Al trabajador humanitario Gabriel Blanco lo detuvieron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) durante la madrugada de este jueves 7 de julio.
La organización Programa Venezolana Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció desde la noche del jueves el intento del Ejecutivo de Nicolás Maduro por apresar a Blanco sin orden judicial.
El activista es parte de una agencia humanitaria en Venezuela, defensor de derechos humanos, sindicalista y miembro de la Alianza Sindical Independiente (ASI).
Desde la noche del jueves Provea dijo que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) querían detener a Blanco, a quien despojaron de su cédula de identidad y teléfono móvil.
Casi a la 1:00 de la mañana lo apresaron miembros de la Dirección de Inteligencia Estratégica de la PNB.
La ONG dijo que lo llevaron a la sede policial de la PNB en La Quebradita, en Caracas.
“Lo acusan de terrorismo y asociación para delinquir”, aseguró la organización.
Detenciones sindicales
La aprehensión se produjo después de casi seis horas en la que la PNB llegó con una orden firmada por un juez con competencia en terrorismo.
Esta detención se suma a las de Alcides Bracho y Emilio Negrín, quienes son dirigentes sindicales y pertenecen al partido político opositor Bandera Roja. También apresaron a Alonso Meléndez en Falcón. A otro miembro de esta organización política, Néstor Astudillo, lo apresaron este 6 de julio en Charallave, estado Miranda.
El pasado abril, cuando se instaló el “diálogo social” entre sindicatos, Fedecámaras y Miraflores, los trabajadores denunciaron que más de 100 de sus representantes estaban tras las rejas.
«Hay más de 140 presos todavía, pedimos que los liberen. La OIT tiene que ser garante del diálogo tripartito y garantizar la democracia, pero hasta el momento no se ha pronunciado sobre mi exclusión del diálogo”, aseguró entonces Rubén González, dirigente de Ferrominera del Orinoco.
Qué dice Bandera Roja
Bandera Roja dijo que en la madrugada de este jueves apresaron al dirigente Reynaldo Cortés. Específicamente lo calificaron como un secuestro y desaparición en el estado Guárico.
Foto: Provea
Calificaron de “montar una olla” el proceso contra Alcides Bracho. Mientras por un lado detuvieron a Gabriel Blanco, en un juzgado contra terrorismo a Bracho lo acusaron de delitos de “conspiración, posesión de arma de fuego y Asociación”. Ordenaron que su detención se mantenga.