Familiares denuncian desaparición y torturas a técnicos del Cicpc y militares tras el 3 de enero

La extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero desencadenó una ola de arrestos arbitrarios que no perdonó a quienes procesaron la escena. Funcionarios técnicos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y oficiales militares terminaron en prisiones de máxima seguridad bajo cargos de terrorismo, enfrentando un patrón de desaparición forzada y torturas en bases clandestinas.

Ocho meses después de las detenciones, ejecutadas entre el 21 y el 26 de enero, el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo mantiene paralizadas las audiencias preliminares de los presos del “nuevo momento político”.

Los expedientes de los funcionarios permanecen vacíos y los familiares denuncian un ensañamiento sistemático que ha mermado la salud física y psicológica de los reclusos. Entre los afectados por esta causa figuran el Tcnel. (Ej.) Manuel Alejandro Osorio Arteaga, Carlos Ulises Hernández Rojas, Jesús Leonardo Gómez Brito, David Figueredo Sandoval, Héctor José Martínez Yanez, Joharlinn Enrique Luzardo Noria, Álvaro Roger Valladares Eslava y José Gregorio Rivas Sifontes, a quienes se les imputa conspiración y traición a la patria. 

Las detenciones

El aparato de seguridad estatal utilizó el engaño institucional para capturar a los peritos que documentaron los sucesos que desencadenaron el arresto de Nicolás Maduro, tras una madrugada de bombardeos sobre Caracas, La Guaira y el estado Miranda.

A los fotógrafos forenses Álvaro Roger Valladares Eslava y Joharlinn Enrique Luzardo Noria los citaron el 23 de enero a una supuesta reunión de trabajo en la sede del Cicpc de San Agustín, un señuelo para aprehenderlos en el lugar y trasladarlos a bases militares.

La única actuación de ambos funcionarios había sido el registro fotográfico e inspección técnica del sitio del suceso tras los hechos del 3 de enero. “Ellos fueron a hacer sus inspecciones normalmente como su trabajo de rutina, pero a raíz de eso terminó acusado de conspiración y traición a la patria por algo que ni él mismo comprende”, explicó Jeimy Guzmán, esposa de Valladares.

El teniente coronel Manuel Alejandro Osorio Arteaga corrió con una suerte similar tras un operativo desproporcionado. Un contingente de 30 efectivos fuertemente armados de la Dgcim irrumpió en su casa el 21 de enero, allanando el lugar sin encontrar ningún material incriminatorio antes de llevárselo bajo la falsa promesa de una entrevista.

“Me dijeron que iba a ser trasladado a la Zona 7 y lamentablemente duró 11 días desaparecido en una base de La Carlota”, detalló a Efecto Cocuyo su esposa Yury Burgos.

Violando el debido proceso, efectivos de inteligencia del propio Cicpc interceptaron al comisario jubilado José Gregorio Rivas Cifuentes, el 26 de enero en las adyacencias de la Torre Inpreabogado en Plaza Venezuela. Al momento de su captura, Rivas Cifuentes reconoció a los funcionarios que se lo llevaron y, cuando preguntó qué pasaba, ninguno le explicó los motivos de la detención, confirmó su esposa Marli Morillo.

El centro de castigo en La Carlota

Los días iniciales de desaparición forzada transcurrieron en una instalación de la Dgcim ubicada en La Carlota, un recinto acondicionado para el castigo corporal sistemático, según denunciaron las familiares.

Los captores utilizaron las dimensiones físicas de los reclusos para agravar el padecimiento, obligando a Rivas Cifuentes a soportar una semana entera confinado debajo de una batea de lavadero que resultaba minúscula para su metro noventa de estatura, según informó su esposa.

“El castigo sistemático se intensificaba cada vez que lo movían de ese reducido espacio porque lo sacaban para golpearlo, para torturarlo; supe que fue guindado y que le pusieron electricidad”, detalló su esposa Marli Morillo.

Los interrogatorios incluyeron la suspensión prolongada como método de quiebre; los familiares de Valladares informaron que el funcionario pasó 24 horas inmovilizado mediante un sistema de amarre desde el cuello hasta los pies.

“Fue colgado con tres cadenas de aproximadamente 10 centímetros cada una y sufrió torturas injustificadas”, señaló Jeimy Guzmán.

Osorio Arteaga también fue sometido a tratos inhumanos durante sus once días desaparecido en esa base. Yury Burgos precisó que a su esposo “lo colgaban por los brazos, le colocaban corriente, los mojaban, los metían debajo de una batea y comían una vez al día una taza de arroz con aceite”, agregó.

Secuelas irreversibles y traslados arbitrarios

El traslado de los presos al internado judicial El Rodeo I a finales de enero estuvo marcado por la violencia penitenciaria. Rivas Cifuentes, paciente con antecedentes de COVID, hipertensión y fibrosis pulmonar, sufrió un colapso respiratorio tras una arremetida con gas lacrimógeno y gas pimienta.

Su esposa, Marli Morillo, explicó que “a raíz del estrés y el calor empezó a sufrir crisis hipertensivas diarias y le tuvieron que añadir otra pastilla más, una para la mañana y otra para la noche”.

Joharlinn Luzardo, de 53 años, también resultó gravemente afectada en su salud física dentro de los recintos de reclusión. Su hermana denunció que “entre las torturas iniciales le dañaron el brazo, el hombro y la rodilla, y posteriormente en El Rodeo I le metieron unos perdigonazos”.

El pasado 3 de septiembre, las autoridades ejecutaron un traslado sorpresivo hacia Yare II sin notificar previamente a la defensa ni a los allegados. “Juegan con el agotamiento físico, mental y la parte económica, porque si no hubiésemos tenido recursos, tendrían que haber dormido en el piso”, concluyó Morillo.