El trabajador humanitario Gabriel Blanco fue presentando ante el Tribunal Cuarto de Control de Terrorismo para la realización de su audiencia de presentación, la tarde de este sábado 9 de julio, a pesar de que organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron su liberación.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunci,ó a través de su cuenta en la red social Twitter, que a los abogados Ana Leonor Acosta y Kelvi Zambrano, representantes legales de Blanco, no se les ha permitido brindar asistencia jurídica.
Fuentes de Provea informaron a Efecto Cocuyo que a las 5:35 p. m. de este sábado se desconoce si la defensa privada de Blanco pudo ser juramentada para brindarle asistencia legal.
Blanco, de 45 años de edad, fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana la madrugada del pasado jueves 7 de julio en los alrededores de su residencia, ubicada en la parroquia Coche, de Caracas.
El activista es parte de una agencia humanitaria en Venezuela, defensor de derechos humanos, sindicalista y miembro de la Alianza Sindical Independiente (ASI). Blanco fue acusado de terrorismo y asociación para delinquir.
Desde la noche del miércoles Provea dijo que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) querían detener a Blanco, a quien despojaron de su cédula de identidad y teléfono móvil.
Casi a la 1:00 de la mañana, lo apresaron miembros de la Dirección de Inteligencia Estratégica de la PNB. La ONG dijo que lo llevaron a la sede policial de la PNB en La Quebradita, en Caracas.
La detención del trabajador humanitario forma parte de un número de detenciones que funcionarios del Gobierno han realizado en la última semana. Por lo menos seis personas vinculadas a sindicatos, partidos políticos y a la labor humanitaria han sido detenidas sin tener muchos detalles de las acusaciones.
Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortez, y Emilio Negrín son los nombres de esas personas privadas de libertad desde el pasado lunes 4 de julio en distintas ciudades de Venezuela.
De los detenidos, por lo menos cuatro son miembros del partido político Bandera Roja (BR), cuyos líderes denuncian que durante las detenciones de sus militantes se ha violado el debido proceso y no hay pruebas de los que se les imputa.