Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), rechazó la ratificación que hiciera el Tribunal Supremo de Justicia sobre la medida que ordena la realización de elecciones para autoridades universitarias en un lapso de seis meses.
El 28 de noviembre la Sala Constitucional del TSJ declaró sin lugar el recurso interpuesto por los rectores universitarios contra la sentencia 0324 emitida por el Poder Judicial en agosto, que aprovechó una demanda de nulidad de la UCV para sentar pautas sobre la realización de elecciones en todas las casas de estudio públicas. De esta manera la votación que debería realizarse para febrero del 2020, según la Sala Constitucional, debe incluir en el padrón electoral a obreros y trabajadores administrativos.
La rectora García Arocha y el secretario académico Amalio Belmonte dijeron a Efecto Cocuyo que la ratificación por parte del TSJ era «de esperar». Sin embargo, lo que las universidades rechazan no es la realización de elecciones, sino la imposición del padrón electoral, según han reiterado.
El artículo 109 de la Constitución define que la universidad está conformada por «profesores, estudiantes y egresados». El gobierno intentó esquivar este artículo con la aprobación de una Ley Orgánica de Universidades que incluye a los trabajadores.
Por su parte, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la UCV exige la participación de profesionales administrativos y obreros «debido a que poseen la suficiente experticia en los campos de desempeño en que les corresponde actuar «, según se refleja en un comunicado firmado por la Junta Directiva de este sindicato.
Sin embargo, Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores, había aclarado que en esta oportunidad considera que el Estado toma esta decisión como un método de distracción y división de la lucha salarial que unifica a los trabajadores públicos.
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Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), rechazó la ratificación que hiciera el Tribunal Supremo de Justicia sobre la medida que ordena la realización de elecciones para autoridades universitarias en un lapso de seis meses.
El 28 de noviembre la Sala Constitucional del TSJ declaró sin lugar el recurso interpuesto por los rectores universitarios contra la sentencia 0324 emitida por el Poder Judicial en agosto, que aprovechó una demanda de nulidad de la UCV para sentar pautas sobre la realización de elecciones en todas las casas de estudio públicas. De esta manera la votación que debería realizarse para febrero del 2020, según la Sala Constitucional, debe incluir en el padrón electoral a obreros y trabajadores administrativos.
La rectora García Arocha y el secretario académico Amalio Belmonte dijeron a Efecto Cocuyo que la ratificación por parte del TSJ era «de esperar». Sin embargo, lo que las universidades rechazan no es la realización de elecciones, sino la imposición del padrón electoral, según han reiterado.
El artículo 109 de la Constitución define que la universidad está conformada por «profesores, estudiantes y egresados». El gobierno intentó esquivar este artículo con la aprobación de una Ley Orgánica de Universidades que incluye a los trabajadores.
Por su parte, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la UCV exige la participación de profesionales administrativos y obreros «debido a que poseen la suficiente experticia en los campos de desempeño en que les corresponde actuar «, según se refleja en un comunicado firmado por la Junta Directiva de este sindicato.
Sin embargo, Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores, había aclarado que en esta oportunidad considera que el Estado toma esta decisión como un método de distracción y división de la lucha salarial que unifica a los trabajadores públicos.