Estigmatización, descalificación y acoso por razones de género, chantajes y amenazas. Esas son algunas de las formas que ha adoptado la violencia de género digital en Venezuela según pudo documentar la ONG defensora de la libertad de expresión, Espacio Público.
Este miércoles, 18 de agosto, la organización presentó su informe Violencia digital de género contra mujeres en Venezuela, documento que recoge tres testimonios de este tipo de ataques y da detalles sobre este fenómeno en el ecosistema digital.
La especialista en derechos humanos de las mujeres e igualdad de género, Fernanda Vanegas, explicó durante la presentación de los resultados que si bien la violencia digital puede afectar a cualquier persona, tiene formas y alcances diferentes cuando se trata de mujeres. Estas prácticas, según se señala en el informe, conducen a la autocensura y constituyen un ataque directo contra la visibilidad de las mujeres y su participación en la vida pública.
«Lo que tenemos que guardar y tener muy presente, es que en el tipo de violencia digital el objetivo es ‘mantener a las mujeres en su lugar’, lo que te están diciendo es cállate», comentó la defensora. También implican restricciones a la libertad de expresión, la igualdad y tiene su impacto en otros derechos humanos como los de asociación, reunión, privacidad, honra, integridad y vida familiar.
Las menores de edad, las mujeres con perfiles públicos o comprometidas con causas sociales como periodistas, políticas, activistas o defensoras de derechos humanos; las que defienden agendas en contra de los estereotipos (como la comunidad LGBTIQ+, la causa del aborto, el feminismo, entre otros) pueden enfrentar violencia política, racismo y otros tipos de violencia, «muchas veces todas mezcladas en una sola».
En particular, las mujeres periodistas son atacadas por temas políticos o de coyuntura que publican. Sin embargo, en su caso específico se usan más expresiones discriminatorias vinculadas al género y agresiones con connotaciones sexuales.
Según detalla el informe, el abuso que sufren en plataformas digitales y en la vida real son reflejo de problemas estructurales de sexismo en la sociedad. «(…) Promueve una visión de una sociedad donde la mujer no se siente segura, lo que a su vez socava el ejercicio democrático y la buena gobernanza».
«Los casos sobre violencias de género deberían ser considerados más allá de la acción directa del Estado, ya que el incumplimiento de las obligaciones generales de garantía retroalimenta dinámicas de impunidad que perpetúan las injusticias y lo convierten en responsable por omisión», señala el documento.
Según explica Espacio Público, las organizaciones internacionales tienen como deuda brindar una lectura armonizada de las categorías de violencia de género y las garantías a la libertad de expresión en línea para delimitar la violencia sin afectar los discursos protegidos. Los Estados deben implementar análisis de riesgo con perspectiva de género que incida en las políticas y prácticas de protección a las mujeres.
A juicio del abogado e investigador, Ricardo Rosales, el informe deja sobre la mesa dos desafíos: cómo se puede defender a las mujeres en el espacio digital y cómo avanzar en el ecosistema digital. Rosales señaló que es importante fortalecer las prácticas de seguridad digital y personal, así como «hacer litigio e incidencia internacional». También hay que desagregar las distintas formas de violencia para generar políticas públicas.
Puede leer el informe completo aquí.
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Estigmatización, descalificación y acoso por razones de género, chantajes y amenazas. Esas son algunas de las formas que ha adoptado la violencia de género digital en Venezuela según pudo documentar la ONG defensora de la libertad de expresión, Espacio Público.
Este miércoles, 18 de agosto, la organización presentó su informe Violencia digital de género contra mujeres en Venezuela, documento que recoge tres testimonios de este tipo de ataques y da detalles sobre este fenómeno en el ecosistema digital.
La especialista en derechos humanos de las mujeres e igualdad de género, Fernanda Vanegas, explicó durante la presentación de los resultados que si bien la violencia digital puede afectar a cualquier persona, tiene formas y alcances diferentes cuando se trata de mujeres. Estas prácticas, según se señala en el informe, conducen a la autocensura y constituyen un ataque directo contra la visibilidad de las mujeres y su participación en la vida pública.
«Lo que tenemos que guardar y tener muy presente, es que en el tipo de violencia digital el objetivo es ‘mantener a las mujeres en su lugar’, lo que te están diciendo es cállate», comentó la defensora. También implican restricciones a la libertad de expresión, la igualdad y tiene su impacto en otros derechos humanos como los de asociación, reunión, privacidad, honra, integridad y vida familiar.
Las menores de edad, las mujeres con perfiles públicos o comprometidas con causas sociales como periodistas, políticas, activistas o defensoras de derechos humanos; las que defienden agendas en contra de los estereotipos (como la comunidad LGBTIQ+, la causa del aborto, el feminismo, entre otros) pueden enfrentar violencia política, racismo y otros tipos de violencia, «muchas veces todas mezcladas en una sola».
En particular, las mujeres periodistas son atacadas por temas políticos o de coyuntura que publican. Sin embargo, en su caso específico se usan más expresiones discriminatorias vinculadas al género y agresiones con connotaciones sexuales.
Según detalla el informe, el abuso que sufren en plataformas digitales y en la vida real son reflejo de problemas estructurales de sexismo en la sociedad. «(…) Promueve una visión de una sociedad donde la mujer no se siente segura, lo que a su vez socava el ejercicio democrático y la buena gobernanza».
«Los casos sobre violencias de género deberían ser considerados más allá de la acción directa del Estado, ya que el incumplimiento de las obligaciones generales de garantía retroalimenta dinámicas de impunidad que perpetúan las injusticias y lo convierten en responsable por omisión», señala el documento.
Según explica Espacio Público, las organizaciones internacionales tienen como deuda brindar una lectura armonizada de las categorías de violencia de género y las garantías a la libertad de expresión en línea para delimitar la violencia sin afectar los discursos protegidos. Los Estados deben implementar análisis de riesgo con perspectiva de género que incida en las políticas y prácticas de protección a las mujeres.
A juicio del abogado e investigador, Ricardo Rosales, el informe deja sobre la mesa dos desafíos: cómo se puede defender a las mujeres en el espacio digital y cómo avanzar en el ecosistema digital. Rosales señaló que es importante fortalecer las prácticas de seguridad digital y personal, así como «hacer litigio e incidencia internacional». También hay que desagregar las distintas formas de violencia para generar políticas públicas.
Puede leer el informe completo aquí.