Golpeado con un bate, sometido a descargas eléctricas y amenazas con un fusil. Estas son algunas de las torturas que agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cometieron contra el estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV), John Álvarez.
La ONG Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) detalla los vejámenes que cometieron contra el universitario desde su detención y desaparición forzada a finales de agosto hasta que el lunes 4 de septiembre lo presentaron en tribunales de Caracas, donde él contó ante el juzgado lo que vivió desde el 30 de agosto y los días posteriores a que se conoció que había sido arrestado.
«Álvarez relató que agentes del Departamento de Inteligencia Policial (DIP), junto con otro oficial del Departamento de Asuntos Especiales (DAE), lo obligaron a hacer una declaración, para incriminar a Carlos Salazar, sindicalista de la Coalición Nacional Sindical, y Carlos Julio Rojas, periodista y dirigente vecinal», explicó Provea este viernes 8 de septiembre.
Qué torturas le infligieron a John Álvarez
Al joven lo amenazaron que de no grabar el video le iban a disparar con un fusil.
Lo golpearon con un bate pero antes lo envolvieron «con un jergón de cama cubierto con fundas para que no dejara evidencias», explicó la organización no gubernamental.
Además le aplicaron «descargas eléctricas en rodillas, costillas, testículos», como parte de las torturas contra Álvarez.
Sus abogados defensores lo denunciaron desde que al estudiante de Antropología de la UCV lo llevaron al Palacio de Justicia de Caracas el lunes 4 de septiembre, donde él mismo ofreció su testimonio.
Ante esto, los familiares y juristas que lo representan acudieron a la sede de la Defensoría del Pueblo, en la capital del país, para exigir al titular de este despacho, Alfredo Ruiz, activar la Comisión Nacional contra la Tortura, a fin de investigar estos hechos que señaló Álvarez.
«La torturas a John forman parte de una política de Estado de persecución a la disidencia o a quienes son percibidos como disidentes, ya denunciado en informes por la Misión de Naciones Unidas sobre Venezuela», recordó Provea sobre este tipo de delitos que cometen funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.
Ya en el año 2020 en su primer reporte sobre el caso venezolano, la Misión de Determinación de Hechos que investiga crímenes en el país, alertó sobre este tipo de prácticas.
En ese informe emitido en 2020, mencionaron que centros clandestinos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y en sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de los detenidos.
Qué dice la CPI sobre torturas en Venezuela
El pasado mes de abril, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) publicó el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (“VPRS”), donde se recopilan testimonios de 8.900 víctimas venezolanas.
En el documento público se citan 7 testimonios de casos de violencia sexual, torturas y otros tratos crueles o degradantes contra presos políticos venezolanos.
“El uso de un nivel extremo de violencia física y psicológica por parte de los autoridades venezolanas en contexto de manifestaciones al interior de centros de detención y en allanamientos ilegales fue denunciado en un gran número de formas”, recuerda la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, recibió autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar la investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro, que se conoce como el caso Venezuela I, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.
Este proceso, que comenzó en 2018 se encuentra en fase de investigación, pese a que Miraflores se opone a este trabajo y acusa a la CPI de seguir intereses de Estados Unidos, entre otros descalificativos.
Uno de los siete testimonios sobre torturas, tal como denunció John Álvarez, habla de como a una persona le colocaron electricidad en sus testículos.
«En una ocasión me llevaron a una habitación donde solo había un viejo escritorio de metal pegado a una pared y una vieja silla de metal. En medio del cuarto. Me esposaron las manos a la silla con dos juegos de esposas, tomó un palo eléctrico que se usa para el ganado y lo conectó con un cable largo a un enchufe la pared».
Esa persona, que dice era de identidad no binaria, sufrió humillaciones por su género. Y sobre palo eléctrico añadió que «me lo colocaron varias veces en el pecho, me tiraron agua en los pantalones, precisamente en mis genitales, y descargaron electricidad en mis testículos, por lo que no pude contener mi vejiga y orinó particularmente fuerte por el shock. Todavía tengo en mi cuerpo las cicatrices de las quemaduras actuales», narró.
Lo que cuentan las víctimas de tortura
Además, víctimas y abogados han registrado algunas de esas formas de tortura de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Entre ellas documentaron cómo le colocan bolsas plásticas en el rostro a las personas para simular asfixia, envolver a la persona en cartón u otros materiales para después darles golpes y evitar de esa forma que le quedan marcas.
Otras son la sumersión, colocar electricidad a detenidos en sus genitales y otras partes del cuerpo; privarlos de agua y alimentos por tiempos prolongados; someterlos a aislamientos o en celdas con luz intensa las 24 horas; aplicar torturas psicológicas, entre otras.
El Estatuto de Roma que da origen a la CPI reconoce como crímenes de lesa humanidad, los que se aplican de forma sistemática, en tiempos de paz o guerra, contra la población.
Estos incluyen tortura, desaparición forzada, homicidio, esclavización, deportación y actos de violencia sexual y de género, incluida la violación.
Sobre el caso Venezuela I, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investiga desaparición forzada, tortura, actos de violencia sexual y de género.