Justicia, Encuentro y Perdón confirma 294 excarcelaciones y urge priorizar a presos en situación de vulnerabilidad

En un nuevo balance ofrecido este miércoles 28 de enero, la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que, tras un riguroso proceso de verificación, han contabilizado 294 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde que inició el presente ciclo el pasado 8 de enero.

A pesar de que la cifra representa un alivio para cientos de familias, la ONG enfatizó que el proceso aún es insuficiente y carece de la transparencia necesaria para garantizar el respeto integral a los derechos humanos de quienes abandonan los centros de reclusión.

10:51 am Desde el 8 de enero hasta este miércoles 28, nuestra organización ha verificado la excarcelación de 294 personas que permanecían privadas de libertad por razones políticas.

Hacemos un llamado a que en los próximos procesos de excarcelación se priorice a las personas en… pic.twitter.com/rHjan8eK4G

— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) January 28, 2026

Un llamado a la humanidad: “Priorizar a los vulnerables”

A través de un comunicado, JEP hizo un llamado urgente a las autoridades judiciales y al Ejecutivo para que los próximos procesos de excarcelación dejen de ser discrecionales y se centren en criterios humanitarios. La organización solicitó dar prioridad absoluta a tres grupos específicos:

1. Mujeres y menores de edad: Grupos que enfrentan riesgos diferenciados en el sistema penitenciario.
2. Pacientes con cuadros de salud graves: Personas cuya vida corre peligro debido a la falta de atención médica adecuada.
3. Casos de larga data: Aquellos que ya han cumplido sus penas o que llevan décadas bajo “prisión injusta” sin una sentencia firme.

“Toda excarcelación debe realizarse con plenas garantías, sin medidas restrictivas indebidas y acompañada de información clara, pública y verificable”, reiteró la organización.

Exigencia de transparencia y libertad plena

La ONG advirtió que muchas de las liberaciones recientes se han producido bajo medidas cautelares que limitan la movilidad y la libertad de expresión de los ex-detenidos. En este sentido, instaron a que el Estado proporcione datos públicos que permitan documentar cada caso y brindar el acompañamiento necesario a las familias, quienes a menudo enfrentan la incertidumbre sobre el estatus legal de sus allegados.

Este reporte coincide con las denuncias previas de JEP sobre el uso de familiares como “rehenes” políticos, subrayando que mientras existan casos como el de la adolescente Samantha Hernández o el de Maikelys Borges (detenida junto a su bebé), la crisis de derechos humanos en el país seguirá siendo una herida abierta.