Entre expedientes y el miedo a represalias, familiares hacen filas en el Palacio de Justicia para tramitar amnistías

Yaneth Rangel sostiene una carpeta marrón que resume nueve meses de angustia. Viajó 794 kilómetros desde el estado Zulia hasta la ciudad de Caracas con el objetivo de lograr que su sobrino, Eduardo Luis Ávila Pulgar, entre en el listado de beneficiarios de la recién aprobada Ley de Amnistía. 

El joven de 26 años, sargento mayor de segunda de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), permanece recluido en el comando de la GNB de Las Acacias, Caracas, tras vivir un proceso que su tía describe como irregular desde el primer día. La mujer relata que el calvario comenzó con siete meses de desaparición forzada, en los que el paradero del militar fue un misterio para su familia, y no fue sino hasta el pasado 29 de diciembre cuando las autoridades lo presentaron formalmente ante los tribunales. 

Ávila Pulgar está detenido por el caso denominado “los pilotos”, una causa que agrupa a civiles, policías y militares bajo los cargos de traición a la patria y asociación para delinquir por presunto espionaje y cooperación con Estados Unidos, imputaciones que Rangel desmiente de manera categórica. 

La mujer ha recorrido las instituciones públicas de la capital desde la semana pasada, cuando llegó del Zulia, y ha asistido a la Asamblea Nacional, al Ministerio Público y al Palacio de Justicia, con la esperanza de conseguir la libertad de su pariente. 

“Mi sobrino tiene nueve meses detenido y siete pasó en desaparición forzada; no sabíamos nada de él hasta que lo presentaron”, afirma Yaneth mientras espera su turno.

Cerca del grupo de personas que hacen filas, en las afueras del palacio, el temor aún se siente en el comportamiento de algunos ciudadanos que evitan ser entrevistados o no quieren ser notados.

Cabizbajo, uniformado y con lentes oscuros estaba un militar activo, que se acercó con cautela al equipo reporteril de Efecto Cocuyo para exponer una inquietud sin que los funcionarios de la Defensa Pública se dieran cuenta. “Hermano, me gustaría hablar contigo, pero de manera disimulada”, dijo el efectivo castrense, quien prefirió estar en anonimato.

El militar, que había llegado hacía poco a la jornada, tenía dudas sobre el proceso de evaluación de los casos para amnistía, pero el miedo le impidió preguntar directamente a un funcionario de la Defensa Pública. “Tú sabes cómo está la situación”, comentó.

El efectivo castrense contó que tiene a dos familiares detenidos por supuesta conspiración y una de ellas se encuentra detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof). “¿A dónde puedo ir para saber si mi familiar puede recibir la amnistía? Soy un funcionario y no quiero acercarme”, consultó con discreción.

#Testimonio Yaneth Rangel, familiar de Eduardo Luis Ávila Pulgar, Sargento Mayor de segunda de la GNB. #25Feb pic.twitter.com/mtXQHqp78L

— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) February 25, 2026

Instalación de puestos de atención para agilizar trámites

Las largas filas de familiares de presos políticos disminuyeron la tarde de este 25 de febrero, debido a que la Defensa Pública dispuso un stand en las afueras del Palacio de Justicia para agilizar la recepción de documentos. Fuentes de esta oficina confirmaron a Efecto Cocuyo que la medida busca evitar el colapso de las áreas internas del recinto judicial ante la llegada masiva de ciudadanos procedentes de distintos estados del país.

Los funcionarios presentes en el estand recopilan los datos de las personas y revisan los expedientes para verificar si los casos pueden aplicar a los beneficios de la ley de amnistía. 

Este proceso administrativo es el paso previo para que los familiares reciban la notificación sobre si el detenido resulta beneficiario de la medida. La ley entró en vigencia la semana pasada tras su aprobación en la Asamblea Nacional.

A las 12:33 p. m., el personal de la Defensa Pública mantenía la toma de datos de quienes presentaban sus carpetas con documentación judicial. Los abogados de guardia explican que, tras esta fase de captación, las oficinas centrales procesarán la información para dar respuesta a cada solicitud. 

Solicitudes de sobreseimiento y medidas humanitarias

El exdiputado de la Asamblea Nacional y ex-preso político, Williams Dávila, también acudió a los tribunales para verificar el estatus de su causa. Las autoridades detuvieron a Dávila el 8 de agosto de 2024 y le otorgaron la excarcelación en julio de 2025. El dirigente político solicitó el sobreseimiento de su expediente, con el argumento de que la ley debe aplicarse con celeridad y de oficio, por ser de orden público.

Dávila pidió a las autoridades judiciales otorgar medidas humanitarias a los detenidos que padecen enfermedades cardiovasculares, renales o infecciones crónicas. 

“No debe haber más presos y simplemente lo que se tiene que alinear es el proceso de la amnistía”, declaró el exparlamentario. El dirigente recordó que el juez debe decidir sobre el sobreseimiento en un lapso de 15 días, según establece el procedimiento legal.

El dirigente de Acción Democrática enfatizó que el sistema de justicia debe eliminar obstáculos inútiles y formalidades que retrasen la libertad de los ciudadanos y abogó por la anulación de leyes como la del Odio y la Simón Bolívar para facilitar la reconciliación nacional. 

“No habrá paz ni reconciliación nacional mientras sigan las cárceles con presos políticos”, sostuvo Dávila durante su permanencia en los alrededores de la sede judicial.

Balance y monitoreo de la organización Foro Penal

Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, informó que el Circuito Judicial Penal habilitó dos taquillas en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (Urdd) en el área de Mezzanina del Palacio de Justicia.

 Romero señaló que, a diferencia del día anterior, hoy los tribunales están recibiendo todas las solicitudes de amnistía presentadas por familiares y abogados. El jurista calificó como positivo el hecho de que se esté destrabando el flujo de documentos.

Romero instó a los familiares a no autoexcluirse del proceso de amnistía, incluso en casos que no la propia ley establece como no beneficiarios. El director de la ONG explicó que personas procesadas en causas como la “Operación Gedeón” incluso han obtenido su libertad mediante la aplicación de esta ley. 

“Aquel que de alguna manera considere que puede ser beneficiado, que la solicite”, precisó el abogado durante su monitoreo en el Palacio de Justicia.

El directivo recordó que el artículo 2 de la ley establece la convivencia nacional como finalidad, por lo que debe incluir a militares, civiles, policías y sindicalistas..

Al cierre de este reporte, la ONG Foro Penal contabiliza que 91 presos políticos han sido liberados desde la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía el 20 de febrero y que desde el 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció las excarcelaciones masivas, han salido de prisión 545 presos políticos.