Determinación de los hechos, entre otros aspectos, señaló que el Estado venezolano comete graves delitos y violaciones de los derechos humanos contra la disidencia, sin que haya esfuerzos reales por investigarlos o sancionarlos.
Los tres miembros de esta Misión nombrada por la ONU, Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Patricia Tappatá Valdez, conversaron con la directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, sobre cuáles son los puntos más importantes de este informe y qué implicaciones deberían tener sobre las personas e instituciones allí señaladas.
A su juicio, esto forma parte de un plan dirigido desde los niveles más altos del gobierno, con una estructura bien coordinada y eficaz «para la ejecución de un plan». El informe detalla además las funciones ejercidas por diversas personas en las cadenas de mando de los servicios de inteligencia.
«Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley. Este informe es importante porque da la información para autoridades que estén dispuestas a llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos de personas que hemos identificado», indicó Valiñas en el programa #ConLaLuz.
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Para Valiñas, se espera que lo expuesto sobre Venezuela sea del interés de autoridades judiciales de Venezuela, pero si no es el caso puede ser de autoridades judiciales internacionales.
Tappatá añadió que algo que preocupó a estos investigadores, tras entrevistas con víctimas dentro y fuera del país, fue saber que entre las malas prácticas ejercidas por las autoridades policiales o militares en Venezuela se encuentran las torturas físicas y los abusos sexuales.
«Quisimos profundizar en el uso tan intensivo de agresión sexual, violencia sexual y de género que caracteriza al maltrato en Venezuela. La violencia sexual de género es parte del repertorio de actos de torturas cometidos en contra de los detenidos para intimidar, humillar y obtener información», manifestó la defensora de derechos humanos.
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La cadena de mando
El informe de la Misión puso la lupa además en la situación en las zonas mineras remotas y basó las conclusiones en 245 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.
«La parte novedosa del informe es sobre la explotación en el estado Bolívar. Recibimos información preocupante sobre explotación sexual de menores, prostitución en un contexto de vulnerabilidad», añadió Valiñas.
Agregó la experta que algunos de los indicios mostrados requieren más investigación para que puedan ser detallados de forma individualizada.
«Es importante que las autoridades de Venezuela se hagan cargo de la información que nosotros estamos presentando», dijo.
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Para estos luchadores por los DD. HH., el Estado debe asumir su responsabilidad y sancionar la cadena de mando sobre quienes pesa las acusaciones.
«Es importante decir que obviamente mencionar a nombres específicos de quienes tienen altas responsabilidades en el poder Ejecutivo y Legislativo tiene un alto impacto. Personalmente diría que quizás no están importante quien ordena la tortura, sino que la tortura es parte de una política de silencio a la disidencia», agregó Tappatá.
Por su parte, Cox Vial fue enfático al advertir a la comunidad internacional que debe tomar en cuenta estas denuncias, pues se sabe que a lo interno de Venezuela es poco lo que se espera sea reparado en beneficio de las víctimas.
«Lo que se ha documentado son crímenes de lesa humanidad y no pueden tomarse livianamente por la comunidad internacional», dijo.
Los tres miembros de la Misión coincidieron en mostrar su esperanza de que haya una renovación del mandato de la ONU, para que se pueda producir un diálogo más productivo y fructífero, con la finalidad de que las víctimas en Venezuela «puedan tener una mejor vida».
Vea la entrevista completa aquí:
